La organización que preside estima que anualmente hay 12.000 millones de euros públicos que financian lo eclesiástico, bien vía ingresos o a través de exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia católica
Juanjo Picó (Valencia, 1950) es presidente de Europa Laica, una organización que promueve la libertad de conciencia en todos los ámbitos y aglutina a 1.500 socios en toda España que contribuyen al sostenimiento de una entidad que acaba de cumplir 23 años de existencia. Picó es ingeniero de Telecomunicaciones y antes de la Presidencia ostentó la secretaría de Comunicación, lo que le ha hecho recorrer el país haciendo una didáctica del laicismo, tarea que sigue realizando semana a semana. Ha dedicado prácticamente toda su vida al activismo social, en torno siempre a los derechos humanos y la justicia. Las creencias, y en concreto el papel de la Iglesia católica, siempre han formado parte de su background político, de su activismo.
Nada más empezar la entrevista, momento antes de impartir una charla en la librería La Vorágine de Santander, Picó deja claro qué no es el laicismo: “Hay que dejar claro que no es un tema religioso, ni de ateísmo, ni de nihilismo, sino precisamente de tener unos valores democráticos muy firmes”. Ello no impide recordar que, cuando se cumplen 45 años de la firma del Concordato España-Santa Sede, el papel de la Iglesia católica en España y sus privilegios siguen siendo el caballo de batalla de la laicidad en España.
¿Hasta qué punto Europa Laica tiene capacidad de influencia con quienes toman las decisiones?
La relación es difícil y claramente desmotivante. Las fuerzas democráticas progresistas que están llamadas a defender el laicismo como principio democrático como puede ser el Estado de Derecho…
Viene en la Constitución…
En la Constitución solo se dice que el Estado no tiene religión oficial. Las relaciones con los partidos políticos, como decía, son defraudadoras, porque el laicismo no está en la agenda política. Lo tienen aparcado desde la Transición. Hubo entonces un acuerdo sub iudice de no tocarlo y ha permanecido. Para el Partido Socialista, que es quien tiene más poder a este respecto, el laicismo incluso lo ha llevado en programa electoral y de gobierno… Pero después ha quedado en agua de borrajas.
El laicismo no está en la agenda política de las fuerzas progresistas. Lo tienen aparcado desde la Transición
¿No se ha avanzado estos años entonces?
Ha habido pequeños avances en la libertad de conciencia. El hecho de aprobar una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley de Eutanasia han sido posibles y hay que reconocerlo. Pero en lo que toca a la separación Iglesia-Estado, de los privilegios eclesiásticos, no hay manera. Por no hablar de algo muy sangrante para nosotros como es la vulneración de los derechos del menor en la escuela. En los acuerdos con la Santa Sede está la obligación de incluir la asignatura de Religión en el currículo de las escuelas, eso sí, como opción para los estudiantes o sus padres.
Entonces, ¿cómo se puede valorar la situación actual?
La relación con el poder institucional, mala. Y desde luego, en el actual Gobierno de coalición, cero, porque ya no aparece ni en el programa de gobierno que firmaron PSOE y Sumar.
¿Que no se incluya en la agenda del gobierno es por algún temor a la repercusión electoral, a la reacción de poderes fácticos?
Se juntan una serie de temas. Lo primero es que no hay voluntad política porque cuando hay voluntad política no pasa nada. De hecho les hemos felicitado que la toma de posesión [de los miembros del nuevo Gobierno] fuera laicista, sin crucifijos ni biblias. Y no se cayeron las columnas del templo. Lo mismo cuando se hizo un funeral de Estado completamente cívico por las víctimas de la pandemia. Después, cuando se baja al nivel municipal, ahí se nos abren las carnes porque ahí no hay una cultura sobre este tema, existen unas tradiciones. Desde abajo, por lo municipal, ni por arriba, en el Congreso, hay una receptividad a este tema.
Eso a nivel político, pero ¿a nivel sociológico?
Irá cayendo, porque existe un dato inequívoco: la secularización que existe en la sociedad española, ese desapego cada día mayor, sobre todo en la juventud, de que lo religioso no forma parte de las normas de vida, va a ir calando. Mientras cala, la Iglesia sigue manteniendo una serie de privilegios: IRPF, exenciones fiscales, inmatriculaciones, un gran expolio patrimonial…
La secularización de la sociedad española, ese desapego cada día mayor, sobre todo en la juventud, va a ir calando, aunque la Iglesia sigue manteniendo una serie de privilegios: IRPF, exenciones fiscales, inmatriculaciones, un gran expolio patrimonial…
¿Puede cuantificarse el alcance del “expolio”’?
