Isabel II, la revolución progresista

Vamos a ver las consecuencias de la relación del Estado isabelino con la Iglesia.

El enfrentamiento dinástico provocado por el testamento de Fernando VII y la guerra civil que dividió a España en dos, hizo adoptar a la Santa Sede una actitud de espera prudente antes de reconocer a ninguna de las dos partes que se disputaban el trono.

1. LA SOCIEDAD ISABELINA
2. LA REVOLUCIÓN DEL AÑO 1854
3. EL BIENIO PROGRESISTA Y LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ

Las medidas desamortizadoras de Mendizábal, asestaban un duro golpe a la Iglesia, de forma que habría de pasar bastantes años, hasta que no solo la iglesia sino el país pudiera reponerse de sus efectos. Este fenómeno, junto con las matanzas de frailes, la supresión de órdenes religiosas, el destierro de varios prelados… desde el periodo del año 1833 al año 1843, fue el más extenso de los periodos tipificados en la historia española por su signo anticlerical.

Una vez terminada la guerra y asegurada en el trono Isabel II, la Santa Sede comenzó a cambiar su actitud de recelo y desconfianza hacia el sistema liberal encabezado por ella.

Las relaciones se normalizaron en el año 1848, pero los acontecimientos que se produjeron entonces en Italia impidieron que se arreglasen las cuestiones pendientes que tenían ambos Estados.

Se firmó el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede, el veintidós de enero del año 1851, para ser ratificado y publicado por las Cortes el diecisiete de octubre. Las negociaciones habían sido largas y difíciles. Pues habían comenzado en el año 1844.

La Santa Sede exigía la suspensión de la venta de bienes que habían incautado a la iglesia para llevar a cabo la desamortización y pretendía obtener la garantía de una decorosa dotación para el mantenimiento del clero. Se ha venido considerando tradicionalmente a este Concordato como un Concordato económico.

El hecho de que estuviesen sobre el tapete las cuestiones económicas no significa que éstas constituyesen el centro de las negociaciones. El problema que late en el fondo de estas cuestiones económicas era el reconocimiento a la posesión de bienes por parte de la iglesia y la independencia de sus ministros.

Los gobiernos moderados fueron emitiendo una serie de disposiciones para allanar el camino para el arreglo definitivo. Tal sentido tuvo la creación de seminarios en las diócesis en las que no había, o la concesión a los obispos de facultades para vigilar las escuelas públicas y las publicaciones consideradas nocivas.

El texto del Concordato constaba de cuarenta y seis artículos, el primero de ellos reconocía la unidad católica de España, con gran escándalo del progresismo y de la naciente democracia.

Se estipulaba la libertad de predicación y actuación de los prelados y los demás ministros de la iglesia, a los que el Gobierno debía prestar su apoyo.

Se recogía la disposición en que se tendría derecho a impedir la publicación de libros contrarios a la ortodoxia católica. Se estableció una nueva división de las diócesis.

Para el historiador José Luis Comellas, esta situación que la iglesia española alcanzó en el siglo XIX, no procede del Concordato sino de la frialdad de las relaciones, de la rutina y de la falta de conexiones entre los dos poderes.

LA SOCIEDAD ISABELINA

Ha cristalizado una nueva sociedad en la década de los cuarenta, cuyas diferencias con la sociedad existente durante el Antiguo Régimen, especialmente desde el punto de vista organizativo y jurídico, son bien patentes.

Jean Descolá ha puesto de manifiesto cómo en la gran ciudad resulta difícil distinguir en esta época, por su apariencia y por su forma de vestir, al hijo de un campesino enriquecido del artesano endomingado, o del hijo de un poderos aristócrata. Los grupos sociales coexisten de forma más abierta que durante el Antiguo Régimen. Comienza a haber una mayor cercanía entre los distintos sectores de la sociedad, si no en cuanto a la riqueza que cada uno posee, sí en cuanto a las metas y aspiraciones que cada uno se fija.

El antiguo estamento popular va conociendo y asumiendo los derechos que le asisten, que son los mismos que asisten a los poderosos, y aunque en la práctica esta igualdad no siempre se cumple, hay una toma de conciencia de clase que los lanza a reivindicar una serie de mejoras en sus condiciones de vida mediante las armas que van poniéndose en sus manos: la organización sindical y los conflictos laborales.

