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Igualdad quiere cambiar la ley del aborto para regular la objeción de conciencia

Irene Montero anuncia una reforma de la norma que eliminará los tres días de reflexión y la necesidad del permiso paterno para jóvenes de 16 y 17 años.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha avanzado este jueves que su ministerio se volcará en los próximos meses en las políticas de salud sexual y reproductiva. “La ley del aborto necesita una reforma”, ha dicho Montero, que considera “imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos” para garantizar que cualquier mujer pueda acudir “a un hospital público y cercano a su domicilio” para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. También que lo pueda hacer “eligiendo el método”. “El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres”, ha señalado.

“España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto”, considera Montero, que quiere trabajar en eliminar “las barreras que están impidiendo el acceso efectivo” de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La ministra ha anunciado sus planes de reformar la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva durante la inauguración este jueves de los conversatorios sobre salud sexual y reproductiva organizados por el Instituto de las Mujeres.

En este foro ha avanzado sus objetivos políticos, que aún deben quedar recogidos en una propuesta que el ministerio espera tener en el último trimestre de este año. La responsable del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillo, mantuvo una reunión con las comunidades autónomas en junio y ha organizado estas jornadas como punto de partida para elaborar esa propuesta.

A lo largo de 2019 se practicaron 99.149 abortos en España, 3.232 más que en 2018, según el último informe anual elaborado por el Ministerio de Sanidad. Solo el 6,20% del total se practicaron en hospitales públicos y otro 8,12 en centros especializados de la red pública. La mayoría se realizan en la red existente de clínicas privadas concertadas con la red pública. La mayor parte de los abortos, además, son tempranos: el 70,97% se realizan en las primeras ocho semanas de gestación y el 23,63%, entre la novena y la decimocuarta semana.

En vídeo, la ministra de Igualdad resume las reformas que propone en la ley del aborto este jueves.

La ministra también ha mostrado su intención de eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de proceder a una interrupción voluntaria del embarazo en esa futura reforma de la ley. Es una medida que respalda la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). “Tanto la evidencia científica como nuestra práctica sanitaria nos señalan que demorar esa decisión provoca un estrés y sufrimiento innecesarios en las mujers. Cuando acuden a los centros ya han tomado la decisión, no se justifica la necesidad de ese periodo de reflexión”, señala Francisca García, presidenta de Acai.

En esta modificación de la ley, Igualdad quiere que se garantice que las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y sus entornos serán lugares seguros para las mujeres y sanitarios, por lo que se penalizará el acoso que se realice en ellas. “Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres que deciden abortar. El acoso no solo se produce a las mujeres que acuden, también a las profesionales”, ha comentado la responsable de Igualdad. Quiere que cese el “acoso” ejercido “sobre todo por la extrema derecha” en esas clínicas. Más de 9.000 mujeres, según Acai, han sufrido algún tipo de acoso al acudir a estas clínicas desde que se aprobó la actual ley del aborto en 2010. Desde Acai, señala su presidenta, han hecho distintas propuestas en este sentido a Igualdad. Por un lado piden que se emule la ley francesa que penaliza a quienes tratan de evitar el acceso a la IVE tanto presencial como con informaciones “engañosas” en las redes sociales, señala Francisca García. Y mientras, le reclaman que apruebe vía decreto un cambio para que no puedan celebrarse “manifestaciones ni permitir el acceso a las mujeres” a menos de 50 metros de una clínica.

Montero ha recordado el “retroceso significativo” que hubo en la norma en 2015, cuando el Partido Popular introdujo la obligación de que las jóvenes de 16 a 18 años contaran con el consentimiento expreso de ambos progenitores para acceder al aborto. Su previsión es cambiar también ese requisito.

El equilibrio entre objetar y garantizar el acceso al aborto

La ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge que los profesionales sanitarios “directamente implicados” en una IVE tienen derecho a la objeción de conciencia “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas “. El rechazo, prosigue la ley, “es una decisión siempre individual” que debe manifestarse “anticipadamente y por escrito”. Y añade que si “excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado”. La realidad es que los centros concertados con la red pública no son la excepción, sino los que realizan más del 85% de los abortos. Y no es pública la información de cuántos médicos son objetores de conciencia respecto al aborto.

El presidente del Comité de Bioética de España, Federico De Montalvo, explica que Igualdad puede instar a que se modifique la regulación de la objeción de conciencia pero su propuesta de reforma de ley deberá volver a pasar por el Consejo de Ministros y después ser debatida en el parlamento. Y añade que existe “un problema de fondo”. El Tribunal Constitucional considera como un derecho fundamental la objeción “cuando deriva de un imperativo moral vinculado a la vida como son el aborto y la eutanasia”. Es decir, el Estado está obligado a garantizar que cualquier mujer pueda acceder a una IVE pero también que un médico pueda objetar. Montalvo añade que la única comunidad que tiene un registro de objetores es Navarra. El listado “acabó en los tribunales y el Constitucional señaló que se admitía el registro para garantizar la prestación pero añadió a su vez que ese registro no podía servir para discriminar a un médico”. Es decir, no se puede organizar una plantilla en función de los objetores, señala el presidente del comité de bioética, lo que puede dificultar que todos los hospitales dispongan de médicos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo.

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