Los ataques con cuchillos y puñales a jóvenes estudiantes en la ciudad de Jahrom, al sur de Irán, así como el lanzamiento de piedras contra la residencia universitaria femenina ha hecho saltar de nuevo las alarmas tras la última oleada de agresiones en la calle contra mujeres que no iban vestidas de acuerdo con la normativa religiosa oficial.
Estos ataques obligaron a suspender las clases en esta Universidad de la provincia de Fars debido al clima de inseguridad creado tras descubrirse que uno de los atacantes era el hijo del comandante local de los Basijis, la unidad dependiente de los Pasdaranes (Guardianes de la Revolución) y que, por lo general, se encarga de supervisar en las calles iraníes el cumplimiento de la normativa coránica, tal y como ha informado últimamente la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán (CIDHI).
Pese a que las autoridades se han apresurado a descartar cualquier relación entre esta oleada de ataques con el denominado ‘Plan Virtud y anti-Vicio’, cada vez son más las voces que vinculan tanto estos apuñalamientos como la serie de agresiones con ácido a mujeres que no llevaban correctamente el hijab (pañuelo islámico) con el ‘Plan para la protección de los Promotores de la Virtud y contra el Vicio’, una normativa legal ya aprobada por la Parlamento iraní y que está pendiente de los últimos trámites de ratificación para su puesta en marcha.
Uno de los apartados más polémicos de la nueva normativa estriba en el poder que se da a los responsables de las mezquitas para que formen unidades de voluntarios encargados de hacer que se respete la ley en lo que se refiere a la moralidad pública, algo que va dirigido de forma muy específica a la forma de vestir de las mujeres. Como ya se ha publicado en todo el mundo, durante los últimos años miles de mujeres iraníes han desafiado abiertamente la estricta normativa religiosa sobre la indumentaria femenina llegando, incluso, a colgar en internet cientos de fotografías sin el pañuelo que obligatoriamente debe cubrir todo el pelo de la cabeza.
Teniendo en cuenta que ya existen varios organismos y cuerpos policiales encargados de que se respete la actual legislación en estos aspectos, incluida una policía femenina específicamente dedicada a preservar la moralidad pública, no cabe duda de que este ‘Plan Virtud y anti-Vicio’ pretende endurecer la represión en las calle contra la mujer con el objetivo de frenar los avances ya conseguidos sobre todo por las jóvenes en las grandes ciudades.
Precisamente, coincidiendo con la tramitación legal de la nueva normativa, al menos siete mujeres fueron atacadas en Isfahan por hombres que les lanzaron ácido a la cara. En la mayor parte de los casos, se trataba de jóvenes que, en el momento de la agresión, estaban conduciendo. Aprovechando que tenían las ventanillas del coche bajadas, dos hombres en motocicleta les echaron el líquido corrosivo para desfigurar el rostro.
Todas tuvieron que ser hospitalizadas, seis de ellas en el centro clínico Feiz, falleciendo una de las mujeres a causa de las lesiones. Las fotografías de Soheila Jorkesh, que ha perdido la visión en un ojo y el 20 por ciento del otro, con el rostro vendado cubierto de cremas antiabrasivas provocaron una verdadera indignación social.
Miles de personas se manifestaron ante los juzgados de Isfahan, en la universidad de esta turística ciudad y en la de Qasvin, así como a las puertas del Parlamento iraní mientras se discutía la nueva ley.
El propio ministro de Sanidad, Hassan Ghazizadeh, ha reconocido la gravedad de estos hechos en su informe sobre La resolución de la violencia en la sociedad, tal y como ha publicado la prensa iraní el pasado 6 de diciembre.
Debido a las protestas, se ha introducido una enmienda prohibiendo que personas o grupos actúen por su cuenta para aplicar la ley aunque se ha mantenido la prerrogativa de las autoridades religiosas de organizar unidades de voluntarios para obligar a las mujeres a vestir de acuerdo con la moralidad islámica, tal y como la interpreta el régimen iraní.
También se vincula con este endurecimiento del régimen iraní el procesamiento de Ghoncheh Qavami, una joven que intentó entrar en un estadio para ver un partido de voleibol y que ahora está acusada de realizar propaganda ilegal a favor de la oposición iraní, así como el cierre de una treintena de cafeterías y salones de té en Teherán por suministrar consumiciones a mujeres que no iban vestidas de forma adecuada.
Numerosos abogados, intelectuales y activistas por los Derechos Humanos han pedido que la nueva normativa no sea puesta en marcha, entre ellas la conocida abogada Nasrin Sotoudeh. Por su parte, la también activista Nargess Mohammadi ha escrito al presidente “reformista” Hassan Ruhani pidiéndole que cumpla sus promesas electorales de hacer respetar los derechos de los ciudadanos.