La movilidad social se incremente con la desaparición de las barreras legales que impedían el trasvase de unos grupos a otros y esto complica cualquier intento de clasificación social.

Según la matrícula catastral de Calatrava del año 1842, España tenía 11.745.000 habitantes, cifra excesivamente baja. Según Madoz, en el año 1834, España tenía 14.186.000 habitantes.

Este aumento general de la población española se debe a tres factores:

• Al progresivo aumento de la natalidad.
• Al descenso de la mortalidad.
• La disminución de la emigración al continente americano.

Donde se advierte un mayor crecimiento de la población es en las ciudades: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, que se consolidan durante este periodo como grandes centros urbanos.

Se inicia en esta época una remodelación urbana, que con los planes de ensanche pretende dar acogida a la avalancha migratoria, que busca asentarse en las ciudades.

Las causas de este crecimiento urbano son complejas, porque en el intervienen factores económicos, sociales y mentales. La emigración del campo a la ciudad fue un fenómeno que se inició durante el Antiguo Régimen, pero que se acentúa ahora porque muchos campesinos han empeorado su situación como consecuencia de las transformaciones que se han operado en el terreno de la propiedad agraria y buscan refugio en las ciudades.

La ciudad aparece ahora como el gran foco de cultura, de arte y, sobre todo, donde se concentran algunas industrias nacientes que ofrecen trabajo a una mano de obra barata, que es capaz de soportar condiciones de vida infrahumanas.

La ciudad se convierte en estos años en el símbolo del progreso y en la atracción para todos aquellos que quieran mejorar su situación al amparo de las múltiples oportunidades que ofrece. La revolución liberal había hecho desaparecer la tradicional sociedad estamental.

La nobleza continuaba teniendo ese halo de prestigio y ese atractivo como ideal de vida, que había sido características durante el Antiguo Régimen. Puede afirmarse que la nobleza supo capear con habilidad los embates de la crisis revolucionaria, conservando, no todo, una buena parte de su poder y de la influencia que habían detentado durante los tiempos pasados.

A pesar de las medidas liberales, la mayor parte de los nobles no sólo retuvieron todo su patrimonio, sino que pudieron aumentarlo con las oportunidades que le ofreció el proceso de desvinculación iniciado a finales del siglo XVIII.

El proceso de desamortización dio lugar también a la emergencia de una burguesía terrateniente que formaría, junto con la nobleza tradicional, la nueva aristocracia, que iba a mantener la primacía sobre el resto de la sociedad, porque a su poder económico añadiría también un considerable poder político.

Esta nueva aristocracia se vería apoyada en su acceso al poder político por las teorías doctrinarias. Como es difícil escoger a los mejores o a los más inteligentes, se adapta el módulo económico para determinar quienes tienen derecho a votar y quienes tienen derecho a ser elegidos. Es, pues, el dinero el que determina la bondad y la inteligencia de las personas.

El dinero no basta y el burgués enriquecido busca el ennoblecimiento que la Corona otorga sin grandes dificultades. Una simple consulta en cualquier guía heráldica nos muestra el gran número de títulos concedidos por Isabel II, en comparación con los que se concedieron en otras épocas de nuestra historia.

Características de los años de mediados del siglo XIX es la burguesía de negocios, que dedicaba sus afanes e inquietudes al mundo de la industria, del comercio y del movimiento de la riqueza en general. 

Es más activa y emprendedora que la burguesía terrateniente, aunque menos numerosa y su presencia se advierte sólo en las zonas periféricas del mar Cantábrico y en el Levante. Bilbao y Barcelona se convierten en las capitales que, con la introducción del maquinismo, el desarrollo de la industria y, en general, del mundo empresarial, concentran a lo más selecto de la burguesía.

En la España isabelina lo que destaca son las llamadas clases medias. Se trata de un sector social que adquiere personalidad precisamente en esta época y que siente un gran deseo de aparentar por encima de sus posibilidades reales. Quizá para evitar que se les confunda con los de abajo quieren marcar distancias y ésta es la única forma que tienen para ello.

El historiador José Luis Comellas distingue tres grupos principales: los intelectuales, los militares y los funcionarios. Entre los primeros cabe señalar a los profesionales, especialmente médicos y abogados. Los médicos de una mentalidad más radical, ya que su continuo contacto con las enfermedades y con las miserias humanas los lleva adoptar frecuentemente una postura de rebeldía y de contestación al orden existente.

