El caso de una niña de 10 años violada que tuvo que cambiar de Estado para interrumpir su embarazo origina una batalla política y mediática y destapa una realidad que afecta a miles de niñas y adolescentes
El caso de una niña de 10 años violada en Ohio que tuvo que viajar a la vecina Indiana para poder interrumpir su embarazo se ha colocado en el centro de un bronco debate que habla con elocuencia de las batallas que se libran a diario en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo tumbara la sentencia Roe contra Wade, que convirtió el aborto en un derecho constitucional en 1973. Desde el 24 de junio, la decisión de si ese derecho está protegido o no depende de cada uno de los 50 Estados, y una docena ya ha corrido para prohibirlo completamente, sin excepciones para casos como la violación o el incesto. Esa nueva realidad dibuja en la América posRoe un sombrío futuro para las niñas y adolescentes, dos de los colectivos más vulnerables: según el Instituto Guttmacher, entidad de referencia en el tema en Estados Unidos, se registraron 4.460 embarazos entre menores de 15 años en 2017 (último año en el que cuentan con estadísticas). De entre ellos, 44% terminó en aborto.
La historia que ha atraído todos los focos la destapó un periódico local, el Indianapolis Star, y comienza el 27 de junio, tres días después del fallo del Supremo, con una llamada a la consulta de la ginecóloga de la capital de Indiana Caitlin Bernard. Una colega de Ohio quería saber si ella podría tratar a una niña embarazada que había sobrepasado las seis semanas que establece la ley en ese Estado como límite para practicar un aborto. En Indiana, las reglas aún no han cambiado (sigue siendo legal hasta la vigésima segunda semana), pero se espera que lo hagan tan pronto como el 25 de julio, cuando está convocada una sesión extraordinaria en el Parlamento estatal, cuyas dos cámaras controla el Partido Republicano (una mayoría de legisladores promovieron esa convocatoria inmediatamente después de conocerse, hace tres semanas, que seis de los nueve jueces del Supremo habían tumbado un precedente de medio siglo).
Bernard, cuya profesionalidad ha sido puesta injustamente en entredicho, le practicó la intervención y dos días después, el 2 de julio, la puso, como manda el protocolo, en conocimiento del Departamento de Salud de Indiana. Según indican los documentos judiciales y policiales, la violación se produjo a principios de mayo y la pequeña fue consciente de su embarazo el 22 de junio.
Lo que siguió fue una desagradable bronca política y mediática que indica hasta qué punto el aborto es uno de los asuntos que más polariza a un país enfrentado sin remedio. El presidente Joe Biden citó el caso en el discurso con el que anunció un decreto con tímidas medidas para hacer frente a las prohibiciones. “¡10 años, 10 años!”, exclamó. “Violada, embarazada de seis semanas, y ya traumatizada, tuvo que viajar a otro Estado”. Y los medios conservadores se lanzaron a cuestionar la historia, ciertamente difícil de verificar, y la misma existencia de la niña.
Jesse Watters, presentador de Fox News, sugirió en su programa que podría ser un “montaje” destinado a cargar de razones a los defensores de la libertad reproductiva de las mujeres, mientras que The Wall Street Journal publicó un editorial el martes pasado con el siguiente titular: “Una historia de aborto demasiado buena para confirmar”. La definían como “fantasiosa” e “improbable”.
Periódicos y canales de noticias trataron de contrastar una información con una sola fuente, la doctora, mientras funcionarios y políticos del Partido Republicano pensaron que para qué esperar. El congresista de Ohio Jim Jordan, devoto seguidor de Donald Trump, tuiteó: “Otra mentira. ¿A alguien le sorprende?”. “Cada día que pasa, toma cuerpo la idea de que es una invención”, declaró a USA Today el fiscal general del Estado del Medio Oeste Dave Yost. “No estoy diciendo que no pudo haber sucedido. Lo que estoy diciendo es que no hay ni una maldita chispa de evidencia”.
