Justicia lleva a Transparencia a los tribunales para no desvelar los miles de bienes que los obispos han inscrito a su nombre
Iglesias, ermitas, catedrales, pero también plazas, casas parroquiales, frontones y cementerios. La Iglesia católica inscribió a su nombre en los registros de la propiedad decenas de miles de bienes inmuebles desde que en 1946 la ley hipotecaria permitiera inmatricular (registrar por primera vez) cualquier parcela o edificio sin presentar documentación que acreditara su propiedad, únicamente con la firma del obispo. Solo entre 1998 y 2015 la Iglesia inscribió más de 30.000 fincas, según el listado que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno en febrero de 2018. Su contenido permanece secreto. El Ministerio de Justicia ha recurrido la resolución del Consejo de Transparencia que dictaminaba que debía hacerlo público.
Ayuntamientos y particulares esperan que se haga público para comprobar qué bienes están incluidos e iniciar, si así lo consideran oportuno, pleitos para tratar de recuperar la propiedad. Los expertos creen que cuando las inmatriculaciones de la Iglesia salgan a la luz se va a producir una riada de demandas judiciales por toda España. En muchos municipios se desconoce si bienes que siempre habían pertenecido al pueblo sin estar a nombre de nadie han sido inmatriculados. El Gobierno anunció en 2018 que podría reclamar cerca de 3.000 bienes inscritos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, al considerar que se trata de “bienes de dominio público” y, por lo tanto, de falsas inmatriculaciones. Algunas inscripciones ya han provocado conflictos. A la más conocida, la de la Mezquita Catedral de Córdoba, se suman decenas de casos problemáticos. Estos son algunos ejemplos:
La plaza de los Santos Niños, en Alcalá
La escultura dedicada al quinto centenario del descubrimiento de América se instaló en 1986 y el alcalde asegura que el pavimento no se ha tocado desde los años sesenta. Rodríguez está convencido de que, en caso de llegar a los tribunales, ganaría. “Tenemos grabados y planimetrías de los siglos XVI y XVII de que allí había una plaza, la de la Picota. Cualquier plaza de esa época es pública. La otra mitad eran casas de los sacerdotes de la catedral y se vendieron en el siglo XIX. En 1898 el Ayuntamiento expropia esas casas y en los archivos históricos hemos encontrado los títulos”, explica. El obispado de Alcalá rehusó hacer comentarios.
La sinagoga de Toledo con nombre de virgen católica
Hoy Santa María la Blanca es un museo, pero la comunidad judía reclama a la Iglesia la devolución de lo que llama Sinagoga Mayor de Toledo, conocida también como la Jerusalén de los sefardíes. “Sería un gesto extraordinario que la Iglesia católica devolviese a sus antiguos y legítimos propietarios el templo”, dice Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Querub no reclama ni la propiedad ni los ingresos: “Ni existe comunidad judía en Toledo ni tenemos los medios para hacernos cargo de un monumento nacional como ese”, afirma. Busca una devolución “simbólica” sin “debates o pleitos”, y señala que se han producido reuniones con altos cargos de la jerarquía eclesiástica en los que ha habido “buena sintonía”.
Los desahucios en Navarra
Amaia Ekisoain, antigua alcaldesa de Lizoáin-Arriasgoiti, un valle navarro de 300 habitantes repartidos en 13 núcleos de población, recuerda perfectamente el 23 de octubre de 2017. Un juzgado de Aoiz había admitido la demanda de desahucio de la Iglesia navarra contra una familia que vivía en una antigua casa parroquial. Felicia Itoiz, de 87 años, tenía que entregar las llaves de la que fue su vivienda durante 36 años. Los vecinos se concentraron para protestar tras una pancarta en la que se leía: “De la inmatriculación, al desahucio”. El cerrajero enviado por el arzobispado para cambiar el bombín se negó a hacerlo y marchó del pueblo entre aplausos y cánticos de “El cerrajero sí irá al cielo”. Al día siguiente, aconsejada por su abogada, Itoiz entregó las llaves voluntariamente.
“El marido de Felicia era cartero y tenía obligación de vivir allí. Llegaron a un acuerdo con el arzobispado y les alquilaron la casa. Ellos la arreglaron; yo vi las facturas. Los hijos nacieron allí y su marido está enterrado en el pueblo”, recuerda Ekisoain. Al hacerse mayor, la mujer fue a vivir a Pamplona, pero uno de sus hijos, desempleado, seguía en la casa y ella pasaba allí muchas temporadas. Hasta que el arzobispado le comunicó que no le renovaba el alquiler porque quería remodelar la casa.
El juzgado dio la razón a la Iglesia, pero la sentencia, según contó Diario de Noticias, incluyó una frase en la que apelaba a la “caridad”: “Distinto de ello, es que puedan pesar otro tipo de consideraciones, si se quiere de caridad para con la señora Itoiz y en base a ello, el Arzobispado pueda reconsiderar su posición permitiendo permanecer en la vivienda a quien teniendo ya cierta edad considera que está en su casa de toda la vida”. Itoiz había pedido al obispo que le dejara morir en su casa. El arzobispado declinó comentar el caso.
