Hace unos días, la Federación de Mujeres Universitarias de México difundió un comunicado en que exige se cumpla el derecho a la no discriminación y el respeto al Estado laico. Preocupadas por las manifestaciones recientes que buscan negar el derecho de las personas no heterosexuales al matrimonio civil, las universitarias señalan que pretender limitar los derechos ajenos y promover la discriminación viola la Constitución.
Estos señalamientos apuntan al meollo del problema. El Artículo 1° de nuestra Carta Magna prohíbe la discriminación por cualquier motivo, en particular para este caso, por preferencia sexual. De ahí que oponerse, como lo ha hecho el Frente Nacional por la Familia (FNF), a que las personas homosexuales ejerzan su derecho a casarse por lo civil (reconocido por la Suprema Corte con base en esta misma Constitución) sea una acción discriminatoria. Esta organización fomenta, además, la discriminación al estigmatizar a la población LGBTTTI y a quienes la apoyamos como personas “sin valores”, “sin moral” o “enfermas”. Peor aún, como dejan ver las declaraciones de algunas seguidoras, las consignas del FNF propician dos creencias falsas y antidemocráticas: que la ley puede ser excluyente y que la igualdad de género es “antinatural”.
Como si esto no bastara, el FNF también entregó al Congreso una iniciativa de ley “por la vida y la familia” para modificar el Artículo 4 constitucional. El nombre lo dice todo: no sólo pretende imponer como único legítimo el matrimonio heterosexual, sino inscribir en ese texto “la protección de la vida desde la concepción”, precepto de corte confesional, basado en creencias contrarias a las evidencias científicas.
De la congruencia o incoherencia ideológica de los “representantes” que apoyan esta iniciativa, nos ocuparemos después. Importa ahora insistir en lo que implica promover el odio, manipular la opinión pública con mentiras acerca de lo que significan el matrimonio civil igualitario y la educación sexual laica y científica, para, además, tratar de incidir en la legislación con propuestas de corte confesional, y con el apoyo del clero.
El discurso del odio es peligroso porque incita a estigmatizar, y hasta atacar, a la población LGBTTTI, de por sí discriminada y herida, y porque atenta contra el derecho a la igualdad y al sentido de justicia con igualdad. El ataque a la educación sexual en las escuelas, con base en mentiras como plantear que promueve el libertinaje o que fomentará el cambio de identidad de género en la infancia sería risible si no fuera porque hay quienes creen estos absurdos. La identidad de género no se cambia como un vestido: se vive y se define desde la estructura interna, psíquica y corporal de la persona. Se puede negar por represión social, pero no se “escoge” ni se adopta como una moda. Además, nada en los libros de texto incluye la promoción del ejercicio de la sexualidad temprana e irresponsable ni, menos, la práctica del travestismo en las escuelas. ¿A tal grado llega la ignorancia de los enemigos de la ciencia y el conocimiento o sólo actúan de mala fe? En vez de caer en el contrasentido de afirmar que los libros de texto tienen un enfoque “heterosexual” (¿y la perspectiva de género?), la SEP debería defender la importancia del conocimiento científico sobre la sexualidad y la diversidad.
Por otra parte, la prohibición de interferir con la legislación y la exigencia de “propiciar y garantizar el respeto integral de los derechos humanos” que la Ley de Asociaciones Religiosas impone a éstas son básicas para preservar la laicidad del Estado, que garantiza tanto la libertad de religión y creencias como la posibilidad de convivir en la pluralidad. La sistemática violación de esta ley por el clero, en púlpitos y calles, merece mucho más que la tibieza cómplice por la que ha optado la Segob. ¿No es su obligación asegurar el cumplimiento de las leyes?
Por fortuna, quienes creen en las libertades y la igualdad no se han paralizado: el Movimiento Laico Nacional permitirá articular voces y acciones en defensa de la laicidad.
