*Los artículos de opinión expresan la de su autor, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan todo lo expresado en el mismo. Europa Laica expresa sus opiniones a través de sus comunicados.
La islamofobia se instala de forma duradera en Francia a través de una retórica que apunta a hacer del islam el factor en donde se asientan los peligros latentes para la unidad y la supervivencia de la sociedad y del Estado.
De acuerdo con una definición de diccionario, el “separatismo” es aquella tendencia política que propugna la separación de un territorio respecto de un Estado, esto en pos de hacer valer los derechos de un pueblo que debido a su historia o de otras características como la etnia, el idioma o la religión, no estaría en disposición de integrarse al conjunto de poblaciones que forman parte de un sistema político determinado. Esta reivindicación gira siempre en torno a un territorio, por lo general una entidad política menor —un departamento o una región— que pretende conseguir su independencia o, quizás, pertenecer a un Estado vecino.
Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron no ha dudado en utilizar este término en el momento de abordar los nuevos desafíos que la población musulmana, percibida por el francés promedio como en rápido crecimiento, genera en una sociedad de tradición cristiana y que tiene la “laicidad” por bandera. Así, y sin ir más lejos, o el gobierno francés teme por la desintegración de su territorio, o bien está forzando un término concreto, con un peso político específico, con unos propósitos determinados, a la vez que ubica retóricamente a los portadores de dicho “separatismo” fuera de la nación, pues les pone en el sitio de aquél que no desea pertenecer y pretende crear una entidad política nueva a través de la desintegración de un territorio identificable y que puede ser fácilmente ubicado en un mapa.
Esta dislocación del término va acompañada, a su vez, por la palabra “islamista”, adjetivo utilizado en Francia para designar a aquellas personas musulmanas que estarían a favor de un ejercicio de la política acorde a los principios religiosos propios del islam en un contexto social en donde política y religión estarían asépticamente separados. Asimismo, “islamista”, como término, también se utiliza para hacer referencia a las personas que se muestran de acuerdo o reivindican las acciones de guerra cometidas por algunos grupos fundamentalistas islámicos como Al-Qaeda o Estado Islámico (EI), pero también para designar, en general, a grupos y formas de hacer política de acuerdo con los valores islámicos como serían los Hermanos Musulmanes en Egipto y otros lugares, Ennahda en Túnez, o el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en Turquía. Todos son considerados islamistas, todos aparecen en el mismo saco, y si bien a los partidos aquí mencionados se les agrega el adjetivo “moderados” —islamistas moderados —, al fin y al cabo son “islamistas”. Ahí está lo importante.
De acuerdo con lo anterior, se ha ido construyendo un discurso en que, a partir de una interpretación de la laicidad, todo aquel que se atreva a dar prueba de su credo en público puede ser tildado de islamista y, por ende, ser relacionado con los grupos mencionados más arriba. De este modo, estaría recurriendo a prácticas disruptivas del orden que pondrían en cuestión todo el andamiaje de la sociedad y contravendrían la relegación de lo religioso al ámbito privado. Sin embargo, lo antes mencionado ignora la garantía que da el Estado francés a la expresión pública de los cultos, tal como aparece en la ley sobre la separación de las Iglesias y el Estado, que data de 1905.
En este sentido, es necesario destacar la polémica que se desató ante las declaraciones de Gérald Darmanin, ministro del interior, a propósito de la existencia de estanterías de carne halal en los supermercados y de ropa “comunitaria” en referencia a un hiyab para correr comercializado en 2019 por la marca Decathlon. Tales asuntos que, en principio, deberían ser vistos desde el Estado a través de un prisma de neutralidad —teniendo siempre en cuenta la garantía respecto al ejercicio de los cultos mencionada más arriba— son utilizados por el ministro para alimentar la construcción de una retórica en donde el musulmán aparece casi de facto fuera del conjunto de la sociedad en lo que supone una clara tendencia hacia la estigmatización. Todo ello mediante el uso de palabras como “islamista” o “comunitarista”, términos elegidos para resaltar el malestar respecto a las opciones alimentarias o vestimentarias distintas.
