La norma dejará de considerar oficial el árabe, lengua de un 20% de la población
Dos semanas antes de la visita oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, el Gobierno de Benjamín Netanyahu desenterró este domingo un proyecto de ley de carácter constitucional que define Israel como un “Estado-nación judío”, en un giro que amenaza con discriminar a las minorías. El texto legal que será sometido al voto de la Knesset (Parlamento) prevé que el árabe deje de ser considerado como lengua oficial, a pesar de tratarse del idioma de una quinta parte de los ciudadanos, y solo reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo judío.
El primer ministro israelí parece estar compensando de antemano a sus socios de coalición más nacionalistas ante las previsibles concesiones que el presidente Trump exigirá para la reanudación del diálogo con los palestinos, paralizado hace tres años. Netanyahu intenta forzar desde 2011 la consagración de la identidad hegemónica religiosa del país en una ley fundamental, a pesar de que la declaración de independencia ya definió a Israel como Estado judío hace 69 años.
Las diferencias políticas sobre la aprobación de la norma desencadenaron a finales de 2014 la ruptura de la coalición que sostenía a su Ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. Después de haber conformado el Gabinete más derechista en la historia de Israel, resucita ahora el polémico texto legal. Se ha revisado, no obstante, la redacción original que anteponía los valores religiosos a los democráticos al dar prioridad a la ley judaica sobre otras fuentes del derecho.
“El Estado de Israel es la patria nacional del pueblo judío”, reza el proyecto aprobado por el Comité Ministerial de Legislación, el órgano que remite a la Knesset los textos para que sean debatidos por los diputados. Los ciudadanos árabes-israelíes, los palestinos que permanecieron en el Estado hebreo tras la partición del territorio del mandato británico acordada por la ONU en 1947, verán revocada la cooficialidad de su idioma en el proyecto, que declara al hebreo como “lengua oficial” y se limita a declarar sin mayor concreción el derecho de los ciudadanos a acceder a “servicios estatales con un idioma que les sea accesible”.
Obstáculo para la paz
Netanyahu viene exigiendo en los últimos meses que se reconozca a Israel como un Estado judío antes de aceptar la reanudación de las negociaciones. Los palestinos rechazan de plano esta condición, ya que implicaría la renuncia a los derechos de millones de refugiados que se vieron forzados a abandonar sus casas y sus tierras tras la fundación de Israel. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ya advirtió de que esa imposición “representa un obstáculo en el camino hacia la paz”.
Ayman Odeh, líder de la Lista Conjunta de partidos árabes en la Knesset, ha descrito el proyecto de ley del “Estado-nación judío” como “la tiranía de la mayoría sobre una minoría de ciudadanos de segunda clase”. La ministra de Justicia, la nacionalista religiosa Ayelet Shaked, calificó la legislación como un “paso necesario para que Israel sea un Estado judío y democrático”. En un informe remitido al Gobierno y citado por el diario Haaretz, el Instituto para la Democracia en Israel ha alertado de que la norma socava los derechos de las minorías.
El exministro de Exteriores israelí Shlomo Ben Ami, en una tribuna publicada en marzo pasado en EL PAÍS, afirmó que “Netanyahu está haciendo retroceder la calidad democrática de un país que tiene un vínculo vital con Occidente”. “Tras medio siglo ocupando el territorio palestino”, argumentaba el político laborista sefardí, “Israel está sucumbiendo a sus más profundos impulsos etnocentristas”.
