El 1 de enero de 2019 fue algo más que el inicio de otro año en Irlanda. Fue el día en el que el aborto pasó a estar despenalizado en las doce primeras semanas de gestación. Ocurrió en mayo, tras el apabullante éxito del ‘sí’ en referéndum a la derogación de la octava enmienda, que lo sancionaba hasta con penas de cárcel en todos los supuestos, en uno de los países de mayor tradición católica de Europa. El viernes 4 de enero, el ministro de Sanidad, Simon Harris, publicó el plan con todas las condiciones: en el plazo completo de las doce semanas se practicará en una serie de hospitales materno-infantiles –nueve en todo el país, situados en las grandes ciudades–, será legal el quirúrgico y el químico, y libre para mayores de 16 años.
También anunció que se establecerán “zonas seguras”, reguladas por una nueva ley para no retrasar la aplicación de la del aborto, alrededor de los centros sanitarios listados. Esta decisión se debe a la proliferación estos primeros días de protestas de grupos antiaborto. “No significa que la gente no pueda protestar, pero deben hacerlo donde no interfieran con quien esté accediendo a un servicio que es legal”, explicó Harris. Él, como el primer ministro, Leo Varadkar, ha condenado esas acciones. Lo ha hecho incluso el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, que expresó en la cadena RTÉ Radio que no era «muy partidario de las protestas públicas. Lo que la Iglesia debe hacer es ayudar de un modo firme a las mujeres en crisis y educar a la gente de un modo amplio sobre el asunto». En las pancartas de una de las concentraciones de Galway, por ejemplo, se podía leer el jueves pasado: «Los médicos de verdad no terminan con la vida de sus pacientes». La portaban en la puerta de la consulta de un cirujano.
Frente a ello, ciudadanos y organizaciones que hasta mayo fueron activistas ‘proelección’ se han agrupado entorno a #SiulLiom –’camina conmigo’ en irlandés–. Se trata de una campaña que presta apoyo y acompañamiento solidario a las mujeres que deban acudir a las clínicas y sientan miedo: “Esperamos disuadir a los grupos ‘contra-elección’ de sus hostigamientos demostrándoles que estamos listos para apoyarlas y protegerlas”. «Pedimos a la gente que se una a sus grupos regionales. Solo tienen que caminar al lado de alguien», manifiestan a eldiario.es desde la Plataforma Abortion Right Campaign.
Lo que detallan desde esa organización es que la situación podría haber sido prevista por el Gobierno: “En un mundo ideal, las ‘zonas seguras’ se hubiesen implementado antes del inicio de la ley. Ahora lo que necesitamos es paciencia, estamos trabajando en la logística con la que abordar todo”. Aclaran que las protestas de los grupos ‘contra-elección’ en realidad son minoritarias, pero muy ruidosas: “Que hayan estado en las puertas de las consultas supone una clara violación de la privacidad, tanto de las pacientes como de los profesionales. También hemos detectado otras tácticas, como líneas telefónicas o sitios web falsos que intentan manipular y confundir a las mujeres embarazadas”.
Límites de la ley
Los representantes de Abortion Right Campaign sentencian que ese acoso de los ‘anti-elección’ es «una consecuencia de la implantación de una legislación que no satisface plenamente las necesidades». Aunque toman la derogación de la octava enmienda como un éxito de “todas las activistas que lucharon por los derechos reproductivos durante décadas”, piensan que el aborto está lejos ahora mismo de ser realmente “libre, seguro, legal y accesible en todos los lugares”.
Entre los problemas que le encuentran está el periodo de espera “estigmatizante y no basado en ninguna evidencia” que es obligatorio para cada mujer que quiera abortar –mínimo tres días, hasta que les pueden dar el certificado oficial requerido–, y la vulnerabilidad ante la “objeción de conciencia”, a la que se acogen muchos médicos. También lo “increíblemente restringido” que el aborto está a partir de las 12 semanas. Pasado ese plazo solo es factible si la vida de la mujer corre peligro o el embarazo es totalmente inviable. Además, quien ayude a alguien a abortar “fuera de la ley” –por ejemplo, menores de 16 sin consentimiento paterno– se exponen a duras sanciones penales.
