Prepara una ley titulada «Contrarrestar a los estudiantes que rompen las normas».
El Parlamento iraní estudia prohibir la salida del país a los universitarios que participen en protestas, una medida destinada a tratar de controlar unas movilizaciones que han tenido como epicentro las universidades durante semanas.
Un panel de expertos del Parlamento prepara una ley titulada «Contrarrestar a los estudiantes que rompen las normas» que incluye la prohibición de salir del país durante una década o el pago completo del coste de los estudios como castigos a los estudiantes que participen en las protestas.
«Los insultos contra elementos sagrados serán una de las acciones que se considerarán como romper las normas», según recoge el diario Shargh.
Según este medio reformista, el proyecto ha sido apoyado por «un número de parlamentarios», aunque no específica cuántos del total de 290 diputados, y se someterá a votación pronto.
Irán vive una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.
Las protestas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes, sobre todo jóvenes, piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Las universidades han sido uno de los epicentros de las movilizaciones, con los estudiantes gritando «mujer vida, libertad» o «muerte al dictador», en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí.
Los estudiantes, hombres y mujeres, también han comido juntos en los espacios abiertos de varios centros universitarios para protestar por la política de segregación por sexo que impera en los comedores.
Por todo ello, las autoridades iraníes endurecieron la represión en las universidades con la expulsión de estudiantes de facultades y residencias, además de la detención de un número indeterminado de ellos.
Las fuerzas de seguridad están reprimiendo fuertemente las protestas, en las que han muerto al menos 342 personas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
Además, más de 15.000 personas han sido detenidas en las movilizaciones, de las que al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las mismas.
Hasta ahora, seis de los acusados han sido condenados a muerte.
