En un referendo de carácter consultivo y no vinculante, los islandeses se pronuncian sobre seis modificaciones que podrían incluirse en su nueva Constitución
Islandia celebra este sábado un referendo de carácter consultivo y no vinculante para aprobar varias reformas de la Constitución que posee este país nórdico desde su independencia de Dinamarca en 1944 y que fueron acordadas por un consejo popular. El referendo incluye seis preguntas sobre si esas propuestas deben ser la base de una futura reforma constitucional y si la nueva Carta Magna debe garantizar la propiedad pública de los recursos naturales, la convocatoria de referendos populares, la existencia de una Iglesia nacional y distintos cambios electorales.
Hasta en dos ocasiones los ciudadanos islandeses, a través de sendos referendos, han rechazdo asumir más consecuencias por la bancarrota de su sistema financiero. La última vez fue en abril de 2011.
Las propuestas son el resultado del trabajo de una comisión formada por 25 ciudadanos de todo el país a finales de 2010, elegidos entre un total de 500 candidatos. Esa comisión fue creada tras el estallido de la crisis financiera que colocó a Islandia al borde del colapso en octubre de 2008 y que obligó al país a pedir ayuda económica internacional. El texto definitivo es el resultado de las aportaciones de otros ciudadanos que participaron en el debate a través de internet. La consulta, sobre la que no se han hecho sondeos previos, se celebra en medio de enfrentamientos entre el Gobierno de izquierda, partidario del "sí", y la oposición, que defiende lo contrario.
En un debate celebrado hace dos días en el Althingi (Parlamento islandés), la primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir, resaltó que el triunfo del "sí" sería un "apoyo fuerte" para una futura reforma constitucional, aunque no excluyó cambios menores en caso de una derrota. La jefa del Gobierno de coalición con el Movimiento de Izquierda Verde acusó además al líder de la oposición, el conservador Bjarni Benediktsson, de defender los intereses de la industria pesquera y de boicotear la introducción de reformas. La oposición ha criticado al Gobierno por no respetar la tradición de contar con un amplio consenso para reformar la Carta Magna y de la falta de claridad de la preguntas del referendo, que pueden ser interpretadas de distinta manera.
El presidente islandés, Ólafur Ragnar Grímsson, también se ha opuesto a realizar modificaciones ante la falta de acuerdo entre los partidos. Una hipotética victoria del "sí" podría quedar sin efecto real si en las elecciones legislativas de abril se confirman lo que apuntan los sondeos desde hace meses: un descalabro del Gobierno y un triunfo contundente del conservador Partido de la Independencia, tradicional dominador de la política islandesa. La convocatoria del referendo fue aprobada en mayo pasado por el Parlamento, cuya intención inicial era haber hecho coincidir la celebración de la consulta con la de las elecciones presidenciales del 30 de junio.
