El real decreto perjudica a los afines a Marruecos y desata una gran polémica
El Gobierno ha reorganizado, mediante un real decreto publicado hace diez días en el BOE, la representación de los musulmanes ante el Estado (establecida hace casi veinte años mediante un acuerdo de cooperación) desatando una gran polémica.
Para Federación Española de Entidades Estatales Religiosas Islámicas (FEERI) se trata de "una intromisión inadmisible en cuestiones religiosas" con el objetivo, entre otros, de mermar el peso del islam de inspiración marroquí. Va a recurrir el decreto ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. La FEERI es minoritaria y, según el CNI (servicio secreto español), es "la principal herramienta de control" de Rabat sobre los musulmanes en España.
Para el Ministerio de Justicia y para el grueso de las asociaciones islámicas de España se trata más bien de hacer cumplir a la FEERI el acuerdo de 1992, con rango de ley, y de democratizar el órgano de representación de los musulmanes permitiendo así gozar de sus derechos a cientos de comunidades arbitrariamente excluidas.
En España hay aproximadamente 1,2 millones de musulmanes, de los que 800.000 son marroquíes. Entre ellos el porcentaje de españoles está en auge porque a los conversos se añaden los inmigrantes que adquieren la nacionalidad. Los más devotos se agrupan en 1.080 comunidades religiosas inscritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Pero solo unas 723 forman parte de la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano de representación e interlocución con el Estado.
Las comunidades integradas en la CIE se dividen entre las afiliadas a la FEERI (73), que encabeza el ceutí Mohamed Ali, y las adscritas a su rival, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE, 650), considerada como más afín a los poderes públicos y que dirige Riad Tatary, español de origen sirio. Las decisiones en su seno no se toman por mayoría, sino por unanimidad. La mala relación entre ambas ramas, que ni siquiera se reúnen, ha impedido el ingreso en la Comisión de 357 comunidades creadas en los últimos 20 años.
Entre ellas están asociaciones con auténtico arraigo como, por ejemplo, el Centro Cultural Islámico de Valencia, que dirige una mujer, Amparo Sánchez; la Federación Musulmana de España del converso Yusuf Fernández; o las fundadas por subsaharianos en Zaragoza, Jaca (Huesca) o Soria.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha querido acabar con este bloqueo. "La única razón por la que la CIE puede rechazar la adhesión de una comunidad islámica es de índole religioso", y no a causa sus disfunciones internas, explica José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, vinculada a Justicia. "De ahí que, tras esperar en vano más dos años que la CIE resolviera sus problemas, se haya promulgado el decreto tras consultar al Consejo de Estado", añade el director. El bloqueo sobre todo es achacable, según otras fuentes de Justicia, a la pro marroquí FEERI, que teme quedar aún más en minoría con la ampliación de la CIE.
El decreto estipula que las comunidades inscritas en el registro de Justicia podrán pedir su adhesión a la CIE y esta dispondrá de diez días para aceptarla o formular su oposición motivada. Contra dicha decisión Justicia podrá interponer recurso de alzada.
La aplicación del decreto generará una gran pelea, porque el presidente de la FEERI tiene la intención de rechazar todas las solicitudes como medida de protesta ante la inmisión del Gobierno en sus asuntos. "Es como si se pusiera a organizar la Conferencia Episcopal", argumenta. La FEERI se dispone a recurrir el decreto y pedir su suspensión cautelar ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. "Es un escándalo; es un caso inédito en nuestra historia", asegura el abogado Iván Jiménez Aybar, defensor de adolescentes escolarizadas con hiyab (pañuelo islámico). "Se atenta contra el principio de autonomía interna de las confesiones religiosas", añade. Es "un gran paso para acabar con las desigualdades que impedían a muchas asociaciones islámicas una presencia normalizada", replica desde Valencia la conversa Amparo Sánchez.
