El PSOE se comprometió a retocar las penas por los delitos de opinión, pero la iniciativa de los morados sigue estancada en el Congreso
Los delitos contra la libertad de expresión seguirán en el Código Penal. La proposición de ley orgánica que presentaron PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y sustituirla por un delito de desórdenes públicos agravados no modificará ninguno de los artículos que en el Código Penal hacen referencia, entre otras cosas, a las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o ultrajes a España. Pese a las exigencias continuadas de los morados de eliminar estos tipos penales, el texto que presentaron los dos partidos de Gobierno no incluye nada al respecto, aunque sí se aprovecha para introducir otras modificaciones en el Código Penal sobre el fraude electrónico, la defensa de la competencia e, incluso, el agravamiento de penas cuando se produce el ocultamiento de un cadáver.
Después de casi tres años de legislatura, socialistas y morados no logran llegar a un acuerdo para derogar esta media decena de artículos del Código Penal. En la proposición de ley orgánica, que necesita de una mayoría absoluta para ser aprobada, no se hace mención alguna a este respecto, pese a que suele ser habitual que cuando se reforma el Código Penal se aproveche la misma ocasión para introducir todos los cambios que se consideren necesarios. Aun así, Unidas Podemos podría registrar enmiendas que sean aceptadas durante el trámite parlamentario, pero el presidente del grupo morado en el Congreso, Jaume Asens, señaló que están trabajando solo en modificaciones relativas a los delitos contra los trabajadores.
El primer intento
El tira y afloja entre PSOE y Unidas Podemos sobre este asunto viene de lejos. Los morados se presentaron a las elecciones de 2019 con el firme compromiso de derogar la llamada ‘ley Mordaza’ y modificar el Código Penal «para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión». No obstante, Pablo Iglesias no logró convencer a Pedro Sánchez de introducir esta promesa en el acuerdo de coalición que ha marcado la acción legislativa del Gobierno bicolor y al que se aferran los morados para presionar a sus socios cada vez que se producen diferencias en el Ejecutivo.
Aun así, Unidas Podemos llevó al Congreso, en febrero de 202,1 una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal «para la protección de la libertad de expresión». La iniciativa llegó en plena polémica por la condena al rapero Pablo Hasél a nueve meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona. La noche del 9 de febrero de ese año, el Ministerio de Justicia anunció que pretendía modificar el Código Penal y, unos minutos después, los morados se les adelantaron. Aquello quedó en un roce más en el seno de la coalición. Los socialistas aceptaron la toma en consideración de la iniciativa de sus socios, pero desde entonces la norma está cogiendo polvo en un cajón: el plazo de enmiendas se ha ido ampliando hasta en 52 ocasiones y del compromiso de los socialistas no se ha vuelto a saber nada más.
En el texto que introdujeron, los morados proponían la derogación de media decena de artículos: el 491 y un apartado del 490 que hacen referencia a las calumnias e injurias contra la Corona; el artículo 525 que recoge los delitos contra los sentimientos religioso; el 543 sobre las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos; el 504 que alude a las calumnias, injurias o amenazas contra el Gobierno, el Ejército y otras instituciones del Estado; y el 578 sobre la exaltación del terrorismo. De esta forma, Unidas Podemos quería dejar sin efecto la condena a Hasél. Además, la proposición de ley introducía dos nuevos artículos para evitar que las autoridades pudieran restringir la libertad de expresión.
El segundo intento
Esta no es la única ley que está ahora mismo atascada en el Congreso y que contó con un visto bueno inicial del PSOE para después verse aparcada ‘sine die’. ERC, Bildu, PNV, Junts y otras formaciones registraron otra proposición de ley en el Senado para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. En este caso, solo derogaban los artículos 491, una parte del 490 y el 543. Los socialistas votaron a favor en el debate en la Cámara Alta que tuvo lugar en mayo de este mismo año, pero una vez la iniciativa llegó al Congreso está sufriendo la misma suerte que la otra: ya se ha ampliado 15 veces el plazo de enmiendas. Y quizá seguirá así hasta el final de la legislatura.
