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Juan José Picó, presidente de Europa Laica

Juan José Picó: “Declarar a una virgen alcaldesa perpetua es un insulto a la inteligencia”

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE EUROPA LAICA

El presidente de Europa Laica, Juan José Picó, reclama abrir vías para avanzar en la laicidad del Estado y cumplir el mandato constitucional.

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos recoge la aprobación de una ley de libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. También incluye el compromiso de recuperar los bienes inmatriculados “indebidamente” por la Iglesia.

Tres años después de la firma de ese documento poco se ha avanzado en la materia. Esta semana, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados daba luz verde a una proposición no de ley impulsada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos “para el impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones públicas”. Pero el texto finalmente aprobado ha sufrido importantes modificaciones tras un nuevo acuerdo alcanzado entre el PSOE y UP.

Si en la propuesta inicial se instaba al Gobierno a la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, la PNL final habla de “seguir impulsando el diálogo con la Iglesia Católica”. Respecto a la presentación de un proyecto de ley de libertad de conciencia, la proposición aprobada emplaza a realizar un estudio previo de la situación de la libertad religiosa y de conciencia en España cara a impulsar dicha normativa. Sobre las inmatriculaciones de la Iglesia se queda en “seguir clarificando la situación jurídica” de los bienes en posesión de la misma.

Juan José Picó | Presidente de Europa Laica

“La laicidad y la libertad de conciencia no están en la agenda política”

“La laicidad y la libertad de conciencia no están en la agenda política, a veces incluso no están ni en los papeles, pero después de tantos años de Constitución toca ya hablar de estos temas y tener una vía para que se vaya avanzando”.

Así lo defiende Juan José Picó, presidente de Europa Laica, la organización que lleva más de 20 años luchando por que se cumpla el mandato constitucional de aconfesionalidad del Estado. Una de esas posibles vías -explica- son los reglamentos laicistas en los ayuntamientos, como el aprobado en 2019 en Rivas Vaciamadrid, el primer municipio en España en hacerlo.

“El tema de la laicidad no es solo del Estado central. Donde la simbología está vulnerada por rutina, a veces por convencimiento, es en los municipios, con fuerzas también progresistas, donde se potencia hasta el nombramiento de alcaldesas perpetuas”, afirma Picó.

Europa Laica ha elaborado una propuesta para una ley de libertad de conciencia que pretende presentar a las fuerzas políticas. Lo hace con convencimiento, pero pocas garantías de éxito. Su objetivo es abrir el debate a la opinión pública para que se sepa, entre otras cuestiones, que la Iglesia Católica se embolsó en el año de la pandemia 12.000 de euros de dinero público, gracias a los privilegios intocables, asignatura pendiente en la democracia española.

“En España se ha hecho un desarrollo limitado de la libertad ideológica”

“La libertad de conciencia es un derecho fundamental, de una importancia capital, porque la libertad de pensamiento, todo lo asociado a la libertad de expresión, de opinión, de manifestación, conforman la articulación social, una sociedad que tiene que ser crítica, que requiere de pensamiento. Estamos en una época donde el pensamiento único está dilapidando muchas iniciativas, está homogeneizando a la sociedad y por lo tanto la libertad de conciencia es un valor fundamental que debe estar protegido y garantizado”.

El presidente de Europa Laica explica que en España se ha hecho un desarrollo “limitado” de la libertad ideológica (artículo 16.1 de la Constitución) muy encorsetado a las creencias religiosas “como si el resto no tuviéramos otras conciencias y otros valores” y por ello pide un desarrollo legislativo que “está amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por convenciones a nivel europeo, además de la propia Constitución”.

En su opinión, es necesaria una ley que “cubra todo tipo de opciones de conciencia además de las religiosas, incluso también las que están en contra de la religión”, y no seguir “manteniendo el estatus de la Transición de no tocar las relaciones entre Estado e Iglesia Católica”.

“La Iglesia Católica se tiene que autofinanciar con sus creyentes y sus recursos”

La derogación de la Ley de Libertad Religiosa es otro de los puntos clave que plantea Europa Laica en su propuesta. Y es así, por el hecho de que dicha normativa otorga privilegios a la Iglesia Católica y también a otras confesiones minoritarias como a musulmanes, judíos y evangélicos. Pero el tótem de privilegios sigue cayendo a favor de la primera, “en materia de financiación, de fiscalidad, de presencia en la educación, de tipo jurídico, etc.”.

“La libertad religiosa es una parte de la libertad de conciencia y por tanto con los mismos derechos. Pero lo que no puede ser es que sean los únicos derechos que existen actualmente regulados”.

Para Juan José Picó la principal vulneración que se hace a la aconfesionalidad del Estado que recoge la Constitución española es el tema de la financiación a costa del erario público. “La Iglesia Católica se tiene que autofinanciar con sus creyentes y sus recursos”. Pero no es así. La última memoria económica presentada por la Conferencia Episcopal refleja que la Iglesia ingresó casi 300 millones de euros en concepto de IRPF, de los que el 75% fue destinado a funcionamiento interno de la institución.

A ello se añaden los privilegios fiscales, con la exención de impuestos y el peso que sigue teniendo la Iglesia en el marco educativo.