“Los enemigos de la república”
Mientras Darmanin dice sin sonrojarse que los “valores de la república” se verían afectados por la variedad alimentaria en los hipermercados, Jean Michel Blanquer, al frente de la cartera de educación, afirma en declaraciones a la cadena televisiva BFMTV que “el islamoizquierdismo es un hecho indudable”, un apoyo intelectual al terrorismo que cunde en las universidades, pero también en el sindicato estudiantil Union nationale des étudiants de France (UNEF), reconocido por sus posiciones de izquierda. De acuerdo con el ministro, si bien este fenómeno no constituye quizás una realidad científica, sí que es una realidad política y, como tal, apunta implícitamente a asumirlo, estudiarlo y, sobre todo aunque él no lo diga abiertamente, a tomar medidas desde las políticas públicas para hacerle frente. Sin embargo, el debate en torno al término explotó en febrero de 2021, cuando tras un reportaje sobre el tema aparecido en el diario Le Figaro, la ministra de la educación superior y universidades, Frédérique Vidal, pidió al Centro nacional de investigación científica (CNRS) que investigara sobre la producción de trabajos académicos con enfoques decoloniales en el país, en razón de un islamoizquierdismo que estaría “gangrenando la sociedad”, retomando las palabras usadas por el propio Le Figaro para titular su reportaje.
Esta petición fue saludada por aquellos medios más a la derecha del espectro político, como fue el caso del mismo Le Figaro, pero también por otros más radicales como Valeurs actuelles, conocido por sus posiciones de extrema derecha, y por la revista Marianne, que llegó a conceder una entrevista en tres entregas a Pierre André Taguieff, acuñador de este término en lengua francesa, para que explicara el por qué de este fenómeno y su peligrosidad. Sin duda, un guiño en favor de la utilización del concepto. Así, si bien muchas de las publicaciones de los medios en Francia han sido de carácter más bien pedagógico, el fantasma del islamoizquierdismo se pasea por las mentes de los ciudadanos y el miedo que genera siembra las raíces de autoritarismos futuros.
Sumado a lo anterior, “los enemigos de la república” —separatistas islámicos y comunitaristas—habrían encontrado aliados no musulmanes que, de acuerdo con los ideales de izquierda provenientes de Estados Unidos, estarían apoyando su causa refugiados en los estudios culturales, siguiendo al columnista de Le Figaro Olivier Vial, también serían de destacar ciertas ramas trotskistas que, hartas de esperar el estallido de la revolución, habrían visto en las poblaciones musulmanas francesas un caldo de cultivo para un nuevo proletariado, capaz de desestabilizar el régimen capitalista y la democracia liberal, y en cuya alianza estaría el origen del término, que lograría una amalgama entre la defensa de posiciones cercanas al comunismo y la defensa de los valores islámicos. Lejos de ser un fenómeno nuevo, el mismo Taguieff indica que los trotskistas y los islamistas se habrían confabulado a partir de su común antisionismo y llevarían unas tres décadas trabajando de la mano, sobre la base de una inversión orwelliana de la realidad, según la cual los palestinos serían víctimas de un Estado racista de semblanza nazi: Israel. Estas actividades, desarrolladas de forma continua en el tiempo, ya estarían surtiendo efecto en la comunidad científica y entre la juventud francesa.
