La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Abdelkrim M., un hombre que se definía como «soldado del califato» y al que la Fiscalía acusa de ser una «incubadora» de yihadistas a los que formaba con «técnicas de radicalización» en reuniones celebradas en «localizaciones aisladas».
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide que sea condenado a 9 años de cárcel por un delito de adoctrinamiento terrorista o, de forma subsidiaria, a 7 años de prisión por delitos de auto adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.
La Fiscalía sostiene que el acusado, «como consecuencia de un profundo y larvado proceso de radicalización que se inició al menos desde el año 2013», se apartó de «corrientes moderadas de la comunidad musulmana, incluso las propias de la mezquita de su localidad, adhiriéndose a los postulados más extremos que defienden una religiosidad de carácter violento».
Desde entonces, prosigue el escrito, comenzó a manifestar su seguimiento de los manifiestos de un condenado judicialmente por su pertenencia al grupo terrorista vinculado a Al Qaeda, Jabhat al Nusra, «divulgando su ideario y llegando a autodenominarse a sí mismo como un soldado del califato».
El acusado, sostiene la Fiscalía, intensificó «su actividad al servicio» de Estado Islámico al menos desde octubre de 2019, sin tener ninguna otra actividad diaria, por cuanto no mantenía un trabajo fijo, centrando «su objetivo vital en su labor de captador bajo el denominado principio de la incubadora, configurando alrededor de su persona un grupo cerrado de personas afines a su ideario radical y estableciendo una estructura de captación, adoctrinamiento y reclutamiento en la que asumía una función de liderazgo».
«TÉCNICAS DE RECLUTAMIENTO Y RADICALIZACIÓN»
«Con carácter continuado en el tiempo, bajo técnicas estudiadas de reclutamiento y radicalización a estos individuos», tanto el acusado como sus acólitos celebraban según la Fiscalía «reuniones cerradas convocadas por él», en las que «les daba arengas en favor de los hermanos musulmanes del DAESH (Estado Islámico) y demás ideario afín», exponiendo «vídeos y audios con contenido radical, previamente adquirido de fuentes restringidas de acceso a la organización terrorista».
El Ministerio Público sostiene que, «adoptando medidas de seguridad, citaba a sus seguidores en dos localizaciones aisladas, alejadas del núcleo urbano, denominadas por ellos como la cueva y la iglesia, a fin de desarrollarlas en la clandestinidad».
Pero, además, «el acusado también utilizó la parte trasera de su domicilio, durante los periodos más estrictos del confinamiento durante la pandemia, así como una cuarta localización en una vivienda en construcción de su propiedad».
La Fiscalía asevera que «el procesado ejercía gran ascendencia» sobre otras personas, con quienes «compartía sistemáticamente videos y enlaces de contenido radical, en el que el Estado Islámico se configuraba como el grupo terrorista de referencia».