Si alguien dudaba de las intenciones reaccionarias del Frente Nacional por la Familia (FNF) o de la intervención del clero en la política, la marcha del sábado 24 y las declaraciones del papa a favor de la defensa “de la familia y de la vida” de los obispos mexicanos corroboran la gravedad del ataque al Estado laico. Aunque no sorprende, es muy grave que el Vaticano respalde a un clero que, al pretender intervenir en la legislación mexicana, viola la ley y que, ajeno al supuesto respeto papal hacia la población LGBTTTI, fomenta el odio y la exclusión.
Más allá del consabido conservadurismo de la jerarquía católica, resulta alarmante en nuestro contexto la presencia de grupos neonazis y de sinarquistas, entre los supuestos “defensores de la familia”. Mientras que las consignas contra la “ideología de género” pueden atribuirse a la ignorancia o el adoctrinamiento, la presencia de seguidores de Hitler (con todo y saludo fascista en el Metro, como muestra una grabación) no puede minimizarse. Cabe esperar que ahora sí quienes deben defender el Estado de Derecho y la laicidad desde el Ejecutivo hagan su trabajo. ¿O acaso no importan ni las leyes ni la historia?
La pugna por el Estado laico, sin embargo, no se da sólo en las calles ni desde el Ejecutivo. El Congreso es hoy un actor clave: a él le corresponde aprobar la iniciativa sobre el matrimonio igualitario. Le corresponde también rechazar la que presentó el FNF, y adoptó el PES, para inscribir en la Constitución creencias confesionales sobre la vida y el matrimonio. Si nuestros “representantes” se apegan a los artículos 40 y 130 constitucionales, el rumbo es claro. La política, no obstante, está hecha también de intereses particulares, oportunismo y prejuicios, y ya los partidos han demostrado su incongruencia o estrechez de miras en años recientes.
Por sólo situarnos en el marco de la laicidad y la igualdad, recordemos las contrarreformas, impulsadas también por el clero, en reacción contra la despenalización del aborto en la CDMX. En 18 estados se dice proteger “la vida desde la fecundación/concepción”, con nefastas consecuencias, como la criminalización y encarcelamiento de mujeres, incluso por abortos espontáneos. En estas cruzadas locales no participó sólo el PAN: integrantes de todos los partidos incidieron con su voto en la conculcación de los derechos de las mujeres. Si bien el PRD o el PRI podrían argumentar, como se hizo en voz de Beatriz Paredes, que respetaban la libertad de voto de sus integrantes, ninguno de los dos señaló que apoyar esas reformas contravenía sus propios documentos partidistas, comprometidos entonces con la defensa del Estado laico, la igualdad o los derechos de la mujer.
Con el añadido del rechazo al matrimonio igualitario, la iniciativa del FNF, adoptada por el PES, va en el mismo sentido. No sorprende, desde luego, que diputados de este partido y del PAN la apoyen. El primero es una organización de fondo confesional, cuyo registro es por demás extraño en esta República laica. El segundo, que sigue mirando al siglo XIX y a la doctrina católica, se propuso en su programa de acción 2015-2018 incluir en la Constitución federal dicha “protección de la vida” (del cigoto, no de las mujeres). Quizá tampoco debería extrañarnos el apoyo de algunos diputados del PRI y PVEM, dos del PRD y una de Morena a este doble embate contra la igualdad y la libertad. El principio de laicidad se ha debilitado en documentos recientes del PRI, el PVEM es incoherente desde su nombre, en Morena parece restarse importancia a los derechos de las ¿“minorías”?, el PRD atraviesa una crisis de congruencia en más de un sentido. El respaldo de 48 diputados a esta iniciativa indigna y preocupa porque, además de incongruencia ideológica en algunos, denota gran desprecio a la Constitución y a la sociedad. ¿Acaso van a legislar para 12% de los católicos que coinciden con su jerarquía en estos temas?
El Congreso está obligado a cumplir con la Constitución. Preservar el Estado laico es garantizar el derecho a vivir en paz en una sociedad plural y diversa.
