A través de esta acción política se insta al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos a poner en marcha un decálogo de propuestas en materia de educación, entre ellas “que se revise la normativa sobre conciertos educativos de modo que, mientras subsistan, tengan carácter estrictamente subsidiario”.
Izquierda Unida ha elaborado una moción/proposición no de ley en ‘Defensa de la Educación Pública como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad’, que registrará a lo largo de los próximos días en los parlamentos autonómicos, ayuntamientos e instituciones locales donde tiene representación. A través de esta acción política se insta al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos a poner en marcha un decálogo de propuestas en materia de educación entre las que se encuentra “que se revise la normativa sobre conciertos educativos de modo que, mientras subsistan, tengan carácter estrictamente subsidiario”.
El texto ha sido elaborado por la responsabilidad federal de Política Municipal, que coordina Daniel González Rojas. Izquierda Unida reconoce en su exposición de motivos el mandato constitucional que, en su artículo 27, declara el derecho constitucional a la educación, “así como el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica (art. 27.4)” De ahí que esta formación considere que “corresponde a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho universal a la educación no solo mediante la correspondiente planificación de la enseñanza, con participación de la comunidad educativa, sino también la de crear centros docentes públicos que permitan hacer efectivo el mencionado derecho”.
De la misma forma, IU recuerda que, al tiempo que la Constitución reconoce de forma explícita la ‘libertad de enseñanza’ (art. 27.1), también reconoce ‘a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales’ (art. 27.6) Por ello, esta fuerza política señala con claridad que “queda así planteada la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el Derecho comparado, la obligación de financiar con fondos públicos la creación o funcionamiento de centros escolares privados, ni mucho menos el pretendido ‘derecho a elegir centro’ por parte de las familias”.
“Como se ha dicho anteriormente -apostilla IU-, el texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos”.
Recuerda que sobre ello existe jurisprudencia constitucional, como la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda, en la que se indica que ‘… siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales’.
Izquierda Unida entiende, por todo ello, que “la Educación Pública, de titularidad y gestión pública, es y debe ser, por tanto, la garante de la equidad y la cohesión social, en tanto que ha de asegurar el ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia” y que “la ‘libertad de elección de centro’ reclamada por determinados sectores sociales es de facto ‘preferencia de selección’, como muestran reiteradamente diversas investigaciones recientes”, que nunca debe tener como “resultado la segregación escolar”.
De este modo, la obligación social de los poderes públicos “debe ser garantizar el derecho a la mejor educación posible en todos y cada uno de los centros públicos, favoreciendo la escolarización más cercana al domicilio familiar del alumnado”. Frente a ello, IU advierte de que la existencia de una amplia red de colegios concertados, auspiciada e impulsada por sucesivos gobiernos del PSOE y del PP a lo largo de las tres últimas décadas, “ha generado una doble red de centros educativos financiados con fondos públicos que, además de contribuir de manera creciente a la segregación escolar, ha dado pie a una confusión interesada: se pretende confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno, como ya se ha dicho, está en nuestra Constitución ni en el derecho comparado”.
Izquierda Unida rechaza los argumentos de quienes plantean la ‘libertad de elección’ como un derecho y buscan “que sea un privilegio, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado. Siendo comprensible que las familias puedan tener preferencias a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas, no se puede equiparar la manifestación de una preferencia con un derecho fundamental, ni las preferencias particulares pueden prevalecer sobre la planificación educativa o una escolarización equitativa. Si la educación es un bien público no puede plantearse como un negocio privado”.
Por todo lo expuesto, Izquierda Unida plantea en su moción el siguiente decálogo de propuestas:
1. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura de centros escolares de titularidad y gestión pública.
2. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se revise la normativa sobre conciertos educativos de modo que, mientras subsistan, éstos tengan carácter estrictamente subsidiario.
3. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que, en los procesos de renovación de conciertos vigentes, se supriman todos aquellos que no se justifiquen por existir plazas públicas vacantes. Se establecerán los mecanismos normativos y protocolos administrativos para que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde simultáneamente se mantengan conciertos con la enseñanza privada.
4. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que adopten las medidas oportunas para lograr una red única de centros públicos educativos, a través de la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en la red de centros públicos, incorporando en primer lugar a los colegios privados-concertados que ocupan suelo público.
5. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma, mientras se suprimen los conciertos, para que en ningún caso se pueda destinar suelo municipal para centros escolares privados de ningún tipo. El suelo público sólo para la enseñanza pública.
6. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se elimine automáticamente el concierto educativo a todos los centros que segreguen por sexo, estableciendo normativas específicas para que ningún tribunal pueda amparar la segregación y la desigualdad.
7. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se asegure como prioridad la existencia de una enseñanza pública con recursos y de calidad en todos los ciclos y que cubra todas las necesidades desde los 0 años.
8. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que haya procesos de escolarización transparentes, democráticos y que cuenten con la participación de los agentes sociales. Se establecerán mecanismos normativos y sistemas de inspección educativa que los apliquen desde las Direcciones Provinciales, a través de comisiones de escolarización centralizadas (por municipios o distritos escolares), que organicen una adecuada y equitativa escolarización, prestando especial atención a la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas y de compensación educativa, tanto en los centros públicos como en los privados concertados, mientras existan.
9. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, pues aumenta las desigualdades en los sistemas educativos al aglutinar en centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, impidiendo el ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación.
10. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que, mientras se suprimen los conciertos, se establezca la obligatoriedad de solicitar en primera opción de matriculación el menos un centro público educativo para las familias que deseen que sus hijos o hijas estudien en un centro de la red sostenida con financiación pública.