Añaden que hay centros «que interpretan la ley con demasiada cautela, reduciendo al máximo su disposición”. Por ejemplo, en uno de los hospitales de Dublín en los que se practican abortos se hará solo hasta las 11 semanas de gestación. Ese problema es mucho mayor a nivel rural: el grupo Tipp for Choice, que hizo campaña por ‘sí’ en el Condado de Tipperary, sabe que apenas unos pocos médicos de la zona proporcionarán la píldora para el aborto químico, eficiente hasta las 9 semanas de gestación. De la 9 a la 12, o posteriores si se da el caso, la mujer afectada tendría que viajar a las capitales. Pasa así en todos los condados. También en casi todos hay colectivos como el suyo.
“Estimamos que, en nuestra región, dos mujeres por semana requerirán un aborto. Esperamos que los pocos médicos de cabecera que hay puedan satisfacer la demanda”, aducen desde Tipp for Choice, compuesto por un conjunto de voluntarios. Se han reagrupado en la #SiulLiom, pero temen que poca gente les requiera “debido al estigma en la comunidad rural acerca del aborto. «Creemos que muchas mujeres, ante ese miedo y por privacidad, directamente preferirán viajar a las ciudades. Lo que nos preocupa es sobre todo poder atender a las que tienen más barreras, por lo menos para ayudarles con el transporte. Pensamos en chicas inmersas en relaciones abusivas, en las que tengan alguna discapacidad, o las que estén en prisiones”.
Próximo reto: educación sexual
Nerea Fernández es española y militante de IU exterior y del movimiento feminista. Vive en Dublín desde 2015, llegó justo antes de otro referéndum, el del matrimonio homosexual, finalmente también aprobado. “Fue tan chocante ya ver eso. Y fue entonces cuando me enteré de que las mujeres no podían abortar”, recuerda. En 2016 comenzó a participar en las marchas por los derechos reproductivos, y reivindica que fueron, además de las irlandesas, las migrantes las que crearon “redes feministas”: “Tenían muchos problemas, sobre todo, las mujeres de los ‘direct provissions’ –una especie de CIEs irlandeses–. No podían marcharse a Manchester, donde iba a abortar quien tenía dinero para permitírselo”.
Fue tras el caso de Savita Halappanavar, la joven embarazada que falleció por una sepsis en 2011 y a la que le denegaron el aborto, cuando las reivindicaciones cogieron fuerza. Pero Fernández relata cómo en Dublín en 2016 apenas eran unas 5.000 personas las que se juntaban regularmente, y cómo pasaron a ser decenas de miles en 2018. Ya durante todo ese proceso, como contrapeso, la campaña por el ‘no’ era “bastante agresiva. En el Rotunda Hospital –uno de los que ahora se practican abortos– colocaron fotos de fetos y bebés muertos”. El movimiento feminista, además de lograr el ‘sí’, también consiguió este año que el aborto sea finalmente gratis. La Sanidad no es universal en el país y en un principio se barajó que la intervención costase entre 300 y 400 euros.
Ahora, afirma Fernández, el objetivo del feminismo irlandés es lograr la educación sexual en las aulas: “La Iglesia tiene copados los colegios. Los adolescentes no saben cómo prevenir una ETS o un embarazo, cómo funcionan sus cuerpos. No se trata en las escuelas, en las que en muchas no puedes entrar si no estás bautizado”. También ponen todas el foco en Irlanda del Norte, donde todavía una mujer que interrumpe su embarazo se expone incluso a la cadena perpetua. Y en atar esos cabos sueltos que quedan en la ley. “Continuaremos presionando al gobierno”, dicen desde Tipp, “y trabajando para desestigmatizar el aborto y convertirlo en una parte más de la atención a la salud”.
