Después del largo ciclo electoral que hemos vivido estos últimos meses, ahora les toca a los políticos cumplir el mandato de las urnas y a la ciudadanía volver a la normalidad. Para empezar, los ciudadanos que tienen la obligación, y aún no lo han hecho, deberán sacar la calculadora, hacer números y rendir cuentas a Hacienda. Hay que presentar la Declaración de renta.
Dicen las estadísticas que uno de cada tres ciudadanos marcará la casilla de la Iglesia católica cuando haga su Declaración. De esa forma, el 0,7% de lo que el contribuyente aporte irá a las arcas de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Unos 250 millones de euros anuales.
De todos modos, esa cantidad no deja de ser una pequeña parte de lo que las administraciones dedican en España a financiar a la Iglesia católica. A esa cifra hay que añadir lo que se suma de las diversas subvenciones que les llega de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, además de las exenciones y bonificaciones tributarias de las que se beneficia. La iglesia en nuestro país es propietaria de más de 2.600 colegios, 70 hospitales y unas 800 residencias para gente mayor, discapacitados, etc. Por si fuera poco, está exenta de pagar el IBI, pero no sólo de los lugares de culto, también de los sitios en los que hace negocio.
Según un reciente estudio de la Fundación Europa Laica el Estado, entre unas cosas y otras, viene aportando a la Iglesia católica unos 11.000 millones de euros anuales. Para esta organización la Iglesia goza de un auténtico paraíso fiscal y sus cuentas son totalmente opacas.
La asignación directa del IRPF no va, como sería de desear, mayoritariamente a Cáritas u otras organizaciones católicas con fines sociales. Ese dinero se dedica a mantener la estructura eclesial. Así, un 80% se envía a las diócesis para su funcionamiento y el 20% restante sirve para pagar parte de la Seguridad Social de sacerdotes y religiosos, mantener a los obispos y financiar las estructuras de la CEE.
Es probable que muchos ciudadanos cuando ponen la X en la casilla de la Iglesia piensen que su dinero irá destinado a fines sociales. Pues bien, deben saber que a Cáritas llegan, procedentes del IRPF, unos escasos siete millones de euros, el grueso del presupuesto de esta obra social (más de 22 millones de euros) llegan de la casilla de otros fines sociales.
Este sistema de financiación lo pactaron el Gobierno y los obispos en 2006. Entonces se acordó incrementar la asignación en un 35% (subió del 0,52% al 0,7%) también se pactó que se presentaría una memoria pública de gastos. Sin embargo, eso hasta la fecha no ha sucedido nunca.
El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Hoy la realidad sociológica de nuestro país es muy diferente a la de 1978, cuando se aprobó la Carta Magna. Por eso, una revisión de ese artículo sería razonable. Y es que resulta evidente que para que haya una libertad efectiva en cuestiones como la ideología, la religión o el culto sería necesario un reparto mucho más equitativo de los medios disponibles.
En esas circunstancias, y ahora que muy pronto se va a constituir el nuevo gobierno que se va a encontrar con un considerable paquete de reformas que afrontar; no estaría de más que incluyera otra que tuviera que ver con poner al día los acuerdos con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal Española.
Desde luego, es totalmente legítimo y deseable que cada cual practique la religión que considere más idónea. Pero también es razonable que se marque la tendencia que ese tipo de prácticas y otras similares han de ir siendo autofinanciables. Para un Estado laico y aconfesional ese debería ser un principio rector.