Aunque Frédérique Vidal ha sido fustigada por un sector de la opinión pública y por la academia —recordemos que es la ministra de educación superior y universidades— por apelar a la instauración de una policía del pensamiento tan evidente que enorgullecería a Joseph McCarthy, aquellos que se muestran de acuerdo con sus declaraciones se movilizan en defensa de la libertad de pensamiento. Según ellos, serían los investigadores en estudios decoloniales los que, a través de sus acciones en la sociedad civil, estarían instaurando un régimen de pensamiento único, cuyo indicio más destacado sería la cancel culture, una suerte de censura que, en definitiva, no sería sino islamoizquierdismo aplicado. Todo ello a partir de corrientes intelectuales “made in USA” que estarían perturbando el desarrollo pacífico del pensamiento académico francés en ciencias sociales y, como dijo Blanquer, tendrían cierta complicidad intelectual con el terrorismo.
La ley contra el delito de separatismo
Tras el asesinato cruel de Samuel Paty por un musulmán radicalizado en octubre de 2020, el presidente Macron dio un discurso en Yvelines, en donde presentó el resultado de lo que él calificó como un estudio metódico y sopesado de la situación a la que se enfrenta el país. Tras dichos análisis, se elaboró la noción de un enemigo interno: El islam radical, que sería un proyecto consciente, con un sustento teórico de carácter político y religioso, que se concretiza por el distanciamiento de los valores de la república. Un enemigo interno que atentaría directamente contra la laicidad, entendida como la piedra angular de la unidad.
Así, la ley propone la creación del delito de separatismo, que protege a los funcionarios públicos ante amenazas u hostigamientos durante el ejercicio de sus funciones y se conecta con lo pretendido por la abortada ley de seguridad global, que buscaba entre otras cosas impedir la grabación de los agentes del Estado por parte de particulares, lo que les protege contra la denuncia en caso de violencias policiales, abusos de fuerza y otras conductas indebidas, por ejemplo, durante manifestaciones y otros eventos de contestación social.
De nuevo, nos encontramos ante la dislocación del término separatismo, que aunado a su nueva versión conjugada al enemigo interno, dibuja un escenario que se distingue por la construcción imaginada de un territorio que se pudre por dentro, debido a acciones coordinadas que buscan la abolición de las instituciones y su cambio por otras, que obedezcan a las torcidas creencias religiosas de un islam que estaría en crisis y se vería gangrenado por las derivas radicales más lesivas. Entonces, tal y como fuera el caso para las desafortunadas declaraciones de la ministra Vidal, la retórica sanitaria le asigna un hálito de patología peligrosa que de no atenderse, podría llevar al contagio del conjunto de la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, los funcionarios públicos antes mencionados, jugarían el rol de médicos y enfermeros, acudiendo en socorro de la república convaleciente, pero también de preceptores cuya labor es mostrar el camino hacia una “ciudadanía correcta”, que esté acorde con unos valores que serían compartidos por la mayoría y que tal y como se indica en el nombre oficial de la ley —ley para la consolidación de los principios republicanos—, tendrían que consolidarse. Es la narrativa de la asimilación, acompañada de la estigmatización de los musulmanes, que al practicar una fe en crisis pondrían en entredicho el bienestar social y la paz.
Esta ciudadanía correcta se vería enmarcada en otra disposición de la ley, pues además de proteger a los agentes del Estado, se busca limitar el rango de maniobra de las asociaciones de la sociedad civil, sean estos clubes deportivos, organizaciones culturales y otras que sean susceptibles de acoger “desviados” en su interior. De hecho, esta medida cambia mucho las reglas de juego del medio asociativo, pues son numerosas las asociaciones de este tipo que son abiertamente musulmanas y quedarían bajo la lupa, pero también hay otras como le Secours Catholique o la Fondation Abbé Pierre, que por su carácter católico, también verían cómo su relación con el Estado se transforma y tendrían que aceptar la tutela republicana. En la práctica, la ley rompe con la neutralidad estatal frente a las religiones y lo religioso, preconizada por la ley de 1905 y de esta forma, cuestiona las bases mismas de la laicidad como ha sido entendida históricamente.
