Izquierda Socialista de Cádiz, reivindica la aplicación de las resoluciones del 39 Congreso, sobre una sociedad laica y recuerda a los/as representantes públicos socialistas de la Provincia de Cádiz su cumplimiento, como un ejercicio de coherencia política.
“A este respecto cobran particular relevancia el establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos”.
Siendo una de las reivindicaciones de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista, desde su creación, la defensa del principio de laicidad como clave para la convivencia democrática en una sociedad plural, y tras lo que entendemos como un ejercicio de compromiso con las resoluciones del 39 Congreso, el hecho que supone prometer el cargo de Presidente del Gobierno, por primera vez desde la restauración de la democracia en España, sin la presencia de símbolos religiosos, ISPSOE de la provincia de Cádiz quiere manifestar:
La oportunidad que tienen los representantes públicos del PSOE en la Provincia de Cádiz, a contribuir con sus actos, al avance hacia una sociedad laica, siguiendo el ejemplo de su Secretario General; haciendo un ejercicio público de coherencia, absteniéndose de participar como representantes políticos en manifestaciones religiosas. Animamos a los/as compañeros y compañeras a ejercer su libertad religiosa a título personal, manteniendo dichas actividades en el ámbito estrictamente privado.
Resolución 39 Congreso
Marco estratégico, Ponencia Político y Social
página 81-82
UNA SOCIEDAD LAICA
España debe consolidar su condición de Estado laico que garantiza los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos
La naturaleza laica del Estado se ha de traducir en una potenciación de la educación laica y en valores, que se oriente a lograr que los centros educativos sean escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia. Ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar.
La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado. Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede.
A este respecto cobran particular relevancia el establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos. En este sentido, se promoverá una Ley de Conciencia y de Libertad religiosa que asegure la no discriminación entre creyentes y no creyentes de determinadas religiones.
Igualmente se deberán revisar retroactivamente los procesos irregulares de apropiación de bienes inmuebles efectuados por la Iglesia Católica (inmatriculaciones).
