La reforma de los Acuerdos Iglesia-Estado y un nuevo entendimiento basado en la laicidad del Estado y la mutua cooperación son los ejes de trabajo de la exministra de Educación, elegida por Pedro Sánchez para pilotar la relación con el Vaticano.
Isabel Celaá ya es, oficialmente, embajadora de España ante la Santa Sede. Esta mañana, la que fuera ministra de Educación y ‘madre’ de la reforma educativa que lleva su nombre y que ha sido duramente contestada por la Iglesia católica, presentaba sus credenciales diplomáticas ante el Papa Francisco.
El encuentro con el Papa, en un clima de cordialidad, según han explicado fuentes de la embajada, se desarrolló por espacio de media hora. Esta tarde, Celaá visita junto a su familia la basílica de San Pedro, en un tradicional acto que suele cerrar la acogida al embajador español. En esta ocasión, no obstante, la ausencia en Roma del secretario de Estado, Pietro Parolin, hará que la primera reunión ‘formal’ con el canciller vaticano tenga lugar más adelante.
Aunque hasta hoy no se ha oficializado el intercambio de papeles con el Papa, Isabel Celaá ya lleva algunas semanas en Roma, tras sustituir a su antecesora, María del Carmen de la Peña, quien había dirigido la delegación española desde 2018. Su último ‘encargo’ fue la preparación del encuentro entre el Papa y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Celaá ya participó en varios actos con motivo del Día de la Mujer en la embajada, y según fuentes diplomáticas, entra en Roma con el conocimiento suficiente como para comenzar a trabajar desde el principio. Católica practicante, su designación tiene un claro componente político y estratégico para el Gobierno de Sánchez, que quiere tener una interlocución directa tanto con el Vaticano como con la cúpula episcopal española.
Porque el momento es especialmente sensible. Como ya adelantara elDiario.es, por primera vez en décadas la Santa Sede estaría dispuesta a hablar de una revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, para actualizarlos a la realidad de la fe católica en España del siglo XXI y a la pluralidad existente en un país que ya no puede declararse única y exclusivamente católico. A su vez, el Gobierno tiene entre sus objetivos una revisión “consensuada” de los convenios con el Vaticano, que hunden sus raíces en el Concordato firmado durante el franquismo (1953) y que perpetuaron algunos de los privilegios fiscales, educativos y de representación.
Aunque Roma siempre ha delegado en los episcopados de cada país la negociación concreta de las relaciones Iglesia-Estado, en el caso de España, y de este pontificado, las vías de comunicación son múltiples. En este sentido, el papel de Isabel Celaá se comprende como el de ‘facilitadora’ de encuentros.
‘Facilitadora’ de encuentros
¿Cuáles son los puntos esenciales de la relación España-Iglesia católica? El más relevante, al menos para el Gobierno actual, está en el sistema fiscal y tributario de la Iglesia española que le permite, en primer lugar, estar exento de algunos impuestos (aunque la Conferencia Episcopal estima que disfruta de dichas exenciones gracias a la Ley de Fundaciones, y no al Concordato) y, singularmente, tener una casilla propia (en realidad, dos, si se suman las instituciones sociales propiedad de la Iglesia que, como Cáritas, también reciben dinero de la casilla de ‘Otros Fines’) en la Declaración de la Renta. Este año, solo en este concepto, la Conferencia Episcopal recibirá 295 millones de euros.
Un futuro sistema tributario y fiscal en el que también cabría la cuestión patrimonial. En este punto, los últimos avances en lo tocante a las inmatriculaciones permiten a ambas partes ser optimistas, pese a las acusaciones de la Conferencia Episcopal de “falta de lealtad” del Gobierno por filtrar a algunos medios el contenido del acuerdo sobre los bienes inmatriculados en virtud de la ley Aznar. También, y esto sí tocará a Isabel Celaá, la gestión de la ‘Obra Pía’, que es propietaria de numerosos inmuebles en Roma y cuyo futuro ya está siendo negociado entre Gobierno e Iglesia.
Por otro lado, y en consonancia con la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, España pretende subsanar algunos privilegios de la Iglesia en materia educativa (la reforma de la ‘ley Celaá’ en lo referente a la clase de Religión va en esa línea) y de presencia de lo católico en ámbitos hospitalarios, sociales o castrenses. La ‘anomalía’ de un Arzobispado Castrense en el que el obispo tiene rango de general de división es algo a negociar. El pago de sueldos públicos a capellanes castrenses o de hospitales también estará en la hipotética negociación.
Finalmente, el Ejecutivo pretende borrar cualquier vestigio de confesionalidad del Estado, más o menos encubierta, como ya hiciera en la promesa de los cargos públicos, a la que se podría sumar a patronazgos o la regulación de los ‘funerales de Estado’. Cuestión bien distinta sería la participación, a título personal, de alcaldes o miembros de corporaciones municipales en procesiones o votos de la Villa.
En lo concreto, el Gobierno también está preocupado por que la Iglesia no sea un problema a la hora de aplicar la Ley de Memoria Democrática. El futuro del Valle de los Caídos podría ser uno de los primeros retos en los que Celaá tendría un papel que desarrollar desde el Palacio de la Embajada, en plena Piazza Spagna de la Ciudad Eterna.
