La ultraderecha y algunos dirigentes del PP solo tienen un objetivo: destrozar la democracia y todos los valores que ella conlleva.
La Inquisición fue un tribunal que se fundó en 1478 por los Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Este tribunal se mantuvo en España hasta el año 1813, cuando las Cortes de Cádiz, en su sesión del 28 de febrero, lo abolieron. Sin embargo, en 1826, Cayetano Ripoll, maestro en una escuela del barrio de Ruzafa, en Valencia, fue ajusticiado mediante la horca y, posteriormente, quemado su cuerpo por una inquisición que no existía, pero que se mantenía de una forma velada para potenciar el miedo y la sumisión a la Iglesia y a las normas católicas. Y nuevamente, aunque no se quiera reconocer, se volvió a instaurar, de alguna forma, durante la dictadura franquista, con juicios sumarísimos injustos, donde no profesar la religión católica o su moral eran causas imputables para ser sancionados, condenados a prisión e incluso fusilados. ¡Cuántos demócratas republicanos todavía se encuentran bajo las cunetas y en fosas, solo por el mero hecho de no ir a misa o no creer en Dios! Esa era la nueva inquisición de la dictadura franquista, producto de un golpe de Estado ilegal.
Por suerte, con la muerte del dictador llegó la democracia y, con ella, la vuelta a la libertad de conciencia y a no ser condenado y ajusticiado por creencias religiosas ni políticas. Pero, por desgracia, nuevamente vuelve a aparecer en España, en pleno siglo XXI, la inquisición a través de unos partidos y unas asociaciones católicas ultraderechistas, más propias del siglo XV o de la dictadura. Unos partidos y asociaciones ultraderechistas, xenófobas y con connotaciones fascistas, herederas de aquella inquisición y de la dictadura genocida que implantó Franco y sus golpistas a partir de 1936 hasta la llegada de la democracia. Un gobierno y una dictadura cruel, retrógrada e inquisidora que surgió tras un golpe de Estado contra un gobierno legalmente elegido por la ciudadanía en unas elecciones libres. Y volver a esos parámetros es lo que pretenden: una nueva inquisición y, así, acabar con la democracia y sus valores. Para ello, empiezan queriendo tener el control de la educación, acabando con la educación libre, con sus propuestas de pin parental y la ilegalización de aquellos partidos que no piensan como ellos. Quieren crear una sociedad manejable y sin criterio. Pretenden meter miedo y amenazar todo aquello que signifique libertad y el poder pensar y decidir libremente. Es decir, pretenden que seamos y tengamos hijos e hijas ignorantes y retrógrados como ellos y ellas. Pretenden ser ellos y ellas los nuevos inquisidores del siglo XXI. Es decir, volver a la inquisición del siglo XV y de la dictadura franquista del siglo XX.
En pleno siglo XXI, vuelve a aparecer en España la inquisición a través de unos partidos y unas asociaciones católicas ultraderechistas, más propias del siglo XV o de la dictadura
Por ello, para no volver a esa Inquisición, es necesario, entre otras cosas, una verdadera aconfesionalidad en las televisiones públicas. Nuestra democracia defiende la libertad de conciencia y la pluralidad democrática en su Constitución, pero se emiten rituales religiosos en algunas televisiones públicas. Esto, de alguna manera, vulnera, queramos o no, estemos o no de acuerdo por nuestras creencias, la aconfesionalidad del Estado recogida por la Carta Magna. Las religiones tienen sus propias cadenas televisivas y emisoras de radio privadas, por lo que las televisiones públicas son para todos y todas y se debe actuar con la máxima neutralidad. No sirve aquello de apagar el televisor si no se quiere ver. ¿Se puede decir, de esa manera tan superficial, que si no me gusta un artículo de la Constitución puedo incumplirlo?
Por eso, porque hay lugares para el culto de las diversas confesiones religiosas, porque hay emisoras de radio y cadenas de televisión privadas que las propias confesiones han creado, considero, con el debido respeto a los creyentes y el respeto que ellos deben tener hacia los que no lo somos, que las televisiones públicas deben dejar de emitir rituales religiosos. Lo contrario puede ser sectarismo y adoctrinamiento, y más aún si se prima a una determinada confesión sobre las otras. No atenta contra la libertad de expresión ni tampoco contra aquellos que no puedan asistir por motivos físicos. La Constitución habla de aconfesionalidad y debemos cumplirla. Eso hace más grande nuestra democracia y sus valores y, sobre todo, impediría que en nuestro país, por parte de algunas asociaciones católicas, partidos de derecha y ultraderecha y algunos de sus dirigentes muy cercanos al Opus Dei, se vuelva a una nueva inquisición religiosa, que tanto mal ha ocasionado a lo largo de la historia de España, a los valores democráticos y a la libertad de conciencia y expresión.
La ultraderecha y algunos dirigentes del PP solo tienen un objetivo: destrozar la democracia y todos los valores que ella conlleva
La ultraderecha y algunos dirigentes del PP solo tienen un objetivo: destrozar la democracia y todos los valores que ella conlleva. Para ello, no paran, ni van a parar, de intentar atacar estos valores con falacias y crispaciones argumentales. Solo pretenden volver al siglo XX y a la dictadura; no quieren democracia ni libertad, aunque se apoyen en estas palabras de una manera hipócrita. Quieren imponer sus ideas de forma dictatorial, parecida al fascismo. El pin parental, como he mencionado antes, es una muestra de ello: no quieren comprender, ni comprenden, que los hijos e hijas no son de nadie y que su educación es un derecho social que deben adquirir. Nuestros niños y niñas deben estar preparados para, de una manera responsable y con libertad, defender la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y afectiva y, sobre todo, saber luchar contra la discriminación social. Esto forma parte de los valores democráticos, y los padres y madres fundamentalistas no deben ni pueden impedirlo. Estamos en el siglo XXI; los hijos e hijas no son de nadie, sino que, como defiende nuestra Constitución, a la que Vox y algunos dirigentes del PP atacan continuamente de manera insensata, son sujetos de derecho. En resumen, nuestra democracia no puede ser atacada de nuevo con una inquisición, más propia del siglo XV y de las dictaduras, que lo único que pretenden es acabar con los valores que la democracia conlleva.
