Ha sido como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces pero al revés. Como pueden atestiguar las decenas de personas que empezaron a investigar –en Nafarroa, por cierto– la trapisonda de las inmatriculaciones por el morro de la Iglesia, ya era precio de amigo el informe de Moncloa que reducía a 35.000 las propiedades afanadas en todo el Estado. Las asociaciones por la recuperación, que llevan años pateándose los registros y removiendo papeles, estiman que son por lo menos 100.000. Así que imaginen el escándalo que supone que el Gobierno español se vaya a conformar con la devolución de 965. Y todavía, con la Conferencia Episcopal levantando el mentón y dejando caer que incluso esos bienes son suyos pues los obtuvieron por decisiones judiciales. La prensa conservadora española acogió la noticia con recochineo. “2.500 errores de Moncloa en las inmatriculaciones”, titulaba La Razón. “Pedro Sánchez asume que el 97% de las propiedades reclamadas a la Conferencia Episcopal estaban bien registradas”, remataba ABC. Eso sí, luego aplaudían la buena disposición del Gobierno para aceptar que la Iglesia tenía razón.
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