El objetivo del día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados
El día 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud en conmemoración al 2 de diciembre de 1949, fecha en la que la asamblea de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena.
El objetivo del día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso y el matrimonio forzado han aumentado considerablemente en los últimos cinco años.
A pesar de no estar definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona se encuentra y no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, engaño o abuso de poder.
A lo largo y ancho del planeta 28 millones de personas son víctimas en el aspecto «laboral», mientras que 22 millones lo son en lo que a matrimonio forzado u otras cuestiones a las que las personas se ven expuestas en contra de su voluntad se refiere.
El problema sigue la dirección de la mayoría de las brechas sociales, sino todas: las mujeres y los niños son los más vulnerables. Además de las mujeres y los niños, también las personas migrantes sufren métodos totalmente contrarios a la libertad. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en el presente Mundial de Qatar, donde han muerto más de 6.500 obreros construyendo estadios. La esclavitud no entiende de edades, religiones ni clase.
Evidentemente, las dificultades son más notorias en los países con niveles adquisitivos más bajos, pero la zona contrario del globo también sufre esta lacra. Un dato muy revelador es que más de la mitad de los trabajos forzados y una cuarta parte de la totalidad de matrimonios de la misma característica se encuentran en lugares de renta media-alta.
Los organismos oficiales no cesan en su lucha para erradicar esta lacra. Sin ir más lejos, las propias Naciones Unidas llevan en su programa la Convención Sobre los Derechos del Niño, que reconoce en su artículo 32 el derecho a este a estar protegido «contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación o ser peligroso, así como nocivo para la salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social».
Asimismo, la ONU cuenta también con un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
Los gobiernos también cuentan con un plan pensado para estos aspectos. El español, por ejemplo, dispone de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos hasta el año 2023.
Este martes 29 de noviembre, el Consejo de Ministros daba luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que busca luchar contra todo tipo de explotación, desde la sexual hasta la laboral, pasando por la mendicidad o el tráfico de órganos.
La aprobación de la ley no ha estado exenta de polémica por parte de los departamentos de Igualdad y Justicia, ya que el primero quería aprobar un proyecto centrado en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; mientras que el segundo consideraba que era necesaria una ley integral para todo tipo de trata.
El texto, que contempla cárcel para explotadores sexuales y derechos a las víctimas, llega más tarde de lo esperado sin uno de los reclamos de Podemos: que las víctimas de trata en situación administrativa irregular puedan obtener los papeles sin necesidad de interponer una denuncia previa.
