Como ya indicábamos antes del proceso de escolarización, es necesario no incluir ningún centro concertado confesional en el listado de centros solicitados para evitar que se derive la escolarización hacia ese tipo de centros, aunque su inclusión no fuese como preferentes. La simple inclusión le permite a la Administración realizar esta derivación, y se hace más difícil reclamar el centro público en base a la libertad de conciencia. En todo caso, es de aplaudir la denuncia de FLAMPA en defensa de la escuela pública y del respeto a la libertad de conciencia y la escuela laica.
La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA Gades) ha presentado esta mañana en la Delegación Territorial de Educación y dirigido a la delegada, Remedios Palma, un recurso de alzada que impugna lo acordado en la Comisión Territorial de Garantías de Admisión para el proceso de reubicación del alumnado que en primera instancia no consiguió plaza en los centros solicitados. “Entre otras irregularidades, no fueron convocadas desde el inicio del proceso ni la propia FLAMPA ni las AMPAs de todos los centros de la ciudad, miembros de pleno derecho tal y como establece el artículo 43 del Decreto 40/2011”, señalan desde la FLAMPA. Asimismo, la Federación entiende que “el criterio de proximidad a la vivienda o el puesto de trabajo de las y los progenitores empleado para reubicar al alumnado que no consiguió la plaza solicitada no es tan determinante para las familias a la hora de seleccionar centro educativo”.
Según la Federación “tener en cuenta solo la proximidad para reasignar nueva plaza podría vulnerar el derecho fundamental de la libertad religiosa, ya que en algunos casos no se han tenido en cuenta las preferencias por la escuela pública de las familias solicitantes, asignándosele centros vinculados a una confesión religiosa sin haber sido señalados sin embargo como preferentes en sus solicitudes”.
Recuerda la FLAMPA que antes del proceso de reubicación, la Delegación Territorial de Educación tomó la decisión de agrupar líneas de Infantil en tres centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Cádiz capital, lo que tiene dos consecuencias directas: a corto y medio plazo condiciona a la baja la escolarización en esos colegios y en la actualidad ha favorecido en segunda instancia la escolarización en los centros concertados al emplearse solo el criterio de proximidad a la vivienda o trabajo.
La Federación pretende con esta impugnación “denunciar que los mecanismos actualmente aplicados condenan a un horizonte muy incierto a la mayoría de los centros educativos públicos de la capital, abocados a su desaparición paulatina”. Además, manifiesta su preocupación “porque esta reducción de la oferta educativa pública pueda tener sobre el derecho de elección de las familias que buscan una educación laica para sus hijas e hijas, sólo garantizada por los colegios e institutos públicos”.
