La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el martes un fallo que ha sido considerado histórico por los defensores de minorías sexuales, al ordenar a sus países miembros que reconozcan derechos plenos a las parejas del mismo sexo y permitan el cambio de identidad sexual en los registros civiles. El tribunal internacional, con sede en San José (Costa Rica), consideró “necesario” que la figura del matrimonio no se restrinja a las uniones heterosexuales, a pesar de la fuerte resistencia que han mostrado grupos conservadores que ejercen su influencia en los países de América Latina y del Caribe.
“El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”, señaló la Corte, y para ello considera pertinente utilizar la figura del matrimonio y no otros formatos legales que podrían prolongar la discriminación, se lee en la respuesta vinculante emitida como respuesta a una consulta que fue realizada por Costa Rica en mayo de 2016.
El Gobierno de Luis Guillermo Solís reaccionó de inmediato con satisfacción y el anuncio de un rápido acatamiento del fallo. Cientos de personas acudieron a celebrar la noticia en la fuente de la Hispanidad, ubicada en una rotonda al este de la capital, a la que suelen acudir los aficionados al futbol para festejar los triunfos de la selección costarricense. También hubo críticas de algunos sectores políticos conservadores que consideran el fallo como una violación a la soberanía nacional.
Ajuste legal
La opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene implicaciones más allá de Costa Rica porque resulta de acatamiento obligatorio para los 20 países que en la actualidad reconocen la competencia del tribunal internacional, algunos de los cuales ya reconocen el derecho al matrimonio igualitario.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Buenos Aires, consideró “histórico” este fallo. “Resulta de enorme trascendencia para guiar a los Estados americanos en el desarrollo de normativa y políticas públicas que garanticen los derechos de todas las personas, en igualdad, y permitan superar la realidad de discriminación y violencia que sufren las personas LGBTI”.
Los jueces de la Corte señalaron la necesidad de que los países comiencen pronto el ajuste de normas reglamentarias o legales que permitan aplicar este criterio, aunque reconoció que puede llevar tiempo por dificultades burocráticas o políticas. Señaló de manera expresa que deben evitarse las consideraciones de tipo religioso por ser este tema propio de los derechos humanos y no un asunto de fe o creencias.
La vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, considerada por los activistas como la principal impulsora de políticas igualitarias en el Gobierno, celebró emocionada el fallo por considerar que impulsa a los países de la región a sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas que se unen con otras del mismo sexo o que poseen una identidad sexual ajena ante el Registro Civil de su país.
