Las grandes decisiones constitucionales en Colombia se han tomado bajo la mirada de un pequeño Cristo crucificado. Ha estado en la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se cayó la segunda reelección de Álvaro Uribe, se despenalizó el aborto y la dosis mínima de drogas, y se aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo.
El crucifijo, símbolo de la religión católica, que colgaba en el auditorio de esa Sala, salió de manera desapercibida y sin ceremonia, iniciando el mes de mayo. Y no fue por una de las múltiples tutelas, protestas o derechos de petición que han exigido quitarlo hace años, bajo el argumento de que Colombia es un estado laico.
El Cristo estuvo desde la primera sesión de la Corte en el Palacio de Justicia en 1999, como donación del entonces magistrado Vladimiro Naranjo, de extracción conservadora. 25 años después se removió por un inédito acuerdo de palabra entre los actuales nueve magistrados.
Los caminos que pusieron a Cristo a padecer
La presencia del ícono ha sido objeto de álgidos debates públicos. “El eterno debate por el Cristo de la Sala Plena de la Corte Constitucional”, tituló El Espectador en una nota de 2016. La discusión es vigente.
Los intentos judiciales por bajar el crucifijo de la Corte han tenido argumentos similares.
Por un lado, que su presencia puede entenderse como una demostración de sesgo estatal, específicamente de la jurisdicción constitucional, a favor de la religión católica. O, que, cuando los magistrados deciden representar sus creencias personales en el salón donde toman las decisiones, esas determinaciones pueden adoptarse con sustento en sus creencias, en perjuicio de las personas que no son católicas.
Y eso, han dicho los demandantes, va en contravía de la Constitución Política— cuya principal guardián es la Corte Constitucional— que define que Colombia es un Estado laico, es decir, que no está basada en alguna religión o creencia específica.
La propia Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia — donde también hay un Cristo — han desestimado esas pretensiones por quitar el ícono.
En 2016, por ejemplo, tras una manifestación de diversos sectores religiosos frente al Palacio de Justicia, a la Corte Constitucional le tocó estudiar y votar un derecho de petición presentado por Juan Sebastián Vega, un abogado del despacho del entonces magistrado, Luis Guillermo Guerrero.
Vega decía que se debía “proteger los derechos fundamentales de los funcionarios de la Corte Constitucional que profesamos una religión diferente a la Católica”.
La votación de la Sala Plena terminó 6-3 a favor de mantener el crucifijo. La entonces presidente de la Corte, María Victoria Calle, dijo que no procedía porque, más que un símbolo religioso, era una obra de arte que tenía un valor histórico que no se podía desconocer.
“El Cristo que se encuentra allí no significa que esta institución esté vinculada a una religión en particular, lo que significa es que alguno de los magistrados que la integran o la integraron otrora profesan esa fe”, dijo Calle.
El debate no paró ahí. En 2022, a la Corte Suprema de Justicia le tocó resolver una tutela con las mismas pretensiones. La presidenta de la Constitucional, la magistrada Cristina Pardo, se opuso al señalar que el Cristo tenía un significado cultural e histórico porque estaba en la sala desde la primera sesión del 7 de julio de 1999.
“Además, tiene un significado cultural, debido a que fue labrado en madera por un artesano del sector de la Candelaria de reconocido talento”, dijo Pardo, también católica y de línea conservadora.
Aunque en el estudio la Corte Suprema de Justicia encontró que hay antecedentes en Alemania o en Estados Unidos sobre los alcances de tener elementos religiosos en instituciones públicas, decidió mantener el Cristo.
Señaló que la tutela era improcedente porque al denunciante, Daniel Camilo Solano, quien se presentó como ateo, no se le estaban vulnerando derechos fundamentales invocados: la dignidad humana, al debido proceso y a la igualdad. Y que como los magistrados de la Constitucional están cambiando cada cierto tiempo, podía insistir a través de un derecho de petición que fuera votado internamente, como pasó en 2016.
Solano no se frenó con la tutela y a través de recursos de insistencia consiguió que su caso llegara a manos de la propia Corte Constitucional. Y con una coincidencia.
El 15 de mayo de 2023, la tutela de Solano entró a estudio de una sala de selección, donde se define qué tutelas son escogidas o descartadas para una nueva revisión de la Corte. Ese día el procurador delegado para hacer veeduría al proceso fue Juan Sebastián Vega, el mismo abogado que siete años atrás a través del derecho de petición había llevado esa discusión a votación de la Corte.
Los magistrados de esa sala de selección, Paola Meneses y José Fernando Reyes — hoy presidente de la Corte— aceptaron el estudio de esa tutela bajo el argumento de que era un “asunto novedoso”. El caso pasó al despacho de la magistrada Diana Fajardo.
Desde entonces lo único en lo que ha avanzado esa tutela es que la magistrada Cristina Pardo presentó un impedimento porque dijo que como presidenta en 2022 se había opuesto a la pretensión cuando el caso estaba en la Corte Suprema. En la sesión del 23 de agosto de 2023, la Sala Plena, con el crucifijo colgado en la pared, negó el impedimento de Pardo.
Una remodelación hizo lo que una tutela no pudo
Desde los primeros meses del 2024, el edificio del Palacio de Justicia donde funciona la Corte Constitucional está en remodelaciones. Las refacciones incluyeron el salón donde sesiona la Sala Plena. Dentro de las tareas iniciales había que bajar temporalmente el crucifijo.
En ese momento surgió entre los nueve magistrados una conversación sobre si se ameritaba volver a tener de nuevo la figura en la pared. Eso, teniendo en la cuenta que en algún momento la tutela que está en manos de la magistrada Diana Fajardo debía llegar a la sala para votación. Y que ahí, cada uno de ellos debía sentar una posición, como les tocó a los magistrados de 2016.
En esa conversación, según relataron dos magistrados a La Silla Vacía, quien tomó la iniciativa fue Cristina Pardo, quien se había opuesto a quitarlo en 2022. “No se decidió como asunto judicial”, dijo uno de los magistrados consultados. La charla se dio en el marco de una sala del 2 de mayo pasado.
En la deliberación hubo consenso en que remover la figura se podía hacer como una decisión administrativa interna, lejos de los reflectores de un fallo. Se planteó, entonces, que como alternativas el crucifijo fuera trasladado a la oficina de la Presidencia de la Corte, a un salón auxiliar, o donado a un templo religioso del centro de la ciudad. La magistrada Pardo pidió esto último.
Por ahora, el símbolo reposa en otra oficina de la Corte.
Que la cruz ya no está colgada quedó un registro público reciente que pasó desapercibido. Fue en una visita que hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el pasado 22 de mayo a los magistrados.
El crucifijo, que solía estar encima de la bandera de Colombia, detrás de donde se hace el presidente de la Sala, no aparece.
Imágenes más recientes de la Corte muestran que el símbolo ya no hace parte del decorado de la Sala.
Así, la figura religiosa, que suscitó tutelas, plantones y discusiones académicas, terminó fuera de las discusiones de los guardianes de la Constitución.
