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La Conferencia Episcopal entra en crisis y colisiona con el Papa por la investigación de la pederastia en España

El sector conservador frena el proceso, en contra de las leyes canónicas y ante la sorpresa del Vaticano, frente a una minoría que desea transparencia.

La negativa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a abrir una investigación oficial sobre la pederastia clerical pone de manifiesto las discrepancias de una parte de los obispos con Francisco. No harán caso al Papa, pero tampoco a la poderosa Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como se llama ahora el Santo Oficio de la Inquisición. Es la responsable de actuar ante el informe que le entregó EL PAÍS el 2 de diciembre con datos que acusan a 251 sacerdotes, religiosos y algunos seglares, y la CEE ya le ha adelantado su posición. Sostiene que no ha recibido mandato alguno del Papa. Tampoco da “crédito suficiente” a la documentación aportada por el periódico. Algunos prelados hablan, incluso, de que todo es “una campaña de desprestigio orquestada por un anticlericalismo desatado”. Por el contrario, en un escenario de confusión creciente, la mayoría de las órdenes religiosas, a las que afecta el 77% de los casos del estudio y que no dependen de la CEE, están actuando al revés: se han puesto a investigar de inmediato y están muy interesadas en el proceso.

“Los obispos están bajo shock, no están actuando porque no saben cómo actuar, y se ha creado una situación vergonzosa de desobediencia al Papa”, opina con dureza un alto cargo de una diócesis española. Quienes dentro de la Iglesia están por la transparencia y esperan que se afronte el problema de la pederastia de una vez por todas asisten con estupor a lo sucedido en estos días. “Yo creo que esta investigación debería marcar un antes y un después, es lo que hemos pensado muchos, ojalá sea así, se lo pido a Dios”, reflexiona en otra diócesis un sacerdote que ha impulsado la investigación de graves casos de pederastia. “Me deja perplejo que no se quiera investigar a sacerdotes ya fallecidos, porque las víctimas no han fallecido y esperan una respuesta. Yo conozco varios casos. Está primando el cerrar filas, pero la Iglesia tiene que afrontar el problema con toda valentía y profundidad, hay que seguir al Papa”.

Un experto canonista explica que la normativa es muy clara y “no admite discusión”: si un miembro de la Iglesia recibe información de estos delitos debe enviarlo a la orden o diócesis competente para que comience a investigarlo, es casi automático. “Eso es puro derecho canónico, y no solo eso, es estar en comunión con el magisterio de Benedicto XVI y de Francisco”. En el Vaticano causó sorpresa la reacción de la CEE, que cuestionó con desdén el rigor del trabajo de EL PAÍS, se desmarcó de la investigación y aseguró que la lleva la Santa Sede.

La CEE, que siempre se ha negado a emprender una investigación de los abusos en el pasado, está incumpliendo sus propias reglas canónicas, que son claras al respecto. El Vaticano publicó en julio de 2020 un vademécum que resume cómo actuar ante los casos de abusos y señala que la notitia de delicto es “toda información sobre un posible delito que llegue de cualquier modo al Ordinario o al Jerarca. No es necesario que se trate de una denuncia formal”, como se apunta en el artículo 9. Puede llegar de cualquier modo, “ser difundida por los medios de comunicación social, comprendidas las redes sociales” (artículo 10), y basta incluso con un rumor.

La circular con las líneas guía para tratar estos casos que la Doctrina de la Fe emitió en mayo de 2011 indica en su segundo punto: “La responsabilidad para tratar los casos de abuso sexual de menores compete en primer lugar a los obispos o a los superiores mayores. Si la acusación es verosímil, el obispo, el superior mayor o un delegado suyo deben iniciar una investigación previa”. También el artículo 16 del motu proprio del Papa llamado Sacramentorum Sanctitatis Tutela, de 2001 y 2010, reitera: “Cada vez que el ordinario o el jerarca reciba una noticia al menos verosímil de un delito más grave hecha la investigación previa, preséntela a la Congregación de la Doctrina de la Fe, la cual, si no avoca a sí misma la causa por circunstancias particulares, ordenará al ordinario o al jerarca proceder ulteriormente”.

EL PAÍS hizo llegar una copia de su informe el 10 de diciembre al presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, que actuó conforme a las normas: lo entregó de inmediato al tribunal eclesiástico de su diócesis. Luego mantuvo una conversación con el Papa. El Vaticano adoptó un papel de supervisión del proceso a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como es costumbre, y esperará resultados. Según las reglas canónicas, el plazo para hacer la investigación es de 90 días. Sin embargo, a partir de ahí el sistema ha entrado en cortocircuito, porque la CEE actúa como si nunca hubiera recibido el informe. El ala más conservadora de los obispos ha frenado el mecanismo frente a Omella y el sector que apuesta por hacer limpieza, que está en minoría. La CEE es un órgano colegial y su presidente no manda. El arzobispo de Barcelona está en minoría en los órganos de gobierno y le falta el liderazgo para imponerse. Entre los 70 obispos españoles, es mayoritaria la corriente opuesta a la investigación.

En la CEE también causa malestar que la investigación coincida con las visitas ad limina apostolorum (en el umbral de los apóstoles) que los obispos de cada país hacen cada cinco años años al Papa para rendir cuentas y han empezado este mes. Los 24 obispos que estaban la semana pasada despachando con el papa Francisco y ante los diferentes dicasterios vaticanos afirman que no se les habló del informe, que entonces aún estaba en estudio y tramitación. Reconocen que el tema de la pederastia sí se trató en las congregaciones para la Educación Católica y para la Doctrina de la Fe.