Esta ruptura se da a través del “compromiso republicano”, un contrato mediante el cual las entidades antes mencionadas se comprometen a respetar la ley y a no salirse del camino recto, en lo que sería una suerte de garantía que les permitiría acceder a las subvenciones estatales a las que ya desde antes tenían derecho, so pena de tener que reembolsarlas en caso de incurrir en alguna práctica que se considere indebida, el Estado busca controlar las expresiones religiosas y en la práctica, su objetivo es monitorear más de cerca a las poblaciones musulmanas que se involucran en estas asociaciones y que siempre estarán bajo sospecha.
En esta misma tónica de control, se ha incluido también un artículo por el cual se transforma el derecho a la instrucción de forma que el Estado autorice a los infantes y adolescentes que por una situación en específico tengan que tomar clases desde casa y así, evitar el fantasma de la proliferación de escuelas coránicas en donde pueda haber adoctrinamiento. De acuerdo con Blanquer, ministro de educación, no hay de qué preocuparse, la instrucción en familia que vaya bien podría continuar, sin embargo y causando cierto asombro entre los que son extraños a la política francesa, ésta es una de las disposiciones que quizás ha generado más debate al seno del legislativo, pues implementarla rompe con la libertad de instrucción e implica la transformación de la ley Jules Ferry, de 1882, una de las grandes leyes de la III república francesa, además de revivir el viejo debate del papel de la religión y lo religioso en la escuela y en este sentido, de la neutralidad misma del Estado frente a las creencias religiosas. Por otro lado, esta medida implica un desastroso precedente, pues es la primera vez que se legislaría —aunque esta vez de forma implícita, pues en la ley no aparece mencionado— para un culto específico en 80 años, teniendo como último antecedente, el estatuto antijudío promulgado el 18 de octubre de 1940 por la Francia de Vichy, primer paso hacia la deportación de estas poblaciones a los campos de exterminio nazis.
“Usted es un poco blanda”
Más allá de la creación del delito de separatismo y los recortes a las libertades de asociación e instrucción, la ley también prevé medidas menos polémicas, como la prohibición de los matrimonios forzados, reitera el carácter ilegal de la poligamia y la prohibición de los certificados de virginidad en el momento del casamiento, sin embargo, algunos de sus detractores, como el diputado del movimiento de izquierda, France Insoumise (LFI) Alexis Corbière, indican que estas medidas estarían diseñadas especialmente para que sea muy difícil expresarse en desacuerdo con ellas y darle un impulso positivo a la ley durante la votación, son fenómenos frente a los cuales hay amplias convergencias, pero estas prácticas resultan muy marginales y la nueva norma no toma medidas reales para la prevención de futuros atentados terroristas. Otra objeción destacable es el campo de acción ampliado que adquiere el Estado respecto a las religiones y su organización interna.
Pero el texto no hizo unanimidad tampoco entre los partidos de derecha, mientras La République en Marche (LREM), partido de gobierno, votó en bloque por la aprobación de la ley, los republicanos, han criticado que el texto propone una laicidad del recelo y del control, sin atacar problemas importantes como la radicalización en la universidad y en otros escenarios de la sociedad civil, haciéndose eco de una supuesta debilidad en lo concerniente a la desincentivación del islamo izquierdismo y recogiendo de forma implícita cierta sensación de suavidad e insuficiencia propias de la ley. Por su parte, el Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen fue hasta proponer que se prohibiera el “atuendo salafista” en referencia a la ropa distintiva de los musulmanes, sobre todo en las mujeres, y buscó poner en evidencia la suavidad del gobierno al introducir una contrapropuesta que estuviese dirigida explícitamente contra el islamismo.
En este clima de endurecimiento desbocado, las distintas formaciones de la derecha y la extrema derecha se acusan de proponer medidas insuficientes, como sucediera en el debate entre Gérald Darmanin, ministro del interior, y la misma Le Pen, en donde el miembro del ejecutivo exclamó: “Usted es un poco blanda, tendría que tomar vitaminas para su falta de dureza”, en una suerte de juego perverso en el que se banalizan los odios y los racismos.
