La cuestión católica en España

El cristianismo tiene problemas con la democracia, y la democracia, con sus propios ideales; hemos convertido la política en un mercado. Tanto el laicismo como el cristianismo tienen que hacer autocrítica en provecho de una democracia adulta.

No hubo sorpresa en la elección del presidente de la Conferencia Episcopal. Volvió el que nunca se había ido, porque él y los suyos habían marcado la línea política de la Iglesia española. Detrás de Rouco, cardenal de Madrid, y Cañizares, primado de las Españas se habían alineado la mayoría de los obispos en su bronca confrontación con el «laicismo radical» de Rodríguez Zapatero. La diplomacia vaticana quiso parar el tren a última hora, consciente de que la radicalidad del enfrentamiento y la posibilidad de un triunfo del mismo Zapatero, pero ya era demasiado tarde. La Iglesia española tiene ahora a dirigentes que la representan.

El resultado de la votación es buena muestra de que la Iglesia católica española está dividida entre quienes, como Ricardo Blázquez, dicen que «la Iglesia no quiere imponer la fe cristiana, ni la moral católica, sino que la ofrece con franqueza y valentía a todos» y aquellos otros, como Rouco Varela, convencidos de que la Iglesia es la responsable de la moral pública del Estado en nombre de una caduca teoría católica del derecho natural. Estos conservadores de hogaño, como los ultramontanos de antaño, tienen un problema con la democracia, por eso han salido a la calle para protestar contra leyes sobre educación y familia que contradicen la idea que ellos tienen del matrimonio o de los valores. No salían a defender sus ideas, sino a cuestionar la legitimidad de las leyes. Cuando otro cardenal, García-Gasco, sentencia en la concentración del 30 de diciembre del 2007, en Madrid, que estas leyes conducen a la «disolución de la democracia», no es en la democracia constitucional en la que piensa, sino en alguna otra cuyo demos no es el pueblo que vota, sino la grey que ellos pastorean.

Si la mayoría de los obispos han elegido a representantes con este perfil político es porque así se defienden mejor de «la amenaza laicista». La posibilidad de un triunfo socialista el domingo no ha servido de freno, como hubiera deseado la diplomacia vaticana, sino de acicate. Pero, entonces, ¿qué va a pasar si Zapatero gana y decide «poner los puntos sobre las íes y las cosas muy claras»?

Es hora de poner un poco de sensatez en esta locura. No está de más recordar que mientras en España nos disponemos a vivir un episodio más de la vieja querella entre ultamontanismo católico y liberalismo político, son muchas las voces laicas en Europa, como la del filósofo Jürgen Habermas, que plantean una nueva relación entre religión y democracia. Incluso un hombre como él, agnóstico y «con escaso oído para la religión», pide a laicistas y creyentes que tomen nota de que vivimos en una sociedad postsecular, es decir, que tiene amargas experiencias de adónde nos llevan una democracia pobre en valores y un cristianismo relegado a la sacristía y, como en el caso español, invadido por afectos antidemocráticos. Tanto el laicismo como el cristianismo tienen que hacer autocrítica en provecho de una democracia adulta, que él llama deliberativa.

El cristianismo tiene problemas con la democracia, y la democracia los tiene con sus propios ideales. Hemos convertido la política en un mercado de consumo y a los ciudadanos, en meros clientes, por eso nos cuesta tanto ver en los emigrantes a sujetos de derechos y no solo mano de obra. Instintivamente pensamos que si los emigrantes van al ambulatorio, ocupan un pupitre en la escuela, solicitan una beca para el comedor de la escuela o una vivienda de protección oficial, lo que hacen es quitarnos lo que es nuestro.

La democracia está construida, efectivamente, sobre grandes valores, como la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero esos valores no inspiran nuestras acciones: solo nos interesan en tanto en cuanto garantizan nuestro bienestar particular. No son ya motivos morales nuestros, porque, si lo fueran, nos movilizaríamos por el bienestar ajeno. Nuestra democracia está aquejada de un «déficit motivacional». Y es aquí cuando aparece la importancia de la religión para la política. Porque las grandes religiones son, más allá de los Rouco, Cañizares y García-Gasco, reservas de motivos morales. Lo han sido en el pasado. Gracias a esas tradiciones la Revolución Francesa pudo hablar de igualdad y de fraternidad. ¿Por qué no ver en la religión esa reserva de sentido de la que ha bebido históricamente la política? Esa es la reflexión de los intelectuales europeos.

Cuesta, desde luego, pensar así cuando uno ve a tantos monseñores haciendo campaña por el Partido Popular, pero este camino, por el que ha transitado la cultura política de Francia o Alemania, puede ganar para la democracia lo mejor del cristianismo. A la larga, todos saldríamos beneficiados, también el socialismo. Naturalmente que la creación de esta cultura política no es cosa del Gobierno, sino de la sociedad. Del Gobierno cabe esperar que favorezca la creación de ese espacio público, dando a entender que es importante para la formación política de los ciudadanos que la voz de la religión se haga oír.

Desde la transición arrastramos un conflicto entre religión y política. Aquellos acuerdos con el Vaticano cerraron el conflicto en falso. La solución no consiste en denunciarlos, sino en repensar la cuestión católica, teniendo en cuenta a las demás confesiones, es decir, en replantear la relación entre democracia y religión.

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