El gobierno jordano se ve enfrentado a la duras críticas de los islamistas que lo acusan de perjudicar gravemente a las familias del país al reconocer nuevos derechos a las mujeres, entre ellos el de circular libremente.
Para los islamistas, el lugar de una mujer está en su casa, con su marido y su familia, y cualquier intento por cambiar esta situación constituye una flagrante violación de los valores familiares.
La decisión del gobierno, aprobada por el rey Abdalá II, de levantar sus reservas al párrafo 4 del artículo 15 de la Convención de la ONU sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres, ha provocado por consiguiente gran estruendo.
Dicho párrafo, integrado en un texto firmado por Jordania en 1980 y ratificado en 1992, estipula que «los Estados miembros reconocen al hombre y a la mujer los mismo derechos en lo que concierne la legislación relativa a los derechos de las personas a circular libremente y a elegir su residencia y su domicilio».
Al levantar sus reservas sobre este punto, «el gobierno ha violado la constitución y la religión del país, el islam. Debería ser destituido», declaró a la AFP el líder de los Hermanos Musulmanes, Hammad Said.
«Dar a una mujer el derecho de abandonar el domicilio de su esposo y de ir a vivir donde ella quiera va a destruir su familia», juzgó.
El consejo de «fatwas» de Jordania, una autoridad que emite decretos religiosos, también marcó su desaprobación.
«Todo lo que contradice a la sharia (ley islámica) en la convención de la ONU está prohibido (…) una mujer no debería vivir y trabajar como quiera porque eso eliminaría el sentido de la palabra familia según la sharia», afirmó en un comunicado.
Sin embargo, el gobierno no considera dar marcha atrás.
«No tenemos la intención de anular este decisión (…) Fue tomada tras un examen a conciencia (del texto) y la seguridad de que no contradice a la sharia», afirmó el ministro de Información, Nabil Sharif.
«Nos esforzamos porque las decisiones del gobierno estén en armonía con las enseñanzas del islam y la sociedad», subrayó.
Pero estos comentarios sólo sirvieron para atizar el descontento de los islamistas.
Los Hermanos Musulmanes y su poderoso brazo político, el Frente de Acción Islámica (FAI), enviaron una carta al primer ministro, Nader Dahabi, en la que tildaban de «catastróficas» las declaraciones de Sharif.
«El gobierno ha cedido a las presiones extranjeras que intentan destruir nuestros valores y nuestra identidad con el pretexto de defender los derechos de las mujeres», afirmó el diputado Hamzeh Mansur, que dirige el bloque parlamentario del FAI (seis escaños de 110).
«El gobierno ha violado la constitución que estipula que el islam es la religión del Estado, ha ignorado a la mayoría de la sociedad y ha escuchado a algunos que intentan promover la laicidad», agrega la carta.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos celebraron la decisión del gobierno.
«Este paso debería haberse dado hace mucho tiempo», consideró la secretaria general de la Comisión Nacional de la Mujer, la abogada Asma Jader, recordando que su país debería eliminar otras formas de discriminación hacia las mujeres.
Entre 15 y 20 mujeres son asesinadas al año en Jordania por hombres que quieren «lavar el honor de la familia».