Reunidos con Francisco durante más de dos horas, coinciden en que la audiencia fue incluso festiva. Sacaron la impresión, sostienen, de que está muy satisfecho con la Iglesia española. Ninguno de los prelados consultados ha accedido a salir citado en este informe. También niegan a EL PAIS que en la última asamblea plenaria de la CEE, hace un mes, se hablase de abrir una investigación oficial a propuesta de varios obispos. A este periódico le consta por otras fuentes que esa petición sí se ha producido. En esta primera tanda fueron auditados por los ministerios del pontificado, entre los días 13 y 18 de este mes, los prelados de las provincias eclesiásticas de Santiago, Oviedo, Burgos, Pamplona-Tudela y Zaragoza. Los demás viajarán a Roma en cuatro tandas, entre los días 10 y 29 de enero, con el mismo fin.

La CEE se ha desmarcado hasta tal punto de la investigación de la pederastia iniciada a raíz del informe de EL PAÍS que en su comunicado del lunes, tras día y medio de silencio, pidió que fuera el propio diario el que enviara a las 31 diócesis y 31 órdenes afectadas los casos que les competen. El responsable de la diócesis citada admite que no sabe cómo actuar: “Hemos visto en el periódico que tenemos algún caso, y estamos esperando para empezar a investigar, pero no nos los mandan. Al final no sé si tendremos que escribir a Omella para pedírselo expresamente”. Otro obispado, el de Zamora, ha anunciado públicamente que quiere investigar y ha llegado a escribir a este diario para pedirle directamente la información de sus casos. Otra diócesis confirmaba en cambio este viernes que la CEE ya le ha enviado la información de sus casos para poder iniciar su trabajo. Por su parte, la mayoría de las órdenes empezaron a investigar de inmediato por su cuenta.

Pero la CEE se desentiende oficialmente de cualquier coordinación en la investigación. Cada orden y diócesis va por libre, con métodos distintos y diversos grados de voluntad y transparencia. De ese modo hay cerca de 70 interlocutores distintos, pues muchas congregaciones también están divididas a su vez en provincias autónomas. Los cientos de víctimas que han contactado con este diario esperan una respuesta y muchas están dispuestas a prestar declaración ante la Iglesia, pero desconfían de la eficacia y credibilidad del proceso. También porque hasta ahora órdenes y diócesis apenas han rendido cuentas del resultado de sus investigaciones en el pasado. Las asociaciones de víctimas ya han mostrado su indignación por la actitud de la CEE. Entretanto siguen llegando nuevas denuncias al correo electrónico de EL PAÍS: ya son medio centenar desde que se hizo pública la información del informe entregado a la Iglesia el pasado domingo.

“Un único caso de abusos ya debería avergonzarnos”, advierte un miembro de la organización Repara, puesta en marcha en enero de 2020 por el Arzobispado de Madrid para “la prevención de abusos y atención a las víctimas”. Se ha instalado en un edificio de Caritas, con la idea de que ello facilitará un ambiente más acogedor para las víctimas, que el tener que comparecer en la curia arzobispal, “rodeadas de sotanas”. En su primer año de funcionamiento atendió a 85 víctimas, siete de ellas a manos de sacerdotes. Gran parte de esas oficinas se enfrenta, como la jerarquía en general, a un rechazo muy extendido, consecuencia de un pasado sin credibilidad alguna.

Pontífices en cada diócesis

En el cristianismo primitivo, el obispo era elegido por la comunidad con el encargo de supervisar a sacerdotes, monjes y frailes en un territorio determinado. Así se desprende de la propia palabra, en latín episcopus, es decir, vigilante. De hecho, era frecuente que nadie quisiera esa carga. Hoy, los obispos se consideran pontífices en sus diócesis, rodeados de gran parafernalia. Aunque son seleccionados por el Papa (en España, previa consulta al Gobierno) no están obligados a aplicar en sus diócesis directrices del Vaticano que no sean doctrinales.

Tampoco tiene autoridad sobre ellos la Conferencia Episcopal, un organismo de mera coordinación y el encargado de repartir entre las diócesis los fondos asignados por sus fieles en las declaraciones de la renta, 301 millones este año. Se trata de la polémica equis en el IRPF a favor de esa Iglesia, sin que los católicos añadan nada de su bolsillo. Por otro lado, los obispos españoles disponen de un tribunal de la Rota propio, único en el mundo aparte de la Rota Romana, con siete jueces, un fiscal y un defensor del vínculo matrimonial. Otras conferencias episcopales llevan años reclamando al Vaticano ese privilegio, que España conquistó en 1771.

Papistas por tradición desde el pontificado de Pío IX, que proclamó el dogma de la Infalibilidad, nunca hasta ahora habían manifestado tantos obispos una lejanía tan expresa hacia el Pontífice romano. Una veintena lo viene haciendo sin disimulo, en línea con la inquina de una derecha que está reeditando el anticlericalismo nacionalcatólico que se produjo en los últimos años del franquismo contra Pablo VI y el cardenal Tarancón, incluida la apertura de una cárcel para curas en Zamora, única en el mundo.

Otra treintena de prelados, entre ellos los cardenales de Barcelona y Madrid, Juan José Omella (75 años) y Carlos Osoro (76), son abiertamente afines al Papa pero sin poder para imponer sus tesis, pese a ser presidente, el primero, y vicepresidente de la CEE, el segundo. Los dos han cumplido ya la edad de la jubilación canónica. El resto, hasta 85 activos en la actualidad, no suele pronunciarse. El Papa puede mover fichas para variar las tendencias. Hay media docena de diócesis vacantes y debe aceptar ya la jubilación por edad de una docena de obispos y arzobispos, entre otros los de Valencia y Valladolid, cardenales Antonio Cañizares (76 años) y Ricardo Blázquez (78 años).

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