El tributo que el Ayuntamiento de Treviana (como otros muchos antes) y la Asociación Memorial La Barranca rindieron este fin de semana al alcalde y ediles de la localidad riojalteña represaliados tras el alzamiento militar del 36, restituyendo a los corporativos en los cargos a los que accedieron tras los comicios locales y de los que fueron apartados por la junta militar de la entonces provincia de Logroño, se convierte en el argumento de peso esgrimido por Izquierda Unida para demandar del Consistorio jarrero que actúe de idéntica manera y recupere del olvido a quien fuera su alcalde, Felipe Aragón Aragón, y a los compañeros de pleno que fueron asesinados a lo largo de ese mismo año.
El líder de la formación política, el cardiólogo Julio Martínez Flórez, hace referencia en su comunicado al acto concebido por el Consistorio vecino para «devolver la memoria y la dignidad a los treinta y cuatro asesinados tras el golpe de Estado del 36». Y aplaude, en nombre del comité local de su partido, la iniciativa impulsada por la alcaldesa del municipio, Antonina Cantabrana Medina, y los concejales Ángel Julio Cantabrana Alonso, Roberto Cantabrana Alonso, José Antonio Ruiz-Olalla Alonso y Luis Manuel Gadea Cantabrana.
Lo hace al considerar que entre todos ellos «han devuelto a la memoria colectiva los nombres de aquellos treinta y cuatro demócratas que defendieron sus ideas hasta el punto de ser asesinados por ellas».
Y aludía, al mismo tiempo, a la intervención dedicada «a las familias a las que obligaron a sufrir con penurias y en silencio la barbarie franquista» , poniendo énfasis en la devolución de los títulos de alcalde y concejales a quienes, «de una forma democrática, los ostentaban en 1936 y que fueron obligados a cederlos antes de su fusilamiento».
Tomando como punta de partida las «emotivas palabras» de la nieta de Juan Larrea, maestro de la localidad que, «como en otros muchos lugares de España, fue exponente de la brutal represión» desatada «contra todos aquellos que trabajaban por una escuela pública, laica y de calidad», no sólo felicita y agradece el paso dado por la Corporación municipal de Treviana.
También insta al Ayuntamiento de Haro a manifestarse «en defensa de la memoria histórica y la aplicación de la legalidad actual», solicitando de su equipo de gobierno que, «al igual que han hecho ya otros muchas poblaciones de nuestra Comunidad, realice los pasos necesarios para devolver a los republicanos represaliados de Haro la dignidad que a nuestro juicio nunca perdieron».
La demanda de la coalición de izquierdas reabre, pues, el debate que ya puso sobre la mesa, y en el mismo pleno, la concejala no adscrita y referente entonces de Podemos, Patricia Mateos, durante la pasada legislatura, al reclamar del tripartito que ejecutase el acuerdo aprobado en esa misma sala y que contemplaba la entrega de las correspondientes medallas de corporativos a los familiares de quienes formaban hace treinta y tres años parte de la Corporación que inhabilitó el Movimiento para nombrar alcalde a Teodoro Tejada el 19 de julio de 1936.
A pesar de haber obtenido el respaldo del órgano ejecutivo, el acto de homenaje nunca llegó a celebrarse y las medallas en cuestión se encuentran, confirmaron fuentes de la propia Administración riojalteña, en el departamento de Tesorería, a la espera de que se lleve a cabo la entrega de las mismas de forma oficial, restituyendo en el cargo a quienes fueron destituidos del mismo y, por encima de todos, a quienes fueron asesinados meses después.
Ése es, precisamente, el caso del hombre que cedió la vara de mando a Tejada cuando se presentó en el Consistorio Manuel Rosales, acompañado de varios efectivos de la Guardia Civil, para hacer cumplir las órdenes emanadas de la nueva autoridad militar. Se trataba de Felipe Aragón, alcalde fusilado junto a su hijo Felipe y su primo Alejandro Tobalina, después de haber asegurado a su sucesor que ésta no estaba manchada de sangre y confiaba en que siguiese así.