Los abogados consiguen destacar en el panorama político, ya que la especialización en leyes se convierte en plataforma que facilita el acceso a los cargos oficiales.

Los periodistas que disfrutan de un poder que no siempre concuerda con el nivel económico, que les proporciona una escasa retribución, y a los profesores en todas sus categorías.

Los militares constituían un sector en el que cabe distinguir un estrato superior, formado por los generales y altos mandos; uno inferior, que era el de la tropa, y se nutría con gentes procedentes de las capas inferiores de la sociedad, y uno intermedio, que es el que contribuía a nutrir a estas clases medias de la sociedad española.

Los funcionarios, cuyo crecimiento se explica por la formación de una Estado que tiende a la centralización, a la burocratización y por la inclinación que sienten los españoles a buscar la seguridad que proporciona el vivir de los presupuestos oficiales.

En esta época la seguridad era muy relativa, ya que los cambios de gobierno significaban una remoción completa de los cuadros de la Administración. Esa inestabilidad en el trabajo, daba lugar, alternativamente, según el partido que estuviese en el poder, la figura del cesante.

La consecuencia de la desamortización afectó al campesinado modesto, que tuvo que aceptar las condiciones que le ofrecía el nuevo propietario de las antiguas tierras de la iglesia El número de jornaleros era de 2.300.000 a finales del año 1859.

Sus condiciones de vida eran miserables. No trabajaban más de doscientas jornadas al año, por un salario que oscilaba alrededor de seis reales al día, pagado a veces, la mitad en dinero, la otra mitad en especies. Desde el inicio del reinado de Isabel II, comienza a manifestarse de forma violenta un descontento que irá generalizándose en sucesivas etapas.

Estas tensiones desembocaron en la quema de cosechas, en la intensificación del bandolerismo y en la ocupación de fincas. Se creó la guardia civil en el año 1845, que supuso el intento de atajar los continuos desórdenes en las zonas rurales. Sin embargo, los levantamientos campesinos en Andalucía continuaron produciéndose de forma intermitente. La revolución del año 1854 tuvo un carácter eminentemente político en Andalucía.

La revuelta adquirió tintes dramáticos sociales en el año 1861 y tuvo especial incidencia en Loja, donde su principal dirigente, Rafael Pérez del Álamo, levantó una partida el veintiocho de junio, y se apoderó del pueblo de Iznájar, tratando de proclamar la República. Cuando se presentaron en Loja las fuerzas del gobierno, disolvió su ejército y huyó.

Se manifestaba ya de forma evidente la polarización de los enfrentamientos que se estaban dando en el campo andaluz entre los propietarios de la tierra y los desposeídos de ella. El problema de la tierra y las luchas sociales que éste originaba, serían el principal factor de inestabilidad, que presidiría el desarrollo del campo andaluz en lo sucesivo.

La situación del obrero en las ciudades no era mucho mejor que la del campesino. La desaparición del artesano y del régimen gremial que lo protegía, dio paso al sistema capitalista, en el que la fábrica sustituyó al viejo taller que no podía sobrevivir sin el apoyo corporativo.

El artesano tuvo que convertirse en trabajador asalariado en la gran factoría, a la que era imposible hacer competencia con la producción individual. Las condiciones de trabajo distaban mucho de satisfacer las necesidades de una familia, cuyos miembros en su totalidad tenían que trabajar para poder sufragar un mínimo de subsistencia.

El hacinamiento en los barrios periféricos, el desarraigo de una población emigrante procedente de las regiones más deprimidas y, en general, las precarias condiciones de vida, propiciaron los disturbios laborales que comenzaron a producirse por aquellos años.

La llegada al poder de los moderados acentuó las medidas represivas contra el asociacionismo obrero que, sin embargo, seguía organizando huelgas y movimientos de resistencia, como los de agosto del año 1844 en Barcelona, o el de marzo del año 1846 en Sabadell.

Se intensificó, a partir del año 1850, el movimiento asociacionista y fue entonces precisamente cuando empiezan a funcionar las sociedades obreras de apoyo mutuo. En marzo del año 1854, se produjo en Barcelona la primera huelga general, que intentó ser reprimida por el ejército, lo cual provocó luchas en las calles, barricadas, varios obreros muertos y muchos heridos.

El conflicto que amenazaba con extenderse a otras ciudades de Cataluña, terminó con el compromiso de las autoridades de legalizar las sociedades obreras y de proceder a la reglamentación de las condiciones de trabajo.

