Desde el curso pasado, muchas comunidades educativas se han movilizado contra los recortes en la educación pública. Es el caso del IES Blas Infante, cuyo claustro, Consejo Escolar y AMPA elaboraron manifiestos, escritos a la Delegación, solicitaron entrevistas a la señora delegada, etc. Pero el comienzo de curso, viviendo ya los efectos de las medidas en nuestras carnes, como la supresión de 12 plazas de profesorado, dos de ellas bilingües y un grupo bilingüe, la reducción de grupos en Bachillerato (a pesar de tener docenas de solicitudes sin atender), la supresión de optativas y el aumento de ratio, la sensibilización y la actitud de lucha han aumentado considerablemente. La Asamblea del centro, en la que participan familias, alumnado y profesorado, se ha incrementado y se ha activado considerablemente, proponiendo distintas actividades, como la participación activa en la convocatoria de huelga con pancarta propia en la manifestación, la “pitada verde” en el recreo de los miércoles a la puerta del centro, o la actividad de “marcha por la escuela pública” aprobada por el Consejo Escolar por unanimidad, a celebrar el 20 de diciembre.
Esta actividad se concibió como una unidad didáctica Interdisciplinar para desarrollar en semanas previas algunas “competencias básicas” incluidas en los currículos (competencia social y ciudadana), incluyendo actividades de aprendizaje en distintas materias como búsqueda de información e investigación (situación de comienzo de curso en el centro en comparación al curso anterior, decretos y reglamentos aplicados, borrador de la propuesta de ley de Educación del ministro Wert-), elaboración de manifiestos por el alumnado, debates sobre el papel del Estado en los servicios básicos, elaboración de frases “slogans” en castellano, francés e inglés, y de dibujos expresando las ideas al respecto…
Y la “marcha” en sí misma tenía varios objetivos educativos y formativos:
1. conocimiento de la historia y el patrimonio de la ciudad (Plaza de Gracia, San Lorenzo, Corredera, Tendillas, Puerta de Almodóvar, jardines…), de las “instituciones político-administrativas” (Ayuntamiento, juzgados, delegaciones de la Junta de Andalucía).
2. práctica de educación vial y actividad deportiva (marchando por la ciudad, respetando las normas de desplazamiento a pie en las vías urbanas, durante 4 horas y realizando un recorrido de kilómetros desde el instituto hasta la Delegación, pasando por el centro de la ciudad y volviendo por otro itinerario).
3. ejemplo de trabajo cooperativo y convivencia: trabajo preparatorio previo, lectura de explicaciones en los distintos puntos por parte del alumnado, participación de familias, alumnado y profesorado.
4. ejercicio responsable de actitudes ciudadanas, con la entrega en la Delegación de Educación por parte de una representación del Consejo Escolar de los manifiestos elaborados y firmados por el alumnado.
Pues bien, esta actividad aprobada por unanimidad por el Consejo Escolar del centro el 19 de noviembre, tomada como ejemplo por otros centros que como el IES Gran Capitán realizaron algo parecido, mereció un informe de la Inspección, previa consulta al servicio jurídico, sobre el “Derecho de Manifestación” y la “objetividad” de la Administración pública. En las farragosas explicaciones y citas de artículos de leyes de dicho informe parece deducirse que la mera “posible intencionalidad reivindicativa”, aunque sea en demanda de valores generales como la calidad de los servicios públicos, prevalecería sobre los hechos reales para hacer ilegal una actividad realizada siguiendo escrupulosamente las normas establecidas para las mismas; además, parece que demandar calidad de un servicio público atacaría la “objetividad, neutralidad e imparcialidad”. Y todo ello, paradójicamente, por tratarse de un “centro público”, que tiene entre sus objetivos principales “formar personas ciudadanas”.
Aplicando le literalidad de este informe, me pregunto cómo pueden los servicios de la Delegación convocar a todos los centros en manifestación y concentración, con pancartas, etc, “contra la violencia de género”, “por la paz”; cómo se pueden realizar en muchos centros “procesiones de Semana Santa” o permitir “belenes”, etc-o si la Delegada de Educación de la Junta puede desde tan alto cargo de la “administración neutral” tener como un objetivo para el 2013 “parar el proyecto de ley del ministro” (que la comunidad educativa de mi centro comparte y parece que no puede manifestar).
Por cierto, el mismo día 20 de diciembre coincidimos en la calle con muchos colegios concertados (definidos según la LEA y la Constitución Andaluza como “centros públicos”, porque lo son todos aquellos “mantenidos con fondos públicos”), con uniformes y visitando belenes.
Suponemos que el servicio de Inspección verá mucho más acorde esta actividad con la función educadora que nuestro paseo por monumentos e instituciones públicas, y mucho más neutral fomentar belenes que demandar calidad del sistema público.
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