“¿Desde cuando una confesión religiosa tiene que ser de impartición obligatoria, aunque sea opcional para los alumnos? ¿Cómo se permite eso? Porque eso no es un tema de libertad de enseñanza como dicen los sectores confesionales. La religión tiene que estar fuera de la escuela, en la parroquia, en la mezquita, en la sinagoga y por supuesto en la familia. Otra cosa es que se enseñe la historia de las religiones”, dice Picó.

Y luego están los bienes inmatriculados.

“El tema de las inmatriculaciones también es una legislación de privilegio que permite a la iglesia católica apropiarse de más del 80% del patrimonio histórico-artístico español a cuenta de una ley franquista que se ha mantenido por todos los gobiernos de turno y a la que no se ha dado solución por más que existe un acuerdo del gobierno de coalición”.

“Hay un truco de trileros en las relaciones de cooperación de la Iglesia”

La Constitución de 1978 señala en su artículo 16.3 que “ninguna religión tendrá carácter estatal”. Pero añade a renglón seguido que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, aunque no aclara cómo.

“En ningún sitio está escrito cómo tienen que ser esas relaciones de cooperación. Y lo que ha pasado es que ha habido un truco de trileros en esas relaciones que estaban ya preestablecidas en los Acuerdos que, aunque se firmaron seis días después de la Constitución se habían pergeñado y pactado antes plenamente. Ese marco de fiscalidad, de la enseñanza, de las cuestiones judiciales, parece ser que esa es la cooperación. Eso está abierto en la Constitución, así que unos gobiernos pueden decir que la cooperación puede llegar hasta aquí y otros hasta allá”.

La propuesta de ley de Europa Laica reconoce plenamente el derecho de todas las personas físicas. El texto recoge los derechos del menor.

“Los derechos del menor están completamente abandonados. Los menores tienen reconocida su libertad de conciencia por la Convención de Naciones Unidas, pero de eso no ha habido ninguna protección, ni garantía real y efectiva. Se considera que los menores son propiedad de los padres, de propiedad exclusiva, y eso es una visión paternalista ancestral que no ha lugar. Los menores tienen sus derechos y la ley pretende regularlo”, asegura.

La ley pretende también regular la objeción de conciencia en temas como el aborto o la eutanasia e incluso en el Ejército, o el derecho a la apostasía, sobre lo que la Iglesia sigue poniendo muchas trabas.

“Declarar a una virgen alcaldesa perpetua es un insulto a la inteligencia”

Pero si hay un ámbito falto absolutamente de regulación es en el tema de la simbología. Pedro Sánchez ha dado algún paso en el avance de laicidad del Estado al convertirse en el primer presidente del Gobierno tras la Transición en prometer su cargo de manera aconfesional, sin crucifijo ni Biblia. El funeral de Estado por las víctimas de la pandemia también fue el primero en realizarse de manera aconfesional.

“En este campo no hay nada regulado y te encuentras con aberraciones -que son insultos a la inteligencia, aparte de vulneración de la laicidad-, cuando te encuentras que en un ayuntamiento se declara a la virgen fulanita alcaldesa perpetua, con honores. O cuando la corporación municipal sale procesionando cuando tendría que representar a todo el mundo y por lo tanto ser neutral y salen a procesionar con una determinada confesión que siempre es la misma. O cuando Europa Laica ha puesto una denuncia por la entrega de la medalla de oro del mérito policial a la Virgen del Rosario de Málaga por los hechos que acaecieron como mérito policial. Son cosas que afectan a la inteligencia incluso a la racionalidad. Eso lleva a crear un ambiente, incluso entre los funcionarios públicos que deberían ser neutrales y no lo son. La libertad religiosa tiene que estar garantizada, pero lo público tiene que ser de todos”.

“No puede haber capellanes castrenses penitenciarios pagados por el erario público”

El presidente de Europa Laica también ve necesario regular la presencia religiosa en cárceles, hospitales, aeropuertos y otros lugares públicos. “Lo que no puede haber son capellanes castrenses penitenciarios pagados por el erario público”, afirma. También en universidades públicas donde todavía hoy existen muchas capillas gracias a convenios firmados con la Iglesia. Solo en Madrid, hay una veintena cuyo mantenimiento, incluidos los capellanes universitarios, está sufragado por las arcas públicas.

Juan José Picó aclara que “la laicidad del Estado no tiene que depender del grado de secularización de la sociedad”, ya que, aunque “todo el mundo fuera católico debería preservarse”. Pero es que, además, en España se está produciendo en los últimos años una tendencia a la baja de los ciudadanos que se declaran católicos, aún más si atendemos a los jóvenes, lo que podría “servir de “empuje para adecuar las leyes a la realidad”, añade.

“La laicidad del Estado es un valor y un principio democrático al mismo nivel que lo es el sufragio universal o la separación de poderes, y tiene que estar incorporado al paquete de la democracia y ser independiente de mayorías y minorías. En España, la injerencia del poder divino y sus instituciones religiosas en el poder civil se siguen manteniendo. Estamos hablando de creencias, pero también de poderes potentísimos en el aspecto político, económico e ideológico. Aún existe ese vínculo del trono y del altar, heredado del nacionalcatolicismo y que está tapado por esta democracia”.

Más información sobre la propuesta de ley de Europa Laica

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