Si un alcalde se congratula porque una norma de factura franquista, que consagra privilegios a particulares incompatibles con una democracia, no resulte ya recurrible ante el Tribunal Constitucional por causa de la prescripción de la acción ejercitable, es que no se entera de nada. Si encima el mal uso de esa norma ha permitido a la Diócesis inmatricular bienes municipales inventariados o públicos, las alharacas alcalde suenan a insensatez y a irresponsabilidad. Se lo pido por favor, entérense todos de una vez: esta no es una cuestión ideológica ni religiosa. No debe ser identificada ni con la izquierda ni con la derecha; ni ser abanderada por nadie, salvo por los propios ciudadanos de Córdoba. Este solo es un asunto que compromete derechos públicos y afecta a la seguridad jurídica y a la justicia.
¿Saben ustedes que pese a los precedentes que concurren, ni este alcalde ni los anteriores se han ocupado de inmatricular nuestros monumentos más emblemáticos? ¿Saben ustedes que nuestro Cristo de los Faroles está esperando todavía para ser inmatriculado? ¿Se adelantará la Diócesis una vez más? Poco me importa ahora mismo si el artículo 206 de la Ley Hipotecaria es constitucional o no. Cierto es que concede prebendas a la Iglesia para inmatricular inmuebles que debían reservarse a las Administraciones Públicas. Pero es normal si se redactó en un momento en el que la Iglesia Católica era inseparable del mismo concepto de Estado. Menos sencillo resulta explicar el hecho de que gobiernos democráticos de UCD, PSOE o PP optaran por mantener vigente la norma y hasta por ampliar su alcance. Seguramente, además de por motivos electorales, tal vez lo hicieron con la seguridad que la Iglesia, dada su naturaleza y fines, usaría esos privilegios con medida, con responsabilidad y con transparencia. Y jamás en contra del interés público. Y ese justamente es el problema. No tanto que la norma sea constitucional o no. Sino el hecho de que la Diócesis de Córdoba en algunos casos no la ha cumplido. Y en otros ha vulnerado su espíritu, defraudando así la confianza del propio legislador y de todos los cordobeses –sin importar su credo– , abusando de su posición para, de forma alevosa y callada, intentar apropiarse de inmuebles que no son suyos. O de otros de propiedad dudosa –algo que no parece difícil dado el caos aparente del Inventario Municipal, del que nadie se hace responsable– pero tradicionalmente mantenidos y aseados con cargo al erario público, que la Diócesis ha inmatriculado con sigilo para adelantarse al propio Ayuntamiento y debilitar así cualquier recurso legal del municipio. ¿No hubiera sido más leal y más ético someter su posible titularidad y mejor derecho a un proceso público y transparente? Y ante todo esto, lo más importante: ¿quién defiende el legítimo interés y los derechos de los cordobeses? El alcalde Nieto y su gobierno es evidente que no. Caos.
* Concejal y diputado provincial
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