El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos y ha instado al Legislativo y al Ejecutivo a que implementen cuanto antes las recomendaciones contenidas en el Informe porque “las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue”, ha asegurado.
Con el debate del Informe del Defensor del Pueblo en el Pleno del Congreso culmina el cumplimiento de la encomienda recibida por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022 -tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja- y transcurrido poco más de un año desde que se entregara dicho informe a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante su intervención en el Congreso, el Defensor del Pueblo ha recordado que el trabajo para llevar a cabo el Informe se desarrolló en tres ámbitos de actuación: una Comisión Asesora -compuesta por expertos en diversas disciplinas-, una Unidad de Atención a las Víctimas y un Foro de Asociaciones.
Los testimonios de las víctimas
También ha destacado que el Informe se nutre de los testimonios de las víctimas y “responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo: para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas”.
Así, ha señalado que a través de los testimonios recabados por la Unidad de Atención a las Víctimas se ha podido tener constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. De todas ellas, el Defensor ha señalado que 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%.
Según ha explicado Ángel Gabilondo, los testimonios recogidos “han hablado de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos”. Y ha subrayado que “se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia”
En su exposición, el Defensor del Pueblo se ha referido a la encuesta -encargada a GAD3 tras un proceso de licitación pública- “para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso”.
La encuesta contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española: 8.013 personas y revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. La encuesta concluye también que el0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso.
24 recomendaciones
El Defensor ha desgranado algunas de las 24 recomendaciones que contiene el Informe y que se dirigen “al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española”. Todas estas recomendaciones responden, en su opinión, a la necesidad de “dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio”.
El Defensor del Pueblo reclama, llegado este momento, coordinación y colaboración entre Iglesia y Estado para la implementación de las medidas. “Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos”.
Entre las recomendaciones se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020. La creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
El informe recomienda asimismo diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y, para prevenir hechos similares, que la Iglesia católica ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos. (Todas las recomendaciones, íntegras, pueden ser consultadas en el Parte VIII Capítulo 2 del Informe).
Tras considerar que “se ha roto el silencio, aunque para las víctimas resulte de una manera tardía”, Ángel Gabilondo ha achacado dicha ruptura, “al esfuerzo de las víctimas, a la contribución de los medios de comunicación, y a quienes desde distintos ámbitos han acompañado sus itinerarios de vida y sus reivindicaciones”.
Y ha remarcado que a romper ese silencio también contribuirá “lo que pueda aportar este trabajo elaborado por una institución pública y que debatimos hoy, y desde luego se deberá en gran parte a la respuesta de los miembros de las Cortes Generales”.