El asunto se resolvió finalmente el miércoles, con la publicación en el medio local Columbus Dispatch, de la ciudad más poblada de Ohio, de la identidad del criminal, Gerson Fuentes, guatemalteco de 27 años y vecino de Columbus. Confesó a la policía haber violado a la niña en al menos dos ocasiones. Fuentes se enfrenta a una pena de entre 3 y 11 años. Jordan borró su tuit y se ha negado varias veces esta semana en los pasillos del Capitolio a mostrar arrepentimiento. Yost, por su parte, emitió un escueto comunicado: “Mi corazón sufre por esa niña. Nos alegramos cada vez que sacan de las calles a un violador de menores”.
Obligadas a viajar
Las nuevas leyes que regirán en la mitad del país (se calcula que 26 de los 50 Estados están a punto de prohibir o restringir la interrupción del embarazo, y solo es cuestión de tiempo saber cuándo lo harán) dejarán sin protección a 33 millones de mujeres en edad reproductiva, que se verán obligadas a viajar a otros Estados para obtener una intervención quirúrgica o recibir la receta para las píldoras abortivas.
Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del Guttmacher, explicó en una conversación reciente con este diario que eso afectará especialmente a las mujeres con pocos ingresos. Un aborto no es barato, y a ese precio, demasiado alto para muchas pacientes, hay que añadirle el del viaje, la gasolina (que está desbocada) o las noches de hotel, que son varias en los Estados, como Iowa, que exigen que pasen al menos 24 horas entre la consulta y la intervención.
Todo se agrava en el caso de las menores, para las que las trabas son en muchos casos insalvables. En los Estados en los que está permitida la excepción de la violación o el incesto tiene que mediar una denuncia policial, que no parece un trámite precisamente fácil para una niña. Y en todos los casos se requiere el consentimiento de los padres o tutores.
Para alertar sobre la gravedad del asunto, los proveedores de servicios abortivos en Estados Unidos comparten estas semanas casos como el de una niña de 11 años que viajó desde Texas hasta Denver (Colorado, a unos 1.400 kilómetros) para ponerse en manos de una ginecóloga llamada Kristina Tocce, que ha contado a The New York Times que para la muchacha había supuesto la primera vez que cogía un avión.
En los Estados del Sur las distancias para acceder a los servicios de salud reproductiva pueden resultar insalvables. Según datos obtenidos de un mapa interactivo en la web del Instituto Guttmacher, las mujeres de Texas tienen que viajar una media de 870 kilómetros para procurarse un aborto. Las de Luisiana, 1.070 kilómetros.
Cuando se conoció el arresto de Fuentes, la organización antiabortista Ohio Right to Life emitió un comunicado que decía: “Nuestras oraciones están con ella y con su familia mientras intentan recuperarse de una situación tan traumática. (…) El aborto solo aumentó el dolor y la violencia contra ella. La víctima se merecía algo mejor. Situaciones trágicas como esta resaltan aún más la depravación de nuestra sociedad y enfatizan la importancia de continuar nuestra lucha por una verdadera cultura de la vida que respete la dignidad y el valor de cada persona individual”.
James Bopp Jr., abogado vinculado a esa asociación, declaró a Politico que “la niña debió tener el hijo”. Bopp es uno de los personajes más desconocidos y más influyentes en la cruzada contra la salud reproductiva en Estados Unidos. Era un adjunto al fiscal general de Indiana de 24 años cuando el Supremo falló Roe contra Wade, y desde entonces ha trabajado decididamente para su derogación.
Tras décadas de intentarlo, dio con la solución: cambiar las leyes de financiación de los partidos. Eso acabó haciendo, según demuestra la historiadora legal Mary Ziegler en su libro Dollars for Life, recién editado, que el Partido Republicano acabara en manos de alguien como Donald Trump, que colocó a tres jueces originalistas en el Supremo actual, el más conservador del que hay memoria desde los años treinta. El originalismo es una doctrina jurídica que promueve una interpretación férrea de la Constitución, que está en la base de la derogación de Roe: según la mayoría que domina el tribunal (hoy y durante las décadas que están por venir), el aborto no está reconocido en tan intocable texto.
