La Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica “Recuperando” ha celebrado este fin de semana en Sevilla su cuarta asamblea, con la participación de varios representantes del colectivo por parte de Valladolid. Tras una jornada de debate, ponencias e incluso movilización, concluyeron la necesidad de un “compromiso de legislatura” para un posible programa del futuro Gobierno, con el objetivo de conocer el volumen total de estas apropiaciones inmobiliarias, que estiman entorno a 100.000 desde 1946, y recuperar su titularidad.
La asamblea tuvo lugar durante la tarde del sábado 16, encargando a su ejecutiva a instar al Ministerio de Justicia a asumir el compromiso adquirido el 2 de agosto de 2018 y proceder a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Además, a la vista de la “importancia casi nula que se ha concedido a este tema en los programas y debates electorales” y el reciente pacto de Gobierno anunciado entre PSOE y Unidas Podemos, proponen un “compromiso de legislatura que podría tener cobijo en un programa de Gobierno”.
Desde la Coordinadora, a la vista de los datos recopilados, concluye que “las inmatriculaciones de bienes por la Iglesia católica, realizadas al amparo de una normativa franquista que ha estado vigente hasta 2015, constituyen un expolio monumental”. Estiman estas apropiaciones en torno a los 100.000 bienes de “valor incalculable” muchos de ellos, sentenciando que “las inmatriculaciones representan sin duda un grave problema de Estado”.
La jornada comenzó el sábado con la charla de Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba que el pasado año visitó el Ateneo Republicano de Valladolid para hablar de la apropiación de la Mezquita de Córdoba, con un glosario de ideas para revertir este “escándalo inmobiliario” generado por la jerarquía católica: “La inmatriculación masiva de bienes de toda índole por la jerarquía católica, sin aportar título de dominio y empleando para ello normas franquistas, inconstitucionales y contrarias a los derechos humanos, ha generado un auténtico caos jurídico y un expolio patrimonial de incalculables consecuencias históricas”, aseguró durante su exposición.
“Sea mediante Orden Ministerial o Decreto del Gobierno, el mandato a los Registradores de la Propiedad para la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al art. 206 LH, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, no sólo es un deber inexcusable dentro de las competencias internas de los poderes del Estado, sino que además se llevaría a cabo en ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del TEDH”, concluyó Rodríguez Ramos.
El programa se completó con una concentración en el Patio de los Naranjos, “dependencia anexa” a la Catedral de Sevilla, parcela inmatriculada en 2010 y que actualmente figura a nombre del “Excmo. Cabildo de la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla”, según el certificado del registro de la propiedad obtenido por Recuperando. Antes, en 1992, esta entidad decidió unilateralmente una “regulación de los usos”, es decir, el pago de una entrada para visitar el espacio, situación que se extiende hasta hoy día: “El Patio de los Naranjos debe volver a ser de todos los y las sevillanas, como lo fue desde que fue construido en el siglo XII como patio de abluciones de la Mezquita Mayor de Sevilla”, revindicaron en el manifiesto leído recordando que desde el siglo XVII este espacio fue “una plaza más de la ciudad, jardín, lugar de esparcimiento y patio de juegos de la chiquillería del barrio circundante”.
