El hecho de que el 65% de las declaraciones de la renta no tuviera la casilla de la Iglesia Católica marcada demuestra que la sociedad española es contraria de forma mayoritaria a financiar a un credo religioso
Un año más llega el periodo en el que la ciudadanía cumple con sus obligaciones tributarias, presentando ante Hacienda su declaración de la renta. Y un año más el portal Laicismo.org lanza la nueva campaña de Europa Laica sobre financiación de la Iglesia Católica a través del IRPF, así como da a la ciudadanía oportunas indicaciones para que sus impuestos no vayan a donde muchos declarantes jamás querrían que fueran: la Iglesia Católica. Lo hacen porque los impresos oficiales a cumplimentar no son lo suficientemente claros, casi como si buscaran una confusión que favorezca a esa institución religiosa de tan empresarial estructura y carácter. La clave es no marcar la casilla de la Iglesia Católica, pero tampoco la de fines de interés social, y esto es lo más importante porque mucha gente bienintencionada cree que esta última destinará lo recaudado a lo que su propio nombre indica, pero la realidad es que buena parte irá también a la empresa católica, que recibe así asignación a través de las dos casillas, lo que Europa Laica califica de «sutil y estudiada coartada para mantener esta forma de financiación de la iglesia católica».
Marcar la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de fines de interés social resta un 0,7 de ingresos a la Hacienda Pública. Porque ese porcentaje no lo paga de más el contribuyente que marca esas casillas, sino que sale del montante final, que es de todos. Europa Laica propone suprimir ambas casillas. Y mientras, marcar la casilla ‘Sin Asignación’ en aquellas comunidades autónomas cuyos impresos la incorporan, que no son todas, o en su caso la casilla ‘Fines gestionados por el sector público’. Europa Laica tiene razones obvias para rechazar la asignación a la Iglesia Católica, pues se oponen a financiar con fondos públicos «el culto, el clero y el proselitismo religioso», pero además consideran que esta clase de financiación vulnera principios constitucionales y recuerdan que la Iglesia se comprometió a su autofinanciación progresiva a través de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. También explican la interesada confusión a la que incita la casilla de fines de interés social.
La principal de estas razones es que esa asignación llega también de manera indirecta a la Iglesia Católica, algo que desconoce la mayoría de los contribuyentes: un tercio de la misma se destina a entidades de beneficencia y caridad vinculadas con la ella. Europa Laica rechaza el hecho de que no haya manera de que los contribuyentes conozcamos cuáles son las organizaciones sociales concretas a las que van destinadas sus asignaciones, algo que sí sucede cuando marcas la casilla de la Iglesia Católica. Reclaman además que esos fines no dependan de la voluntad de los contribuyentes, sino que se contemplen, dado que que son necesidades sociales, en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, rechazan que el espíritu solidario que impulsa a las personas que marcan la casilla de fines sociales se imponga al resto de la ciudadanía, puesto que el porcentaje resultante se restará de la hucha común.
La Iglesia Católica recibe más de 11.000 millones de euros anuales por parte del Estado español. De ellos, 250 millones de euros le llegan a través del IRPF. El hecho de que en 2016 el 65% de las declaraciones de la renta no tuviera marcada la casilla de la Iglesia Católica demuestra, sin embrago, que la sociedad española es contraria de forma mayoritaria a financiar a un credo religioso que debería sostenerse únicamente por el apoyo y la voluntad de sus creyentes, sin incurrir en una discriminación que vulnera principios de nuestra Constitución que señalan que ningún credo tendrá carácter estatal. Tampoco el católico.
El favoritismo del que goza la Iglesia Católica con el IRPF se añade a sus muchos otros privilegios económicos y fiscales. Por ejemplo, está exenta de pagar impuestos como el de sociedades, obras, patrimonio y, el más escandaloso, el IBI: dada la enorme cantidad de bienes inmobiliarios de los que la Iglesia es propietaria (muchos de esos porque los inmatricularon durante el franquismo), su IBI ascendería a unos 700 millones de euros, muy necesarios al Estado español. La Iglesia recibe más dinero de ese mismo Estado, así como de las comunidades autónomas: subvenciones directas e indirectas que van destinadas a fundaciones y ONGs religiosas; más de 5.000 millones de euros que se destinan a la enseñanza católica: colegios concertados y profesorado de religión católica; hospitales; convenios con el Ministerio de Educación para seminarios; funcionarios capellanes; mantenimiento de su patrimonio, etc..
La solución a todo ello es no marcar esas casillas en la declaración de la renta, exigir la no financiación pública de ninguna religión (tampoco la católica) y exigir la anulación de los Acuerdos concordatarios. Para que no sigan produciéndose estas injusticias. Algunas son tan llamativas como la obra en el ático de Rouco Valera, pero muchas otras pasan desapercibidas y se están produciendo constantemente a nuestro lado. No olvidemos que es una injusticia de naturaleza económico, pero también de carácter social, cultural y moral: se está favoreciendo a un grupo organizado que tolera la pederastia y la homofobia y fomenta la desigualdad de género. Si marcas en tu declaración de la la renta la casilla de la Iglesia católica, pero también la de fines sociales, estás pagando entrada al espectáculo de alguien como José Antonio Reig Pla, obispo de Añcalá de Nerass. En nuestra mano está decir que no.