Se declaró una huelga general en toda Cataluña en el año 1855 y el movimiento obrero fue extendiéndose por otras zonas de España, como Béjar, Lugo, Valencia, Cádiz y Málaga. Las expectativas que los dirigentes sindicalistas habían puesto en un gobierno progresista se frustraron y eso explica las simpatías que desde entonces depositaron en los demócratas y en los republicanos.

LA REVOLUCIÓN DEL AÑO 1854

El predomino de los moderados en el poder finalizó en el año 1854. El golpe que acabó con el gobierno del conde de San Luis, presenta tres frentes distintos que confluyen en su propósito de provocar un cambio político:

• Un pronunciamiento de generales conservadores.
• Una oposición política por parte de los progresistas y de in sector del mismo moderantismo.
• Una revuelta popular que se traduce en la formación de Juntas locales y provinciales por todo el país.

El partido moderado se hallaba deshecho y desgastado, y alguno de sus miembros afines al sector puritano preparó con algunos destacados militares una acción para cambiar la línea política seguida por los llamados polacos y sustituirla por una de un liberalismo más sincero y abierto. 

Entre los políticos estaban Ríos Rosas, Fernández de los Ríos, el marqués de la Vega de Armijo y Cánovas del Castillo. Entre los militares, los generales O’Donnell, Dulce y Serrano. 

A estos hombres se debió la iniciativa revolucionaria, aunque en una segunda fase entraron a jugar elementos progresistas y populares, descontentos con la carestía que habían provocado las exportaciones de trigo a Inglaterra para compensar la desaparición de las exportaciones como consecuencia de la guerra de Crimea.

El veintiocho de junio del año 1854, el general Domingo Dulce se subleva. El Gobierno envió para someter a los sublevados al general Blaser y las dos fuerzas se enfrentan el treinta de junio en Vicálvaro. La Vicalvarada no produjo ni vencedores ni vencidos y por el momento parecía que los militares que se habían sublevado no tenían apoyo suficiente para alcanzar su propósito. El general O’Donnell, que se convirtió enseguida es la cabeza visible de los sublevados, no tenían nada en común con los progresistas, pero comprendió que sin su apoyo sería imposible el triunfo.

Se redactó el manifiesto del Manzanares por parte de Antonio Cánovas del Castillo, el siete de julio y el diecisiete tomó un nuevo impulso con el levantamiento de ciudades como Valladolid, Barcelona, Valencia y San Sebastián, donde se crearon juntas revolucionarias.

Isabel II asustada retiró su confianza al conde de San Luis. El propósito de los elementos conspiradores más moderados se habían cumplido, pero ello no evitó que en la capital estallasen serios disturbios, que se materializaron en el asalto al domicilio del recién destituido jefe de Gobierno. La revolución escapaba así del control de aquellos que la habían iniciado. 

Se formó un nuevo gobierno encabezado por el general Fernández de Córdova e integrado por hombres como Ríos Rosas, el duque de Rivas, Gómez de la Serna y Cantero, es decir, por progresistas respetables y por algunos moderados. 

Fernández de Córdova era un militar de talante especialmente conservador y sacó las tropas a la calle con la intención de reprimir rápidamente los brotes revolucionarios, cosa que no consiguió, puesto que a partir del día siguiente se formaron barricadas en las calles y se incrementó el número de paisanos armados que acudían al centro de Madrid.

El general San Miguel pactó con la reina Isabel II la aceptación de los principios progresistas y la formación de un nuevo gobierno presidido por el general Espartero que se encontraba en Logroño retirado de la política. Espartero había recuperado la popularidad y la noticia de que había sido llamado por la reina convirtió en júbilo la amenazadora actitud del pueblo sublevado.

Aquellas jornadas del julio del año 1854 no eran más que las consecuencias del peligroso juego político a que daba lugar el sistema de la Constitución del año 1845 y la propia actitud de la reina Isabel II. La corona era persisten en su deseo de mantener al partido moderado en el poder, y eso se conseguía mediante la manipulación de la voluntad popular expresada en unas elecciones que en realidad eran una farsa.

La única forma de conseguir el Gobierno, ya que no por la vía legal de las elecciones, era el golpe o la revolución y así fue como lo consiguieron en el año 1854. Eso no sería óbice, sin embargo, para que el progresismo tratase de utilizar desde el Gobierno exactamente los mismos procedimientos que sus opuestos políticos. Estos no contaban con una baza fundamental, cual era la confianza de Isabel II.

