Antonia Morillas, nueva directora del Instituto de las Mujeres, ha avanzado cuáles serán las prioridades de su mandato, entre ellas, revertir la prohibición de que las chicas de 16 y 17 años aborten sin consentimiento paterno y acabar con los desplazamientos entre provincias para interrumpir voluntariamente el embarazo.
Reformar la Ley del Aborto es el primer objetivo que se ha marcado en la agenda el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, en esta nueva etapa con Antonia Morillas al frente en sustitución de Beatriz Gimeno. Anunciada por Irene Montero hace unos meses, la norma, cuya modificación está en el acuerdo para el Gobierno de coalición, permitirá que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, y revertirá así el cambio que el PP impulsó en 2015. Pero además Igualdad prevé incorporar en la ley la violencia obstétrica, la que se da en el momento del parto, «como una forma de violencia contra las mujeres». Así lo ha explicado Morillas, responsable de feminismos en IU Andalucía, poco antes de tomar posesión del cargo.
Según ha señalado la nueva directora, la idea es que la norma incluya un título específico «en el que se aborden las violencias en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos», entre ellas, «el reconocimiento» de la obstétrica, ha añadido sin detallar qué implicaciones tendrá. «El primer paso es reconocerlo», ha dicho sobre un tipo de maltrato durante el parto que la OMS ha pedido reiteradamente a los países atajar. «Hay prácticas que son rutina como la episiotomía [incisión en el perineo] que no están siempre justificadas. La línea será avanzar hacia un parto que podamos decidir libremente».
También la norma, como ya había adelantado Igualdad, considerará a la gestación subrogada «como una forma de explotación reproductiva», una práctica que está prohibida en España pero a la que hay personas que acceden en otros países. Como primer paso, el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, va a empezar a trabajar en una iniciativa «para identificar a las agendas que hacen publicidad» de la gestación subrogada y que sirven de intermediarias entre los ciudadanos españoles y las clínicas en el exterior. «El objetivo es que esta forma de explotación reproductiva no esté legalizada de facto en nuestro país», según Morillas.
Fin de los desplazamientos para abortar
Estas y otras cuestiones forman parte de la agenda de protección de los derechos sexuales y reproductivos que se ha marcado el Instituto de las Mujeres, y que junto a la reforma de la Ley del Aborto se centrará en el desarrollo de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. En el marco de ambas legislaciones irán los cambios que quiere acometer Igualdad, y que «ya están empezándose a trabajar».
Entre ellos se encuentra también «garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de donde vivan las mujeres», que en hasta 12 provincias de España se enfrentan a la obligación de viajar si quieren abortar, como apunta esta información de elDiario.es. En otras tantas, además, solo se hacen un tipo de intervenciones, por ejemplo, únicamente las de menos de nueve semanas de gestación, y otras derivan a otros lugares las intervenciones de más de 14 o 22 semanas. Un «incumplimiento de la Ley del Aborto», según varias expertas, que en su artículo 19 reconoce «a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan».
De acuerdo con la directora del Instituto de las Mujeres, el primer paso será «trabajar en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva» e impulsar «en ese marco un espacio de encuentro con las comunidades autónomas» para «identificar cuál es la realidad en cada una y empezar a trabajarlo». El objetivo, ha remarcado, «es superar la desigualdad territorial» y «que no ocurran cosas como que una mujer tengan que trasladarse de provincia para abortar». La inexistencia de un mapeo y revisión pública al respecto y la opacidad de las instituciones dificulta enormemente conocer la cifra exacta de mujeres afectadas, pero una reciente investigación de L’ Associació drets sexuals i reproductius arrojó un mínimo de 6.407 cada año.
Asimismo el Instituto de las Mujeres se ha comprometido con «la protección» de las clínicas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo y las mujeres que acceden a ellas frente al acoso por parte de grupos ultracatólicos que llevan años sufriendo y denunciando. Recientemente el grupo socialista en el Congreso registró una proposición de ley en la que propone la modificación del Código Penal para castigar con penas de cárcel a quienes hostigan e interpelan a las mujeres y profesionales a las puertas de las clínicas, una de las reclamaciones de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). En otros países existen también las llamadas ‘zonas de seguridad’ alrededor de los centros, otra propuesta por la que varios partidos, entre ellos el PSOE y Unidas Podemos, se han mostrado favorables