Lo ocurrido en Lizoáin es un ejemplo “sangrante” de lo que ha sucedido en muchos otros pueblos navarros, asegura Carlos Armendáriz, responsable de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que recuerda al menos otros dos casos de desahucios de personas mayores de casas parroquiales que, en su opinión, fueron inmatriculadas irregularmente sin que los Ayuntamientos se dieran cuenta. Según la exalcaldesa de Lizoáin, la iglesia del pueblo se quemó y la antigua bodega comunal se cedió para construir una nueva y una casita anexa: la que fue hogar de Itoiz y su marido. Pese a tener muy claro que la casa era del pueblo, no cree que pueda reclamarse: “Las cosas hace años no se hacían como ahora, no quedaba registro de los bienes comunales”.
“Que se ponga una iglesia o una catedral a nombre de uno o de otro, bueno, pero echar a alguien con casi 90 años clama al cielo”, dice Armendáriz, que señala que hay pueblos navarros donde la Iglesia se ha inmatriculado hasta los frontones y zonas verdes. “Dice que sufre cuando alguien le saca a relucir el asunto”, dice sobre Itoiz, que, contactada a través de Armendáriz, se disculpó por no participar en este reportaje. Los arreglos urgentes que al parecer necesitaba la casita no lo eran tanto. Según la exalcaldesa, el inmueble sigue vacío y cerrado. “Estuvieron cobrando religiosamente, nunca mejor dicho, un alquiler, pero desde entonces pierden ese dinero. Nadie se explica ese desahucio”, añade.
Las tumbas para siempre en Cartagena que solo lo son a 50 años
“Fueron llamándoles a la casa parroquial con distintas excusas diciendo que había que actualizar los títulos, que eran de propiedad o a perpetuidad. Muchos no desconfiaron del cura y firmaron. Cuando llegó el nuevo título vieron que no tenía nada que ver: eran derechos de enterramiento limitados a 50 años”, añade. Los afectados ya tienen abogado e iniciarán acciones judiciales para que se respeten los títulos que firmaron y por los que la Iglesia cobró. Transacciones que van desde principios del siglo XX y hasta el 2007. Hay afectados que ya no los conservan porque, según relatan, el párroco los rompió cuando se los entregaron.
“Los padres de mi suegra compraron su parcela por 130.000 pesetas en 1950. Era mucho dinero y ellos eran trabajadores que por la noche iban con su capazo, su pico y su pala a hacer su propio panteón. Se les enterró allí con el convencimiento de que de allí no se iban a mover. No puede ser que en 50 años levanten una lápida, cojan los huesos y los metan vete a saber dónde”, dice González. Los casi 200 afectados han creado una asociación. “Mi familia pagó por ese derecho y firmó el cura del momento. Ya no es el valor económico, es tener a nuestros difuntos ahí, saber que van a estar a perpetuidad como pone en los títulos”, añade. El obispado de Cartagena no respondió a las peticiones de información de este diario.
San Juan de los Panetes, la única reversión conocida
El Estado determinó, en una resolución de diciembre pasado, que se trata de “un bien de titularidad de la Administración General del Estado” y recuperó la iglesia, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Ministerio de Cultura hace unos meses. Lo hizo a instancias del Ayuntamiento, entonces gobernado por Zaragoza en Común.
“Es cierto que nosotros inmatriculamos el complejo del que forma parte”, asegura un portavoz del arzobispado de Zaragoza, que sin embargo niega que hubiera ningún conflicto. “Tras nuestra propia investigación histórica en nuestros archivos nos dimos cuenta del error y nos pusimos en contacto con el Ministerio de Cultura para revertir la inmatriculación”. Sobre el hecho de que la inmatriculación ocurriera cuando aún no estaba permitido hacerlo con lugares de culto (fue una reforma de 1998 la que lo permitió), el portavoz asegura que “la Constitución está por encima de cualquier otra ley, y así lo entendieron los registradores”. “Otras confesiones podían inmatricular edificios de culto y la Iglesia católica no. Los registradores hacen ese razonamiento y después la Dirección General de Registros ha dicho que esas inmatriculaciones son correctas”, añade.
García, que representa en Aragón a la plataforma Recuperando, que denuncia lo que considera un expolio patrimonial, asegura que no se explica cómo el registrador dejó inmatricular un monumento que ya tenía propietario. “En sus archivos tenía que constar que había una titularidad pública”, dice. El Gobierno de Aragón cuantificó en 2.023 los bienes inmatriculados por la Iglesia en esta comunidad entre 1998 y 2015. “Pero no nos dice cuáles son ni dónde están. Es un listado inoperativo”, dice García, que denuncia la dificultad para comprobar qué bienes fueron inmatriculados. Pone el ejemplo de la catedral de Tarazona. “El registrador juega al despiste. Tenemos tres notas negativas pese a que le dimos varias denominaciones y es un sitio notorio, evidente. Dice que no le consta la catedral”, explica.