La Conferencia Episcopal denuncia que el plan del Ejecutivo “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia”.
El ministro de Justicia ha anunciado este martes la aprobación de un plan para tratar los abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica. Una semana después de citarse con Luis Argüello, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el ministro ha confiado en poder trabajar con la Iglesia en el desarrollo del plan. Particularmente, Bolaños se ha mostrado convencido de que la Iglesia Católica sufragará las indemnizaciones a las víctimas de abusos cuando se haya agotado la vía judicial. Pero la CEE ha publicado un comunicado expresando su rechazo frontal al plan del Gobierno: es “un señalamiento público discriminatorio” en tanto que solo se centra en la Iglesia Católica.
“No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales“, indica el comunicado. La tesis que mantiene la Conferencia Episcopal es que el plan del Ejecutivo “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia realizado sin ningún tipo de garantía jurídica”. Centrarse en la Iglesia Católica es, a juicio de la Conferencia Episcopal, abordar solo “una parte” del problema.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado esperanzado cuando le han preguntado por la colaboración con la Iglesia en la implementación de este plan. La “impresión” que ha trasladado el titular de Justicia es que la Conferencia Episcopal “tiene voluntad”. “No se entendería que la Iglesia Católica no actúe como en otros países”, procediendo a sufragar el coste de las “reparaciones materiales”, ha lanzado el ministro.
Sin embargo, el comunicado remitido por la Conferencia Episcopal tras las palabras del ministro muestran un punto de vista muy distinto. “La Conferencia Episcopal ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia Católica”, se puede leer en el comunicado. El presidente de esta organización, Luis Argüello, “también le manifestó [a Bolaños] su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto“.
Es decir, que mientras se centre en los abusos en la Iglesia Católica, el plan elaborado conjuntamente por siete ministerios no obtendrá la colaboración de la institución religiosa. “Esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales”, resume el comunicado. Y asegura que “la Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia”.
