La reforma del ejecutivo ultraderechista va a reforzar con fondos europeos la figura del consultor que se encarga de verificar la voluntad de la mujer para interrumpir el embarazo
El gobierno de Italia obligará a las mujeres que quieran abortar a escuchar antes el latido del feto. Así lo contempla una reforma emprendida por el ejecutivo de Meloni que va a reforzar, con fondos europeos, la figura del consultor que ahora mismo se encarga de verificar la voluntad de la mujer para abortar. El gabinete postfacista también ha aprobado una medida que permite a los grupos antiabortistas entrar en las clínicas de interrupción del embarazo y presionar a las mujeres que quieran ejercer su derecho al aborto.
Forma parte de un paquete de iniciativas que serán financiadas por el fondo de recuperación de la Unión Europea. Las medidas se han votado este martes en la cámara baja y se espera que pasen también en el Senado sin contratiempos. Se suman a otras muchas tomadas en regiones italianas controladas por la derecha, que financian a grupos de presión para que se infiltren en las clínicas que dan a las mujeres el certificado de interrupción del embarazo o que han restringido el acceso a la píldora abortiva.
El aborto se legalizó en Italia en 1978 y, aunque Meloni ha prometido no cambiar la ley, acceder a abortos seguros en Italia es cada vez más difícil debido al elevado número de ginecólogos que se niegan a interrumpir embarazos por motivos morales o religiosos.
El caso español
En España, aunque la reforma del Código Penal entró en vigor en abril de 2022 y castiga a quienes molestan a las mujeres que quieren abortar, las asociaciones religiosas han encontrado la manera de sortear la norma y adaptar su ideología a los nuevos tiempos. Las bases están claras: no acercarse a las mujeres, ni a las trabajadoras, tan solo rezar ininterrumpidamente. Estos grupos repiten que la reforma del Código Penal no les afecta.
Para los expertos jurídicos que esta presión sea considerada delito es muy complicado porque se manifiestan de manera pacífica y alegando el derecho a la libertad religiosa. Con el nuevo marco legal es más fácil perseguir este tipo de delitos y que la policía puede iniciar una investigación sin que haya denuncia previa, pero para demostrar el delito las mujeres tendrían que ir a un Tribunal y probar que han sido víctimas de coacción o de vulneración de su libertad.
