Ante la «grave situación» que estamos viviendo (repitió por dos veces el presidente del episcopado, Ricardo Blázquez), y la proximidad del 1-O, la comisión permanente del episcopado pide «diálogo como forma de encuentro» y, más aún, marca una serie de pautas o de condiciones, para «evitar la fractura social, política y eclesial». Entre otras, insta a los políticos a que «no tomen decisiones irreversibles» o «al margen de la ley», invita a «recuperar la confianza en las instituciones» y hace una llamada «a la oración y a la serenidad».
En la nota, los obispos comienzan haciendo una especie de declaración de intenciones [lea la declaración en PDF]. Primero, dejan claro la sintonía con los prelados catalanes, «auténticos representantes de sus diócesis». Después, invitan a rezar por los responsables políticos de las diferentes administraciones públicas, para que sean guiados «por la sensatez, el deseo de ser justos y fraternos». Sólo desde estas actitudes, los políticos podrán, según los obispos, «avanzar en el camino del diálogo, del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de no confrontación».
Para salir de la espiral del conflicto, los obispos españoles, en línea con el Papa Francisco, que aboga siempre por la cultura del encuentro, apuestan, precisamente, por el diálogo. Pero un diálogo con condiciones claras para ambas partes. En primer lugar, un diálogo que «sea generoso y honesto» en el «respeto a los cauces de la Constitución». En segundo lugar, el diálogo tiene que salvaguardar tanto «los bienes comunes de siglos» como «los derechos de los diferentes pueblos que conforman el Estado».
Y de estas dos premisas del diálogo extraen las consecuencias. Piden a las autoridades, partidos, organizaciones y a los propios ciudadanos que «eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales».
Además, aseguran que es necesario «recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones», así como el respeto a la Constitución, al tiempo que reiteran su llamada «a la esperanza y a la plegaria a Dios, a la serenidad y al entendimiento». Y concluyen ofreciendo su «colaboración sincera al diálogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos».
Concentrado e, incluso, un poco más serio de lo que en él suele ser habitual, el cardenal Blázquez se limitó a leer la nota episcopal, lo que denota suma prudencia y delicadeza en el seno de la Conferencia Episcopal (CEE). Tanta que, en la comparecencia ante los medios del presidente del organismo y arzobispo de Valladolid, no se admitieron preguntas.
Más aún, para no tener que lidiar con las preguntas de los profesionales, la Conferencia Episcopal suprimió la rueda de prensa que ya estaba anunciada para mañana. Una rueda de prensa habitual después de la reunión de la Permanente y que suele presidir, solo o acompañado de algún otro prelado, el secretario y portavoz del episcopado, José María Gil.
Eso sí, antes de leer la nota del organismo que dirige, el cardenal Blázquez aseguró que estaba aprobada por unanimidad, lo cual quiere decir que contó también con el plácet de los tres obispos catalanes que figuran en dicha comisión.
La comisión permanente, máximo órgano episcopal entre asambleas, es una especie de consejo de ministros del episcopado. Integrada por el presidente, monseñor Blázquez, el vicepresidente, cardenal Cañizares, el secretario general, José María Gil y 21 miembros. Entre estos 21 miembros, figuran tres prelados catalanes: el arzobispo de Barcelona, el cardenal Omella, como miembro del Comité Ejecutivo, el arzobispo de la Seo de Urgell, Joan Enric Vives, como presidente de la comisión de Seminarios y Universidades, y el obispo de Tortosa, Enrique Benavent, como presidente de la comisión episcopal de Doctrina de la Fe.
Una nota, pues, de mínimos, pero consensuada con los prelados catalanes. De todas formas, las consignas entre los obispos de cara a la cuestión catalana siguen siendo dos. Primera, mantener un perfil bajo y dejar que sean los propios obispos catalanes, reunidos en la Conferencia Tarraconense, los que decidan la política eclesiástica a seguir.
La segunda consigna es no escenificar en público las diferencias entre los obispos españoles y los catalanes, que existen. Muchos prelados españoles, capitaneados por el cardenal Cañizares, se siguen remitiendo al documento Orientaciones morales ante la situación actual de España, de 2006, que considera la unidad de España un bien moral. Más aún, creen que, ese bien corre, en estos momentos, más peligro que nunca.
Por su parte, la jerarquía catalana, a pesar de que ha bajado el diapasón de su apoyo a las tesis nacionalistas e independentistas, niega la mayor (el carácter sacral de la unidad) y sigue teniendo como documento de cabecera el Arrels cristianes de Catalunya de 1985, en el que defienden la identidad nacional del pueblo catalán y su derecho a decidir.
De hecho, la declaración de la CEE llega después de que más de 300 sacerdotes y diáconos catalanes firmaran un manifiesto de apoyo a la independencia y, posteriormente, más de 400 religiosos remitieran al papa Francisco una carta en la que le solicitan que medie ante el Gobierno de España para que permita el referéndum independentista del 1 de octubre.
