El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una moción para investigar “el deterioro de la situación de derechos humanos” en el país tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La muerte de Mahsa Amini ha puesto a Irán en el centro de atención mundial. El caso de la joven de 22 años, que falleció tras ser detenida por la ‘policía de la moral’ en Teherán por no llevar el velo de forma apropiada, desató una ola de protestas y manifestaciones que se ha saldado con más de 400 muertos desde septiembre, según la última estimación del grupo Iran Human Rights, que alerta de que la cifra continúa en aumento.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado este 24 de noviembre una moción para investigar “el deterioro de la situación de derechos humanos” en el país. La iniciativa, que abre la puerta a que una misión indague sobre la represión en las concentraciones masivas en la nación, ha salido adelante con 25 votos a favor, seis en contra y 16 abstenciones.
Así, la medida ha superado incluso la resistencia de China, que en la sesión de emergencia celebrada este jueves en el organismo presentó una enmienda que pretendía eliminar el párrafo principal de la moción, que determina una “misión internacional de investigación” para operar hasta principios de 2024.
El representante del gigante asiático, Jiang Yingfeng, abogó por la anulación argumentando que la propuesta era “abrumadoramente crítica” con Teherán y que “no ayudará a resolver el problema”. En respuesta, los enviados de los países que habían apoyado la solicitud, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, pidieron al organismo de 47 miembros rechazar el cambio. “(La enmienda) niega a los sobrevivientes, las familias y las víctimas, el derecho a que se registre su sufrimiento”, ha defendido ante el organismo el embajador británico Simon Manley.
“Una crisis de derechos humanos en toda regla”
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha hecho un llamado a las autoridades iraníes para que cesen el uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza contra los manifestantes. “Nos encontramos ante una crisis de derechos humanos en toda regla (…) La rendición de cuentas es un ingrediente clave de la búsqueda de Justicia por las violaciones de los derechos humanos”, ha insistido el funcionario, antes de explicar que ha solicitado autorización a las autoridades iraníes para visitar el país, pero que aún no ha recibido respuesta.
La muerte de Mahsa Amini ha sumergido a Irán en una ola de violencia que ha puesto en jaque al régimen iraní, que ha desplegado sus medios para intentar aplacar las voces en su contra.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre las 400 víctimas mortales registradas hasta el momento se encuentran al menos 50 niños. Además, los reportes apuntan a que unas seis personas han sido condenadas a muerte por su participación en las movilizaciones y alrededor de 1.400 personas, incluidos menores, han sido arrestados en el marco de las movilizaciones.
Entre tanto, el viceministro de Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani, ha confirmado este 24 de noviembre que en torno a 50 efectivos de las fuerzas de seguridad iraníes han muerto y cientos han resultado heridos.
La represión se ha extendido además a los ciudadanos extranjeros y periodistas que han informado sobre lo ocurrido en suelo iraní. El portavoz de Poder Judicial de Irán, Masud Setayeshí, ha informado de que dos periodistas que revelaron e impulsaron el caso de Mahsa Amini fueron detenidas por “delitos contra la seguridad nacional”: las reporteras Nilufar Hamedi, del periódico local Shargh, que dio a conocer la detención y posterior muerte de la joven, y Elahe Mohammadi, del periódico Ham Mihan, que cubrió su entierro posteriormente.