EL BIENIO PROGRESISTA Y LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ

Espartero impuso a la Corona, la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, ya que la revolución estaba por encima de la legalidad vigente, y la soberanía nacional era superior al trono. La reina aceptó su propuesta sin ningún género de restricciones.

El Gobierno que presidía Espartero tenía en la cartera de Guerra al general O’Donnell, los dos tenían por delante la tarea de desarmar la revolución, que seguía siendo dueña de la calle. Espartero propuso a la reina la convocatoria de las Cortes Constituyentes para el ocho de noviembre del año 1854 y que éstas estuviesen formadas solamente por el Congreso de los Diputados, para evitar el posible desacuerdo con el Senado.

De lo que se trataba era impedir la presión conservadora del Senado. El Gobierno propuso también la aplicación de la ley electoral del veinte de julio del año 1837, mediante la cual se otorgaba mayor extensión del sufragio y se hacía con ello más difícil su manipulación.

Otra medida del nuevo Gobierno fue la salida del país de la reina madre María Cristina, que había sido acusada por los revolucionarios de ser la culpable de los cabildeos palaciegos y de los escándalos que habían dado lugar a aquella situación política.

El proceso de elaboración fue largo, porque se redactaron primero las bases que dieron lugar a amplias discusiones que se reflejaron en los votos particulares.

El veintitrés de enero del año 1855, comenzaron esas discusiones y hasta un año más tarde no quedó concluido el dictamen para su aprobación definitiva. Uno de los puntos más conflictivos fue el de la soberanía nacional, auténtico caballo de batalla de las diferentes concepciones políticas de moderados y progresistas.

Estos querían que este principio quedase reflejado en el texto y no ya en los preámbulos sino dentro de su articulado, para que quedase así constancia de su esencialidad.

En lo que se refiere a los derechos individuales, el proyecto constituyente trataba de reforzarlos y garantizarlos, introduciendo algunas novedades con respecto a lo que se había proclamado en las leyes fundamentales anteriores, como era la abolición de la pena capital para los delitos políticos.

El problema religioso estalló también en las discusiones entre los partidarios de que en el texto se recogiese la unidad católica de España y los que pretendían introducir la libertad de culto. Al final se impuso una fórmula de transacción con la que estaban de acuerdo unos y otros.

Con respecto al poder legislativo, se mantenía el Senado, pero se hacía totalmente electivo, de tal forma que los integrantes de esta Cámara serían designados por el mismo procedimiento que los diputados al Congreso. Por otra parte, para tratar de evitar esa arma tan frecuentemente utilizada por la Corona en connivencia con el partido moderado, como era la disolución de las Cortes, propuso la eliminación de esta facultad.

Donde el proyecto de la Comisión dejaba ver más claramente su inclinación progresista era en las cuestiones referentes a los municipios, a la Milicia Nacional y a la institución del jurado. Respecto al primero, se dejaba bien claro que los Ayuntamientos serían elegidos por los vecinos, eso sí, siempre que pagasen contribución directa a los gastos del Estado, de la provincia o del distrito municipal.

En cuanto a la Milicia Nacional, se establecía su creación aun cuando se remitía a una ley posterior para su organización y el tipo de servicio que debería prestar. Lo mismo ocurría con el jurado cuyo funcionamiento quedaría regulado por leyes orgánicas u ordinarias.

El proyecto del año 1856, merece la consideración de un documento que plasmaba una situación dominada por los progresistas que aprovechan la ocasión para construir un marco político en el que su partido debía contar con todas las ventajas, lo cual estaba muy lejos de favorecer la convivencia política.

La Constitución finalmente no pudo ser aprobada, por eso fue conocida como la non nata, puesto que la crisis del año 1856, provocó la disolución de las Cortes, antes de que tomasen la decisión.

La ley Desamortizadora será promulgada el uno de mayo del año 1855, conocida con la Desamortización de Madoz. Esta ley supones el inicio de la última etapa del largo proceso que se había iniciado en el siglo XVIII.

También se le ha llamado desamortización civil, en realidad no sólo afectaba a este tipo sino también a bienes pertenecientes al clero, lo cual serviría para agravar las tensiones entre el Estado español y la Santa Sede, que se habían reavivado con motivo de la discusión a la libertad religiosa para elaborar el nuevo proyecto de Constitución.

