Un año más nos encontramos puntualmente con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero.
1.- Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la Administración Pública la que debería ofrecer dicha información como corresponde, al ser la Ic la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 250,2 M€ – más de 41.000 millones de las antiguas pesetas-. ¿Por qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué obedece este privilegio?
2.- Debemos afirmar categóricamente que la subvención que recibe la Ic por este concepto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de otra forma. Si como dice la nota propagandística de la Corporación católica, el contribuyente que marca la “X” no tiene que “pagar más ni se le devuelve menos” ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? Los impuestos no “pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.
En segundo lugar, no ignoran los jerarcas católicos que el artículo II del Acuerdo concordatario sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a los obispos, sacerdotes, seminarios, congresos, parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.
3.- Una año más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático y de los recursos económicos que obtiene del Estado, en torno al 65% de l@s declarantes (el 65,24, en 2014, el 65,12, el año anterior) sigue sin señalar la casilla de la Iglesia, como viene siendo habitual en la última década. Y ese porcentaje pesa como una losa, independientemente de que haya subidas más o menos coyunturales de declaraciones o de cantidades asignadas.
4.- De la declaración del IRPF realizada en 2015, correspondiente a la renta de 2014, los dos únicos datos que se ofrecen( aparte de los datos por Comunidades Autónomas y la novedad de los datos por edad y sexo) son, el número total de declaraciones con “X” a favor de la Ic (7.291.771 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo (250.261.574 euros, más de 41mil millones de las antiguas pesetas), lo que lleva a subrayar de forma triunfalista que han aumentado las declaraciones “a su favor” en 23.174 y a superar los 250 M€ de ingresos por esta vía desde que comenzó la crisis. Esta última afirmación es, sencillamente, falsa: en la declaración realizada en 2009, correspondiente al IRPF de 2008, ambos años ya en plena crisis, se recaudaron 252,6 M€.
5.- Para enmascarar su estancamiento el episcopado resalta el incremento en el número de declaraciones, que representa un exiguo incremento del 0,003% respecto al año anterior. Oculta, sin embargo que las declaraciones totales se incrementaron en 138.610, de las cuales la Ic sólo consiguió el 16%, con lo que de hecho retrocedió porcentualmente (pasó del 34,88% de las declaraciones, en 2013, al 34,76% en 2014).
6.- Se señala, asimismo, triunfalmente en la propaganda episcopal el incremento en la recaudación, 2,7 M€ respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 1% respecto a lo recaudado el año anterior, pero omite que los ingresos por IRPF en 2014 se incrementaron en todo el Estado un 3,9%, lo que supone en realidad un evidente retroceso para la Iglesia católica. De todas formas, coyunturas aparte, las finanzas eclesiales percibirán 76,5 M€ más que hace 8 años (que recibió 173,7 M€). Por lo tanto, es indudable que al sistema de financiación de la Iglesia católica no le ha afectado la crisis.
7.- Un año más siembra confusión la propaganda episcopal, a propósito de la aplicación del dinero recibido por esta vía (IRPF). En la nota oficial que figura en la web de la Conferencia Episcopal se menciona, en relación con la subvención estatal correspondiente al IRPF, la “dimensión social sobresaliente”, como el “acompañamiento a miles de personas desasistidas” o el “servicio a la sociedad y al bien de cada uno de sus miembros”. Nada más lejos de la realidad.
Más del 80% de la cantidad enviada por el Estado se dirige a las diócesis y las tres cuartas partes de esta cantidad se emplea en pagar los sueldos y salarios del clero y otro 11% en gastos generales (burocracia y mantenimiento). Tan sólo se dedica a la “actividad pastoral” un exiguo 16 % de todo lo que se envió a las diócesis, incluyendo la financiación de 13TV, campañas contra el aborto o beatificaciones. Otras rúbricas importantes financiadas con esta subvención estatal de 250 M€ son la seguridad social de sacerdotes y obispos, el funcionamiento de la conferencia Episcopal o las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca. Por tanto, en contra de lo que afirma la nota propagandística de los obispos, las cantidades succionadas de los Presupuestos estatales no se dedican ni a actividades pastorales ni a obras sociales y benéficas, sino a gastos más pedestres.
Debe resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de las últimas Memorias de Actividades publicadas.
8.- Pero ésta no es la única financiación que recibe la Ic del Estado: anualmente se benefician de exenciones o bonificaciones tributarias por un importe estimado de 2.000 M€, los catequistas que imparten religión en las escuelas públicas nos cuestan 600 M€, los centros privados concertados se mantienen con una subvención de 4.300 M€, además de conciertos sanitarios, capellanes en instituciones públicas, mantenimiento del patrimonio religioso, y así hasta unos 11.000M€, es decir más del 1% del PIB español.
9.- Todo esto sucede ante la pasividad del poder político de turno, incapaz de fiscalizar las cuantiosas exenciones y subvenciones recibidas por la Iglesia. Está por ver que el Tribunal de Cuentas, tan eficiente en la fiscalización de las cantidades recibidas por partidos políticos o sindicatos, se atreva (más bien, reciba instrucciones de algún Gobierno de España) a fiscalizar las cuentas de la Iglesia católica porque, como algún miembro de dicho Tribunal advirtió, “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación”.
Enrique Ruiz del Rosal
Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica y de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
