En Hungría entró en vigor una ley que exige que los médicos hagan que las madres que quieren abortar escuchen el sonido de los latidos del corazón de su bebé antes de cualquier procedimiento.
La modificación de la ley de aborto entró en vigor el 15 de septiembre, tres días después de emitida la norma.
Con esta decisión, los médicos deben firmar un documento que verifique que las mujeres embarazadas recibieron “una indicación claramente identificable de los signos vitales del feto” antes de proceder con cualquier forma de aborto.
El decreto anunciado por el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se da cuando los líderes del país intentan reducir las tasas de aborto y mejorar la tasa de natalidad.
En un comunicado del 12 de septiembre, el Ministerio del Interior dijo que “casi dos tercios de los húngaros asocian el comienzo de la vida de un niño con el primer latido del corazón”.
También señaló que los equipos modernos pueden detectar los latidos del corazón al principio del embarazo, lo que puede proporcionar “información más completa para las mujeres embarazadas”.
Las mujeres en Hungría pueden acceder a un aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, aunque está permitido en cualquier momento si hay complicaciones graves para la salud.
También están obligadas a completar una sesión de asesoramiento, donde reciben consejería sobre adopción y servicios de maternidad disponibles.
En 2012, Hungría adoptó una nueva Constitución que establece que “un feto debe ser protegido desde la concepción”. Aunque no se llegó a prohibir el procedimiento, ese mismo año el gobierno húngaro prohibió el uso de la píldora abortiva del día siguiente.
La presidenta Katalin Novak dijo en un discurso reciente que apoyaría “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
La nueva ley parece ser la última de una iniciativa nacional para mejorar las tasas de natalidad.
El primer ministro Orban ha impulsado varias políticas profamilia desde que asumió el cargo en 2010, ofreciendo incentivos para mejorar la vida familiar, incluidos beneficios fiscales, asignaciones de vivienda, guarderías financiadas por el Estado, tres años de licencia parental remunerada, vacaciones subvencionadas y jardín de infancia gratuito.
