Por primera vez, los obispos enviarán un paquete de leyes sociales con sello propio, para que sean tratadas por el Legislativo.
La Iglesia recurrirá al Congreso para que apruebe un paquete de leyes sociales con sello propio, tendientes a que el Bicentenario por la Revolución de Mayo, por celebrarse en 2010, encuentre a los argentinos en "una patria sin excluidos".
Los obispos apelarán por primera vez a esa vía legislativa para propiciarlas, pese a que el ámbito parlamentario suele ser esquivo a la prédica doctrinal de la Iglesia.
La iniciativa es de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, a cargo de coordinar el foro multisectorial que estudia los proyectos previa remisión.
Esta comisión está presidida por el laico Eduardo Serantes, con asesoramiento eclesiástico del obispo de la localidad bonaerense de San Isidro, Jorge Casaretto.
Aunque no descartan estar "remando contra corriente", fuentes de este organismo laico consideran que ahora "es el momento de hacer" reclamos en el Congreso.
Con ello se refieren a la recuperación del protagonismo por parte de ese poder del Estado, tras la votación por las retenciones agropecuarias, y a la reciente encuesta del CONICET que pone a la Iglesia -con casi el 60 por ciento- en la cúspide de la credibilidad institucional del país.
La primera iniciativa eclesiástica apunta a llevar a la práctica un programa de prevención de la drogadicción en niños y adolescentes, ante la carencia de políticas públicas para poner freno a la "tremenda plaga de la droga", advierten los obispos.
Ese primer paso legislativo puede derivar en un nuevo foco de tensión con el Gobierno, que impulsa una ley para despenalizar la tenencia para uso personal. Pese a que consideran que ese no es un debate "clave" en el marco de la compleja problemática de la adicción a drogas y alcohol, los obispos manifestaron más de una vez oposición a la idea impulsada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
El funcionario argumenta que la propuesta para derogar la ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes, independientemente de si es para consumo personal o tráfico, buscará beneficiar a los "perejiles" que son detenidos por consumir, mientras los narcotraficantes que "traen la basura" permanecen en libertad.
Pero desde la Iglesia no coinciden con el ministro, al considerar que la adicción "no es una cuestión privada" que deba tolerarse, por el contrario se trata de "flagelo" que -advirtieron especialistas religiosos- demanda poner mayor énfasis en el tratamiento de los consumidores, frenar el narco-negocio, y capturar a traficantes y productores.
El proyecto de ley fue consensuado por entidades empresarias, sindicales y religiosas que participan desde hace dos años del foro para la inclusión social. La semana próxima entregarán el proyecto en la Cámara de Diputados, aunque fuentes eclesiásticas precisaron que "todavía no hay una fecha y hora cierta" para hacerlo.
La iniciativa parlamentaria sobre prevención educativa de las adicciones no es la única, hay otras tres en estudio en el foro laico-religioso. Una tendiente a reducir el trabajo en negro, y dos para combatir la exclusión social de la niñez y la tercera edad.
