Un grupo de relatores denuncia el creciente número de arrestos, ataques y desapariciones de personas del credo bahaí. Estos actos forman parte de una política contra las fes disidentes, aseguran. “Los Estados son responsables de prevenir y combatir la discriminación y violencia cometidas en nombre de la religión”, recuerda el titular de la ONU.
En la jornada de recordación de las víctimas de la violencia basada en la religión, dos relatores especiales y dos grupos de trabajo especializados en derechos humanos* instaron este lunes a las autoridades de Irán a detener la persecución y el acoso de las minorías religiosas y a dejar de valerse de la religión para limitar el goce de las garantías fundamentales.
Los expertos denunciaron específicamente el acoso a la minoría religiosa bahaí, una de las más perseguidas en Irán, cuyos fieles han sufrido cada vez más abusos este año.
“Estamos profundamente preocupados por las crecientes detenciones arbitrarias y, en ocasiones, las desapariciones forzadas de miembros del credo bahá’í, así como por la destrucción o confiscación de sus propiedades”, apuntaron en un comunicado conjunto.
Según los relatores, estos actos no han sido aislados sino que forman parte de una política más amplia para atacar cualquier creencia o práctica religiosa disidente, incluidos los conversos cristianos, los derviches gonabadíes y los ateos.
Las agresiones contra los bahaíes “presentan todas las características de una política de persecución sistemática”, aseguraron.
Encarcelamientos, allanamientos y demolición de viviendas
La información con la que cuentan los expertos indica que para abril de este año más de mil bahaís esperaban ser encarcelados, luego de sus arrestos y audiencias iniciales.
Además, los agentes de seguridad han allanado las viviendas de más de 35 bahaíes en varias ciudades y han arrestado a varias personas en todo el país durante julio y agosto. Estas arrestos incluyeron a tres exlíderes de la comunidad bahaí, Mahvash Sabet, Fariba Kamalabadi y Afif Naimi, quienes posteriormente fueron acusados de “gestionar la administración [bahaí] ilegal”, una imputación que implica condenas de hasta diez años de cárcel. Afif Naimi fue víctima de desaparición forzada durante más de un mes, hasta que se reveló su destino y paradero.
Este mes, las fuerzas de seguridad demolieron al menos ocho casas pertenecientes a familias bahaíes en la provincia de Mazandaran y confiscaron 20 hectáreas de sus tierras. Los que intentaron detener las operaciones fueron dispersados con gas pimienta y algunos fueron arrestados.
Cargos de espionaje
En lo que va de 2022, a más de 90 estudiantes bahaíes se les prohibió matricularse en las universidades del país. En agosto, el Ministerio de Inteligencia acusó a miembros de su comunidad de estar involucrados en espionaje, propagar enseñanzas del bahaísmo e infiltrarse en instituciones educativas.
“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio mientras las autoridades iraníes utilizan cargos de espionaje y de seguridad nacional demasiado amplios y vagos para silenciar a las minorías religiosas o a las personas con opiniones disidentes, sacarlos de sus hogares y forzarlos efectivamente a desplazarse internamente”, apuntaron los expertos, quienes expresaron a las autoridades iraníes su preocupación por los atropellos contra los bahá’í desde febrero de 2021.
En este contexto, pidieron la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por su afiliación religiosa y la rendición de cuentas por la persecución sistemática de las minorías religiosas por parte de las autoridades.
Delito de blasfemia
También manifestaron preocupación por las disposiciones del Código Penal que se usan para enjuiciar a personas por motivos de afiliación religiosa, alegando que expresaron opiniones consideradas críticas o despectivas hacia el Islam.
Los relatores han planteado en repetidas ocasiones su preocupación por la tipificación de la blasfemia como delito en el Código Penal, puesto que conlleva sentencias severas, entre ellas la cadena perpetua y la pena capital, en contravención de las leyes internacionales de derechos humanos.
Los expertos advirtieron que la intolerancia sancionada por el Estado fomenta el extremismo y la violencia, por lo que llamaron una vez más a las autoridades iraníes a despenalizar la blasfemia y a garantizar el derecho a las libertad de creencias, de opinión y de expresión sin discriminación.
Hacer más para apoyar a las víctimas
Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas rindió homenaje a las personas que perdieron la vida o que han sufrido por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias.
En el Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o en las Creencias, celebrado cada 22 de agosto, António Guterres lamentó que muchas personas y comunidades en el mundo sigan encarando intolerancia y agresiones por motivos de credo.
“El discurso de odio, ya sea en línea o en otros contextos, sigue alimentando la violencia contra los miembros vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas. Tenemos que hacer más para apoyar a las víctimas y examinar las condiciones que generan intolerancia y odio”, dijo Guterres.
El líder de la ONU recordó que las violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la religión o las creencias se deben investigar y castigar, y que es necesario ofrecer reparación efectiva a las víctimas, de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos.
“Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y combatir la discriminación y la violencia infligidas en nombre de la religión o las creencias mediante políticas integrales que promuevan la inclusión, la diversidad, la tolerancia y el diálogo interconfesional e intercultural”, acotó Guterres.
Jornada internacional
La Asamblea General de la ONU estableció el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias en una resolución que condena enérgicamente la violencia y los actos de terrorismo contra individuos, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base o en nombre de una religión o creencia.
En ese documento, los Estados miembros reafirmaron su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo y extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que se hayan cometido, independientemente de su motivación, y reiteraron que el terrorismo no puede ni debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico.
* Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.
Los relatores firmantes del comunicado son: Javaid Rehman, relator especial sobre los derechos humanos en Irán; Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias; Fernand de Varennes, relator especial sobre cuestiones de las minorías.
