Los socialistas mantienen la puerta abierta a revisar el acuerdo con la Iglesia
El PSOE dejó ayer la puerta abierta en el Congreso a revisar los acuerdos con la Iglesia católica y se comprometió a retirar progresivamente los símbolos religiosos de las tomas de posesión. Sin embargo, ayer votó en contra de sendas iniciativas en ese mismo sentido impulsadas por grupos minoritarios. Izquierda Unida y el BNG decidieron poner a prueba la vocación laicista del Gobierno y presentaron sendas proposiciones no de ley para eliminar esos símbolos en los juramentos de los altos cargos y para revisar los acuerdos con la Iglesia católica.
Los socialistas hicieron profesión de fe laica en todas sus intervenciones, pero votaron con el PP, aunque desde una posición distinta, y ambas iniciativas fueron rechazadas.
Su tesis, explicada primero por José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Socialista, es que "la supresión de símbolos religiosos en actos institucionales debe producirse como consecuencia de la práctica y la evolución social y protocolaria, pero no mediante prohibiciones legales que no tienen ningún sentido".
Luego, en la tribuna, Ramón Jáuregui explicó que "la laicidad debe ir al ritmo de los cambios sociales", y gráficamente aseguró que "en la toma de posesión de los ministros el crucifijo está de más, pero no debe hacerse una ley para prohibirlo".
Explicó que el real decreto que regula el protocolo de esas tomas de posesión no habla expresamente de ningún símbolo religioso y, por tanto, no es preciso cambiar ninguna norma.
Eliminación progresiva
En el caso de los miembros del Gobierno, el protocolo concreto de sus tomas de posesión se establece en la Casa del Rey, además de lo estipulado en el real decreto correspondiente. Jáuregui argumentó la necesidad de esperar la evolución social con el ejemplo de las escuelas públicas y los juzgados donde no ha sido necesaria una ley específica para ir eliminando progresivamente los crucifijos.
Respecto a los acuerdos con la Iglesia católica, la posición que mantuvo el PSOE ayer vino a ser la de no negarse a nada. Ni a cambiar los acuerdos ni a mantenerlos tal cual. "En absoluto estamos cerrados en la cuestión de la revisión de los acuerdos, pero creemos también que al respecto debe tenerse en cuenta la dimensión exacta del tema", aseguró en la tribuna el diputado socialista Jesús Quijano.
Su tesis es que esos acuerdos deben verse como tratados internacionales entre España y el Estado del Vaticano y, por tanto, como competencia exclusiva del Gobierno, responsable de dirigir la política exterior.
"Debemos respetar ese margen flexible para que el Gobierno lo utilice con la prudencia conveniente, con la determinación necesaria y en el momento oportuno", añadió Quijano. El diputado además insinuó que, de producirse esa revisión, podría tener su ámbito en la discusión de la futura reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que el Gobierno ha anunciado para esta legislatura. "Deberá ser el contexto en el que el asunto se pueda plantear de manera correcta. No adelantaremos acontecimientos y respetemos ese margen en sus debidas términos", concluyó.
A la propuesta de eliminar los símbolos religiosos, el PNV presentó una enmienda, finalmente rechazada, que proponía ir mucho más allá y eliminar todas las tomas de posesión de los miembros del Gobierno. Es decir, que no se produzca el tradicional acto de jurar o prometer sobre la Constitución en La Zarzuela. Según el diputado Aitor Esteban, se trata de una ceremonia anacrónica, que carece de sentido porque nadie les demanda luego haber faltado a ese juramento o promesa.
El portavoz del PP, Eugenio Nasarre, respondió a los nacionalistas vascos preguntándoles si también incluían en su enmienda la petición de supresión de la ceremonia de toma de posesión del lehendakari ante el árbol de Gernika.
En defensa de la moción, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que "se acepta por inercia el sometimiento del Gobierno, no sólo a la Constitución, como es obligado, sino a la Iglesia católica y se mantiene así una vinculación entre Monarquía e Iglesia católica que es preconstitucional". Denunció el "mantenimiento de la religión institucionalizada en el Ejército, en AENA, o en los funerales de Estado".
