En los “próximos días”, la Corte Constitucional (CC) deberá emitir su dictamen sobre si la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acerca de la población Lgbti es vinculante para el Estado ecuatoriano o no.
No es claro cuando vence el plazo de 45 días que tiene la CC para resolver la consulta realizada por la Corte Provincial de Pichincha, después de que un juez de primera instancia negó la acción de protección presentada por la pareja de Efraín Soria y Javier Benalcázar. Los dos recibieron una negativa del Registro Civil cuando solicitaron casarse en 2018, por lo que plantearon el recurso.
Este Diario solicitó información a la Corte sobre el plazo, sin embargo, no hubo precisión. Desde el Departamento de Comunicación se informó que sería en los próximos días.
Debido a que el plazo se acorta, actores a favor y en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo se pronuncian sobre cuál, a su criterio, debería ser el camino para resolver el caso.
Una posición
Ayer, un grupo de miembros de las iglesias cristianas y del colectivo Vida y Familia entregaron 40.000 firmas, como símbolo de que un sector de la población no está de acuerdo con que se cambie la Constitución para incorporar el matrimonio igualitario sin una consulta popular. Hace tres semanas se entregó otro grupo de 17.000 rúbricas al Ejecutivo.
Santiago Fiallos, pastor de una iglesia, explicó que se busca dar un “respaldo a una posición legal y constitucional, porque el matrimonio reconocido en la Constitución es entre hombre y mujer”.
Lo mismo señaló el abogado Carlos Larco. Él, además, explicó que la resolución de la Corte es fundamental porque no se trata únicamente de la inclusión o no del matrimonio igualitario en la Constitución.
“Si admitimos que con una simple opinión de un organismo internacional se pueda reformar directamente la Constitución, significa que no hemos sido soberanos, que no nos podemos autogobernar y que la Constitución es algo que cualquiera en el exterior puede moldear, manosear, cambiar. Es gravísimo”, señaló.
Otra postura
Soria tiene un criterio opuesto. Él señaló que la Constitución estipula que los tratados internacionales están por sobre la Carta Magna y que la opinión consultiva tiene esa categoría. Por lo que la Corte debería resolver que el camino no es la consulta popular.
Según su cálculo, a finales de este mes terminaría el plazo que tiene la Corte, contando desde el 29 de marzo cuando se realizó una audiencia pública en la que los jueces recibieron a más de 38 personas para exponer sus argumentos sobre el tema.
Soria está “esperanzado que la Corte falle a favor de los derechos de la población Lgbti”. “No nos sorprende que las iglesias tengan una oposición. Pero consideramos que más allá de sus valores, Ecuador es un Estado laico y que hay instrumentos internacionales de los cuales el país es signatario”, explicó.
