Formado por doce representantes de la Administración y nueve personas elegidas tras escuchar a los representantes oficiales de las tres religiones,este patronato se creó en diciembre de 2004 para ayudar a las comunidades religiosas minoritarias con las que el Estado tiene suscritos acuerdos de cooperación, cumpliendo el mandato del artículo 16 de la Constitución. Su presidente es el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
La primera reunión de este organismo, ayer por la tarde, sirvió para aprobar el presupuesto de 2005 y las bases de las convocatorias de ayudas para financiar "proyectos de carácter cultural, formativo y de integración social" de las tres confesiones. En ningún caso podrá destinarse ese dinero a financiar lugares de culto o al pago de salarios de religiosos.
En cambio, el Estado destina este año 141.469.680 euros para sueldos de los obispos y los clérigos católicos, y financia directamente o mediante subvenciones muchas de sus actividades, exentas, además, de impuestos estatales, autonómicos o locales.
El Ministerio de Justicia advirtió ayer, en un comunicado oficial, de que las ayudas a las religiones minoritarias "en ningún caso tratan de promover el culto ni de promocionar ninguna confesión, lo que no es función de los poderes públicos en un orden pluralista y aconfesional, sino cooperar con las expresiones relevantes del hecho religioso en España".
Los acuerdos de cooperación firmados en la década pasada por el Estado y las tres confesiones de "notorio arraigo" no se habían desarrollado hasta ahora, pese a la proclamación inicial de estar destinados a "promover un mejor y más igualitario desarrollo de la libertad religiosa garantizada en la Constitución".
