La diócesis de Segorbe-Castellón ha aceptado «acoger la cruz latina en un ámbito diocesano» para «conservarla adecuadamente».
La cruz franquista del parque Ribalta de Castellón tiene los días contados. La concejal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Castellón, Verònica Ruiz, ha firmado la resolución que ordena la retirada del monumento a los caídos y ha comunicado la decisión a la dirección general de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. «Basándonos en la legalidad y en el informe de la dirección general de Calidad Democrática, que determina que el monumento es un vestigio de exaltación franquista, y como regidora con las competencias delegadas de Memoria Democrática, ordeno la retirada del monumento a los caídos del parque Ribalta», ha informado la edil de Compromís.
El monumento, construido en 1944, pasará a manos del obispo de Segorbe-Castellón, quien ha aceptado «acoger la cruz latina en un ámbito diocesano para así mantener el carácter religioso de la misma y conservarla adecuadamente». La diócesis mostró su oposición a la retirada del monumento franquista, que tildó de «totalmente improcedente», con un argumentario calcado de las alegaciones del PP y de Ciudadanos, dos formaciones que creen que la cruz fue resignificada en 1979. La ampliación del parque Ribalta «no debería significar la desaparición de uno de sus elementos consustanciales históricos que ya forma parte de la memoria visual intrínseca de la ciudad», defiende la diócesis.
El Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podem, ha comunicado la decisión al área de Obras y Proyectos Urbanos, para que ejecute el proyecto de retirada del monumento y ampliación del parque castellonense, y al área de Patrimonio, encargada de iniciar el procedimiento de cesión de la cruz a la diócesis Segorbe-Castellón. La edil se ha reunido con los representantes diocesanos para ofrecerles la cruz, una opción que han aceptado. El consistorio ha anunciado que comunicará la resolución a las personas que han formulado alegaciones al expediente.
El consistorio dispone de la autorización de la dirección general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana para ejecutar el proyecto de retirada del monumento y ampliación del jardín del parque Ribalta, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y de titularidad municipal. El expediente de retirada del monumento ha contado con más de un centenar de alegaciones a favor.
Además, el Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de los vestigios vinculado a la Guerra Civil y la Dictadura de la Comunitat Valenciana, determinó que el monumento «continúa siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura para ser un punto de concentración para la exaltación del franquista en fechas concretas».
La portavoz del PP: «Una cruz que no molesta a nadie»
El PP, tal como adelantó en sus alegaciones, ha vuelto a amenazar con denunciar por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental a la alcaldesa socialista Amparo Marco. La portavoz popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha defendido que la decisión de retirar la cruz «está basada en una definición que ignora, conscientemente y a sabiendas, la verdadera identidad del monumento, que no tiene nada que ver con la cruz de los caídos ni ninguna simbología franquista, sino que ahora es un mero símbolo religioso de homenaje y recuerdo a las víctimas de la violencia sin exaltación ideológica de tipo alguno». «El que avisa no es traidor”, agrega Carrasco.
La portavoz popular ha dicho que el PP se reserva «la realización de cuantas acciones consideremos necesarias para preservar los derechos de los castellonenses». Carrasco ha criticado a los partidos del Pacte de Fadrell por su «sectarismo» y considera que la capital de la Plana «tiene ahora mismo mil y una prioridades antes del derribo de una cruz que no molesta a nadie”.
El portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, ha aludido a una supuesta crisis en el área de Cultura y en la de urbanismo del consistorio. «Había ganas por firmar la orden, sí, mucha, pero algo de venganza, quizá también. Por eso los castellonenses necesitamos explicaciones y en Ciudadanos las hemos pedido», ha agregado Marín-Buck.