La iglesia se ha quedado ilegítimamente con más de 100.000 bienes inmatriculados desde 1946 y hoy en día es propietaria, al menos titular, de más del 80% del patrimonio histórico-cultural de España y eso un país no se lo puede permitir. Y esto ha sido con un Gobierno socialista, que ha llegado a un pacto con una organización que es un poder fáctico. La Iglesia católica es la Corporación católica: empresas, editoriales, fundaciones, chiringuitos, inversiones… Lo público no puede estar mediatizado por las creencias, que son privadas, ni por los privilegios.
¿Considera que la Iglesia católica es un escollo en el desarrollo de este país?
Depende como se mire. La Iglesia ha modulado la moral pública y privada de este país durante siglos y bien que se agenció, cuando la Transición, los acuerdos con la Santa Sede, amarrando los dos temas que quería amarrar: el ideológico, la conciencia de las almas, con la educación; y su propia financiación. A partir de ahí, está claro que la Iglesia es una rémora para la sociedad.
¿Está madura la sociedad para resituar el papel de la Iglesia católica?
Hay elementos que apuntan a que hay un sentimiento social, no recogido políticamente. En asuntos como la financiación de la Iglesia yo creo que hay un sentimiento mayoritario de que se tiene que autofinanciar. En los acuerdos con la Santa Sede se recoge el compromiso de autofinanciarse, pero han pasado 45 años desde 1979 y no se autofinancia. Pero nuestro foco no es la Iglesia, nuestro foco es el poder político, que no ha hecho cumplir esa obligación.
¿Está cuantificado el importe de las exenciones fiscales de la Iglesia?
Hay exenciones del IBI [Impuesto de Bienes Inmuebles] que están rozando los límites de la legislación de la Unión Europea sobre ayudas de Estado. En la educación, lo vemos más difícil, porque está muy implicada la enseñanza concertada y todavía hay padres que consideran la educación pública un demérito.
Volviendo al dinero, ¿se puede cuantificar el total de la financiación estatal de la Iglesia por todos los conceptos? Hace unos momentos cifraba en 100.000 los bienes que han sido inmatriculados desde los años 40.
Hay una falta de transparencia total al respecto por parte de la Iglesia católica. La Administración debe ser valedora y garante del destino de los dineros públicos. Y ahí hay también muy poca transparencia.
¿Europa Laica tiene sus propias cifras?
Hace ya unos años hicimos un estimación y empezamos a cuantificar con mejores fuentes de información. Pensamos que, anualmente, el Estado subvenciona a la Iglesia con 12.000 millones de euros, como mínimo, una cantidad brutal. Los 360 millones de euros del IRPF es la punta del iceberg. Ahí está la enseñanza concertada, los sueldos de los profesores de Religión y de los capellanes castrenses, las subvenciones a la cuestión sanitaria y asistencial, al mantenimiento del patrimonio, a los eventos especiales… La Corporación católica está exenta de todos los impuestos, excepto el IRPF, el IVA, y últimamente el impuesto de obras y construcciones. Europa Laica estaría gozosa de que la dijeran que estas cifras no son ciertas porque sería la manera de obtener transparencia.
En materia de patrimonio religioso, ¿la clave es que la titularidad es privada y no del Estado como ocurre en Francia, por ejemplo? ¿Se podría reclamar la titularidad pública de ese patrimonio?
No me tires al monte, que vamos mal [Ríe]. Es tan difícil que, de poder declarar inconstitucionales las inmatriculaciones, al menos desde 1978 hacia acá, el Gobierno no quiera saber nada y las ha dado por buenas. Hay que darle salida a esto. En Portugal, incluso durante la dictadura de Salazar, se llegó a un acuerdo con el Vaticano para que las catedrales fueran del Estado. ¿Qué pasaría si se quemara la catedral del León como se quemó Nôtre-Dame? Europa Laica dice que el Estado debería estar ahí porque es un bien para todos, pero lo que no tiene ningún sentido es que la titularidad, que es de raíz religiosa y siempre del pueblo, esté en manos privadas. En su gestión, en su uso y en su explotación. De memoria, unos siete millones de ingresos por explotación [ventas de entradas]. Y además es dinero negro. No tributa y ni siquiera se declara. Ha habido un expolio ilegítimo y lo malo es que, desde la progresía, se ha hecho caso omiso de eso.
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¿Qué propuestas han presentado al respecto?
El Gobierno tiene encima de la mesa una modificación de la Ley de Patrimonio Histórico, articulada incluso.
