El gobierno de Nicaragua obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta y ordenó el cierre de 151 oenegés, en un endurecimiento del control sobre esas organizaciones sin precedentes desde las protestas de 2018.
«Deróguese» el punto de la «Ley de Concertación Tributaria» donde se eximía de esa obligación a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas, según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, firmada por el presidente Daniel Ortega.
Ahora deberán atenerse a impuestos de hasta el 30 por ciento de sus ingresos anuales, dependiendo del monto de estos a final del año fiscal (enero-diciembre).
Los cambios fiscales fueron introducidos en las reformas a las leyes de «Control de Organismos Sin Fines de Lucro» y a las de «Regulación de Agentes Extranjeros», que desde ahora obligarán a las oenegés a realizar sus proyectos de forma conjunta con instituciones del Estado.
El gobierno canceló también la inscripción de 151 organizaciones no gubernamentales, la mayoría cámaras de comercio internacionales y sectoriales, tres días después del cierre de 1.500 oenegés, en lo que la oposición en el exilio calificó de una arremetida contra la sociedad civil.
El pasado viernes, el gobierno de Ortega dictó una polémica normativa que obliga a las organizaciones no gubernamentales a trabajar únicamente en «alianzas de asociación» con entidades estatales.
Esa medida fue anunciada un día después de que Venezuela, un aliado de Managua, aprobara una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, «profundizará la persecución» de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
La experta en temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, dijo en X que el gobierno busca «ahogar financieramente a la iglesia para que caiga por su propio peso».
«Ahora toda iglesia independientemente de su denominación deberá pagar impuesto», agregó.
«Oscuro capítulo en la represión»
El cancelación masiva de oenegés «marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega», afirmó en X el excandidato presidencial Félix Maradiaga, en el exilio en Estados Unidos.
El pasado martes, la ONU calificó como «profundamente alarmante» el cierre de las 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas.
Este cierre masivo, sin precedentes en Nicaragua, eleva a más de 5.200 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, y ocurre tres días después del anuncio de nuevas normas que obligan a las ONG a trabajar en alianza con el Estado.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra la oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia católica apoyaron esas protestas, que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
