Revista bimensual de los laicistas chilenos
Al aprobarse en el Senado la destitución el Ministro de Educación Harald Beyer se cerró simbólicamente una larga fase de concientización social, llevada a cabo principalmente por el movimiento estudiantil, que tuvo por fin internalizar en la ciudadanía la idea de que el lucro debe ser excluido de las prácticas de la institucionalidad educacional en Chile.
El rechazo al lucro es la expresión que sintetiza la convicción de un amplio sector de la sociedad chilena de que el objetivo de ganancia en la administración de los establecimientos educacionales constituye el factor de responsabilidad principal en la mantención de un sistema educacional ineficiente, segregador y reproductor de las diferencias sociales y culturales de origen en nuestra sociedad.
De este modo, en la batalla de las ideas el rechazo al lucro adquirió un posicionamiento del que difícilmente será desplazado, y constituirá un referente para valorar la legitimidad de futuras propuestas globales en el ámbito educativo. Esta victoria ideológica debería obligar, más temprano que tarde, a reestructurar desde sus cimientos el sistema educacional chileno. Corresponderá a la ciudadanía y a sus instancias políticas hacer esta definición.
En el pasado reciente, el lucro en la educación ha sido la motivación principal por la cual numerosos empresarios emprendieron la prestación de servicios educacionales financiados directa o indirectamente por el Estado. En muchos casos, sin una adecuada fiscalización, el servicio ha ido en desmedro de la calidad de la enseñanza y en beneficio de la maximización privada de la rentabilidad. En este contexto, numerosas entidades religiosas que históricamente proporcionaban enseñanza confesional privada, con o sin fines de lucro, ingresaron también al sistema con financiamiento estatal, con lo cual los subsidios del Estado contribuyeron a promover la confesionalidad religiosa en la formación de los educandos.
En la tarea de fundar una educación concebida como un derecho ciudadano, corresponderá levantar también el carácter laico de la educación. El derecho a la educación debe entenderse como la aspiración ciudadana a disponer en la formación de los educandos de una institucionalidad educacional que le permita formar su libertad y autonomía a través de una educación de calidad y no segregada. Esta formación requiere su fortalecimiento en la ciencia, la filosofía y las artes, independiente de toda tendenciosidad ideológica o religiosa.
Al menos, en lo básico debería establecerse que los dineros del Estado no podrán subsidiar directa ni indirectamente a entidades educacionales que, conforme a la libertad de enseñanza, inscriban cursos de adoctrinamiento ideológico o religioso en sus proyectos educacionales. Por cierto, la enseñanza pública, por definición, y a diferencia de lo que ocurre actualmente, debería abstenerse también de toda enseñanza doctrinaria.
Por ello, estimamos oportuno que, como resultado del rechazo al lucro, se agregue a la demanda social de educación gratuita y de calidad, que ésta sea enteramente laica.
Carlos Leiva Villagrán
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