Mientras que la venta de los bienes desamortizados en el año 1837 alcanzó la cifra de 3.500 millones de reales, los que se vendieron a raíz de la desamortización del año 1855 ascendieron a 5.700 millones de reales.

La ley aprobada a iniciativa de Madoz pretendía ser una revolución fundamental en la manera de ser de la nación española, el golpe dado al antiguo y deplorable régimen, y la forma y el resumen de la regeneración política de nuestra patria.

Se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes a manos muertas, que no lo habían sido en anteriores desamortizaciones, es decir, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros del clero, de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, de cofradías, obras pías y sanitarias, de propios y comunes de los pueblos, de beneficencia y de instrucción pública. De todos ellos destacaban por su importancia los que pertenecían a los municipios.

La finalidad de la ley Madoz era fundamentalmente la de obtener medios económicos para el Estado. Tampoco parece que en esta ocasión hubiera una preocupación por parte de los progresistas del acceso a la tierra de los desposeídos. Los bienes desamortizados pasarán a poder de aquellos que más pudiesen pagar por ellos.

Se utilizó también el procedimiento de subasta pública para su venta. Se introdujeron algunas mejoras técnicas en cuanto a la forma de pago, pues ésta sólo podría hacerse en metálico y en un plazo de quince años, con un descanso del 5% sobre los plazos adelantados. 

Estas condiciones se modificaron a partir del año 1856, admitiéndose en algunos casos títulos de Deuda para pagar la mitad del valor total de los bienes adquiridos, pero sólo al valor de la cotización del día anterior a la operación.

Podría hablarse de unas consecuencias sociales negativas, al arrebatarles a los pueblos los únicos medios de financiación que tenían en la mayor parte de los casos para mejorar la calidad de la vida de los vecinos y atender a los gastos de los servicios comunes, o bien al dejar a los habitantes más pobres sin la posibilidad siquiera de aprovechar esas tierras comunales para mantener su precaria subsistencia.

La desamortización de los bienes del clero incluidos en esta ley, planteaba de nuevo, a los cuatro años de la firma del Concordato, como serían las relaciones con la Santa Sede. Por este motivo la reina Isabel II se negó en un principio a sancionar la ley cuando se la presentaron en Aranjuez, donde se hallaban los generales Espartero y O`Donnell.

Los progresistas tenían poca capacidad para detentar el poder sin el concurso de Espartero. Los progresistas se dividieron:

• Los progresistas puros que se negaban a colaborar con un gobierno que mantenía O’Donnell como segundo de abordo.
• Los que tendían hacia el centro liberal por huir del radicalismo de los demócratas.

Las divergencias se acentuaron ante la actitud que tomó el Gobierno para reprimir algunas revueltas de carácter social que se produjeron en Barcelona, Zaragoza y Valencia, que más tarde se extendieron a Castilla, y que desembocaron en el incendio de fábricas de harina, barcas que servían para el transporte y en saqueos de casas y almacenes. Esta crisis de poder fue aprovechada por la reina para destituir a Espartero y nombra al general O’Donnell, jefe del gobierno, el catorce de julio del año 1856.

Era un auténtico golpe de Estado, ya que la maniobra iba en contra de la mayoría parlamentaria, pero era también el único final posible de este ocasional maridaje de los dos generales.

El general O`Donnell fue recibido en las Cortes con un voto de censura, mientras que en las calles se enfrentaban los milicianos con las tropas leales al Gobierno. El general Espartero se negó a ponerse al frente de la Milicia por temor a que el triunfo de la revolución provocase la caída del trono.

Con una mayoría hostil en las Cortes, O`Donnell optó por disolverlas, con lo que moría la Constitución aún no nacida y restableció la Constitución del año 1845, aunque añadiéndole un Acta adicional mediante la que introducía algunas medidas liberalizadoras, que fue aceptada por la reina.

O`Donnell, que había sido el autor y el principal protagonista de la revolución del año 1854, acababa ahora con ella. La reina ya no le necesitaba, puesto que estaba ya trazado el camino para la vuelta de los moderados.

Con motivo de su cumpleaños, el diez de octubre del año 1856, Isabel II dio una fiesta en palacio, en la que desairó al general O’Donnell, prestando toda su atención al general Narváez. Esto fue suficiente para que O`Donnell presentase su dimisión